El gobierno chileno vive un nuevo episodio de descoordinación interna, esta vez en materia jurídica. El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, ya había reconocido el día anterior que no fue informado de la decisión del Ejecutivo de presentar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para impugnar el artículo 31 de la norma que obliga a reconectar gratuitamente los servicios básicos de agua, electricidad y gas en las zonas afectadas por catástrofes.
La acción, ingresada durante el sábado sin aviso previo, lleva las firmas del Presidente José Antonio Kast y de los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz; de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot; de Energía, Ximena Rincón; y de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange. Alvarado, quien en los días previos se había manifestado en contra de este mecanismo, fue abordado nuevamente por la prensa esta jornada y entregó las declaraciones que se detallan a continuación.
LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL
El requerimiento apunta directamente contra el artículo 31 de la disposición que regula la reconexión gratuita de servicios esenciales en escenarios de emergencia. La norma obliga a las empresas de agua, electricidad y gas a restablecer el suministro sin costo para los usuarios en las zonas declaradas en catástrofe.
LA ADMISIÓN DE ALVARADO
Al ser consultado por los medios, Alvarado señaló: «Efectivamente yo no supe que se ingresó el día sábado y eso lo atribuyo a las diferentes acciones y actividades que tenemos en el gobierno». Luego agregó: «A alguien simplemente se le pasó tomar el teléfono y avisar que ingresamos el requerimiento».
La falta de aviso resultó especialmente llamativa porque el biministro se había mostrado contrario a la impugnación durante los días anteriores.
SIN NOMBRES NI RESPONSABLES
Consultado sobre a quién le correspondía informarle de la presentación del requerimiento, Alvarado dijo que no atribuiría nombres y señaló que los procedimientos internos, administrativos, jurídicos y legislativos están en manos del ministerio que lleva la tramitación del proyecto y de la secretaría respectiva.
Cuando se le preguntó si la descoordinación obedecía a una diferencia de fondo respecto del contenido de la impugnación, el biministro lo negó. «No, es una decisión del gobierno. Cuando se debaten y se discuten estos temas, cada uno de los ministros emite un juicio, emite una opinión. Mi opinión la dejo en el ámbito de las discusiones internas», afirmó.
Finalmente, al plantearle si existirán cambios tras esta descoordinación, Alvarado respondió: «El único cambio es reiterarle a los ministros cuál es mi número de teléfono».
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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