La bancada de diputados de la Democracia Cristiana decidió este martes no respaldar una eventual acusación constitucional en contra de la exministra de Seguridad Trinidad Steinert, pese a que uno de sus integrantes, Patricio Pinilla, había impulsado la iniciativa y confirmado que ya existía un borrador en preparación. La determinación se adoptó en el Congreso Nacional y fue comunicada por el propio parlamentario, quien justificó la decisión en razones de oportunidad y utilidad política, más que en la ausencia de méritos jurídicos.
Pinilla reconoció que, a diferencia de lo ocurrido en el caso del exministro Nicolás Grau, en esta ocasión existían más antecedentes jurídicos, incluida una infracción de ley corroborada por la Contraloría General de la República. Sin embargo, advirtió que la medida resultaba desproporcionada frente a una persona que ya fue sancionada por la comunidad y abandonada por el propio gobierno, por lo que consideró que la agenda ciudadana demanda priorizar otros temas.
EL ORIGEN DE LA PRESIÓN POLÍTICA
La discusión sobre una acusación constitucional contra Steinert surgió después de que la Contraloría General de la República estableciera que la otrora fiscal regional excedió sus atribuciones al solicitar información reservada sobre el traslado de funcionarios de la Policía de Investigaciones. Ese dictamen encendió las alertas en la oposición y motivó la organización de una comisión especial investigadora para indagar la gestión de Steinert al frente de la cartera de Seguridad.
La primera sesión de esa comisión estaba programada con la expectativa de contar con la asistencia de la exministra, cuyos descargos resultaban clave para evaluar la pertinencia de una acción constitucional. No obstante, la instancia tuvo que suspenderse luego de que Steinert se excusara por motivos personales, lo que impidió conocer su versión antes del plazo límite fijado para presentar la acusación, que vencía este miércoles.
Ese escenario dejó un margen extremadamente acotado para la oposición, que debía decidir entre avanzar con la acusación sin escuchar previamente a la exautoridad o desistir de la iniciativa. La urgencia del calendario terminó pesando en la determinación de la bancada DC.
LA POSTURA DE PINILLA
Patricio Pinilla, quien durante la jornada del lunes había asegurado que la redacción de un texto acusatorio ya estaba avanzada, dio un giro este martes al descartar de plano el apoyo de su bancada. En sus declaraciones, el diputado explicó que la decisión consideró tres elementos centrales: los antecedentes jurídicos, la oportunidad de la medida y su utilidad real.
Creemos que aquí había más antecedentes jurídicos que en el caso de Nicolás Grau, que había una infracción de ley que fue corroborada por la Contraloría General de la República, sostuvo Pinilla. Sin embargo, añadió que también debían ponderarse la oportunidad y la utilidad de la acción, dos factores que a su juicio jugaban en contra de promoverla.
El parlamentario fue enfático al señalar que hoy la agenda de la gente va por otro lado y que impulsar una acusación constitucional significaría distraer mucho tiempo y energía respecto de una persona que ya recibió una sentencia tanto de la comunidad como del gobierno, que la ha dejado completamente abandonada. Con ello, la bancada DC busca evitar un desgaste político que no se traduciría en resultados concretos.
UNA DECISIÓN POR PLAZOS
Pinilla reconoció que efectivamente existía un texto en preparación para acusar constitucionalmente a Steinert, pero aclaró que se trataba de un tema que requería conversación al interior de la oposición. El apremio del plazo fue determinante para tomar una decisión rápida y evitar que la iniciativa quedara empantanada sin posibilidades reales de prosperar.
Tuvimos que tomar esta decisión por el plazo que se nos venía encima y creemos que lo más correcto, expresó el diputado, quien agregó que la gente lo va a agradecer. En esa línea, subrayó que no van a gastar recursos, tiempo ni energía en una acusación constitucional cuya mitad de sus objetivos se logró hace bastante tiempo, esto es, que Steinert dejara el cargo.
Pese a desistir de la acusación, la bancada DC no abandonará la fiscalización de la exministra. Pinilla enfatizó que esperan continuar con la comisión especial investigadora para determinar, a través de esa instancia, si existió alguna otra acción que pudiera constituir un delito. Es decir, el foco se traslada desde la destitución política hacia la eventual responsabilidad penal, un camino que consideran más eficaz y menos costoso en términos institucionales.
EL FUTURO INMEDIATO
La decisión de la Democracia Cristiana deja a la acusación constitucional contra Steinert sin uno de sus apoyos clave en la oposición, lo que reduce significativamente las probabilidades de que la iniciativa prospere antes del vencimiento del plazo. La comisión investigadora, en tanto, se mantiene como el principal instrumento para seguir indagando la gestión de la exministra.
Con esta postura, la bancada DC busca marcar una diferencia respecto de otros sectores de la oposición y enviar una señal sobre su prioridad legislativa. Al mismo tiempo, pretende reforzar el estándar de probidad y respeto a las normas respecto de los ministros que actualmente integran el gobierno, según advirtió el propio Pinilla.
El caso deja en evidencia las complejidades políticas que rodean a las acusaciones constitucionales en Chile, un mecanismo que requiere no solo de fundamentos jurídicos sólidos, sino también de un cálculo cuidadoso de tiempos y apoyos. En esta oportunidad, la urgencia del calendario y la evaluación de costos terminaron inclinando la balanza hacia la abstención.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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