Alegatos de clausura en juicio por venta masiva de licencias médicas falsas
La Asociación Gremial de Isapres de Chile presentó sus alegatos de clausura en el juicio oral contra catorce acusados por la emisión y venta de licencias médicas falsas. La intervención, realizada el 3 de junio de 2026 en el Centro de Justicia de Santiago, buscó demostrar que los acusados operaban como una organización criminal estructurada para defraudar al sistema de salud público y privado.
Durante más de cien jornadas de juicio, el tribunal escuchó pruebas documentales, testimoniales y periciales que, según la querellante, acreditan un modus operandi sistemático: captación de pacientes mediante redes sociales, tarifas diferenciadas según días de reposo y afiliación a Fonasa o Isapres, y emisión de licencias sin atención médica real.
ESTRUCTURA Y MODUS OPERANDI
La organización, activa entre 2020 y 2022, estaba compuesta por médicos emisores, captadores de clientes y representantes legales que constituían sociedades médicas de fachada. La prueba incluyó interceptaciones telefónicas, testimonios de agentes reveladores que compraron licencias sin recibir consulta, y análisis de miles de documentos.
Se identificaron cuatro grupos delictivos principales: el vinculado a Samir Rivaldo y Jessica Donado, que operaba bajo las sociedades Dr. Mitite, Proimet y Servimed; el centro médico Prevenir, liderado por Lisny de la Oz; la red de Rodrigo Campos Cuello, quien creó diez sociedades sin formación médica; y Nelumbo, centro de salud mental gestionado por Ana Toncel y Karen Mejía.
PERJUICIO ECONÓMICO
El perjuicio total estimado supera los 40.000 millones de pesos, de los cuales más de 37.000 millones corresponden a Fonasa y 256.812.300 pesos a isapres. Los acusados con mayor emisión de licencias falsas fueron Samir Rivaldo (11.190 licencias), Jessica Donado (6.951) y Obed Urrea (9.283), quienes generaron pagos por subsidios de incapacidad laboral por miles de millones.
La querellante destacó que los médicos emitían diagnósticos de salud mental en el 76% al 83% de los casos, con consultas que duraban menos de diez minutos, lo que consideraron físicamente incompatible con un acto médico real.
ASOCIACIÓN ILÍCITA Y LAVADO DE ACTIVOS
Los alegatos sostienen que los acusados actuaron como una asociación ilícita con roles diferenciados: líderes que definían la estructura, médicos que ejecutaban la emisión fraudulenta y captadores que reclutaban compradores. La permanencia de la organización durante dos años y la coordinación entre sus miembros fue calificada como evidencia del concierto delictivo.
Además, se imputó lavado de activos por la inserción de los fondos ilícitos en el sistema bancario formal, mediante transferencias fraccionadas bajo los 100.000 pesos, compra de inmuebles y envío de remesas al extranjero. La prueba incluyó informes periciales que muestran un flujo de dinero incompatible con los ingresos declarados por los acusados.
Las defensas intentaron desestimar la acusación argumentando que los acusados no percibieron directamente los subsidios, pero la querella sostuvo que facilitaron los medios para el fraude, configurando el delito de fraude de subvenciones. Al respecto, el perjuicio económico total supera los 40.000 millones de pesos, de los cuales 37.000 millones corresponden a Fonasa y 256.812.300 pesos a isapres.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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