La Cámara de Diputados despachó a ley este miércoles el proyecto eléctrico bautizado como «Ordenemos las tarifas», una iniciativa del gobierno que evita un alza inmediata del 4% en las cuentas de electricidad a nivel nacional. Con 117 votos a favor, cuatro en contra y ocho abstenciones, la Sala dio luz verde a una tramitación exprés que duró apenas un mes desde su ingreso el 22 de junio. La norma busca resolver el atraso en la publicación del decreto Valor Agregado de Distribución (VAD) del período 2020-2024, que se postergó por la pandemia y el estallido social, y que sin esta solución legal habría significado un cobro extra para todos los hogares.
APROBACIÓN LEGISLATIVA
El proyecto fue ingresado por el Ejecutivo con carácter de urgencia. La ministra de Energía, Ximena Rincón, celebró el resultado y destacó que no solo se regularizó el pago de una deuda millonaria con las empresas distribuidoras, sino que se incorporaron mejoras solicitadas por parlamentarios de todos los sectores. Entre ellas, la ampliación de subsidios para el año 2027 y la posibilidad de decretar racionamientos en zonas con problemas energéticos, una facultad que hasta ahora estaba limitada por una normativa demasiado restrictiva.
La tramitación incluyó un trabajo prelegislativo que recogió planteamientos de diputados, senadores y actores del sector. Según la ministra, se precisó que cuando una empresa eléctrica falla y debe compensar, ese costo no se traslade a la tarifa de los consumidores. El resultado es un texto que, según el gobierno, ordena el sistema tarifario y entrega certezas a los usuarios.
DEUDA DE US$900 MILLONES
El proyecto aborda una deuda que los consumidores mantienen con las empresas distribuidoras de energía, estimada en unos US$900 millones. La fórmula acordada permite empezar a pagar ese monto a partir del año 2028, aprovechando una baja programada en las cuentas eléctricas que se producirá desde el 1 de enero de ese año.
Esa baja está vinculada a la disminución del cargo MPC, o Mecanismo de Protección al Cliente, creado en 2022 mediante la Ley 21.472 para saldar una deuda mayor de US$6 mil millones con las generadoras eléctricas, originada por el congelamiento tarifario. Durante el período 2024-2027, los consumidores pagaron $22 por kilowatt hora por ese concepto. A partir de 2028 y hasta 2035, el cargo baja a $9 por kilowatt hora. El proyecto aprobado limita esa reducción al sumar $5 adicionales, dejando el cobro final en $14 por kilowatt hora.
MECANISMO DE PAGO
La ministra Rincón explicó que la modalidad para pagar la deuda con las distribuidoras es la misma que se utilizó para sanear la deuda con las generadoras. Una institución financiera pagará el total adeudado a las distribuidoras de manera directa, y cada chileno irá devolviendo ese crédito mes a mes desde 2028 hasta 2035. Esto evita que el cobro se active de inmediato y permite distribuir el pago en un plazo de ocho años.
Además, la iniciativa habilita un proceso que por años careció de consenso político y sectorial: la negociación de contratos de suministro. La Comisión Nacional de Energía (CNE), con autorización previa del Ministerio de Energía, podrá negociar una sola vez los contratos con las empresas generadoras para obtener nuevos acuerdos que reduzcan las tarifas eléctricas.
VIGENCIA INMEDIATA
La ministra Rincón adelantó que a partir de la aprobación se trabajará en los reglamentos necesarios para que la norma entre en vigencia de inmediato. «No solamente hemos legislado el pagar la deuda, sino que lo hemos hecho recogiendo mejoras necesarias», afirmó. La ley busca evitar que el sistema tarifario continúe arrastrando desequilibrios que afectan tanto a los consumidores como a las empresas del sector.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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