La alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, se refirió a la propuesta gubernamental de eliminar las contribuciones para personas mayores de 65 años, incluida en el Plan de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, y señaló que todos deben apretarse el cinturón. En declaraciones al programa de streaming Desde la Redacción, la jefa comunal señaló que todos deben apretarse el cinturón, como lo ha pedido el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, con una rebaja del 3% en el gasto público. La edil planteó que el impuesto territorial ha perdido legitimidad por su crecimiento sostenido y abogó por una revisión global del sistema, no parcial.
LA POSTURA DE MERINO SOBRE EL PROYECTO
Merino afirmó que las contribuciones son un tributo utilizado en más de 170 países y que su propósito es financiar servicios municipales, no programas que deberían ser cubiertos con impuestos generales. A su juicio, el problema no se resolverá únicamente con esta ley de reconstrucción. Propuso, en cambio, focalizar el beneficio según el valor de la vivienda o los ingresos del contribuyente, y establecer una hoja de ruta clara.
La alcaldesa destacó la disparidad en la aplicación del impuesto: en Vitacura, el 96% de las familias pagan contribuciones, mientras que en el resto de Chile solo un 23% lo hace. Esto, dijo, representa una carga excesiva para los vecinos de su comuna.
LAS REUNIONES CON EL MINISTERIO DE HACIENDA
Merino detalló los encuentros que ha mantenido con el ministro Jorge Quiroz. En una primera reunión, transparentaron las cifras y se alinearon en la estimación del impacto para Vitacura. Además, se les informó que el Fondo Común Municipal sería compensado.
La alcaldesa señaló haber planteado sus aprensiones: algunas personas quedarían insatisfechas al seguir pagando montos altos, y existía la opción de focalizar la medida para reducir la merma fiscal. Quiroz quedó estudiando la propuesta y se espera una retroalimentación durante la semana.
VISIÓN SOBRE EL CASO DEL EXALCALDE TORREALBA
Consultada por el juicio contra el exalcalde Raúl Torrealba, quien enfrenta una solicitud de condena de 28 años de cárcel por parte de la Fiscalía, Merino declaró que la municipalidad hoy es víctima. Explicó que inicialmente eran querellantes, pero fueron excluidos y ahora el Consejo de Defensa del Estado asume esa calidad.
Merino criticó la lentitud del proceso judicial, que se inició con denuncias en julio de 2021. Consideró que la justicia debe ser más oportuna, especialmente cuando los hechos imputados son los mismos desde el principio. Expresó su deseo de que el juicio avance sin más dilaciones y que la defensa no solicite reabrir la investigación, para que finalmente se dicte una sentencia que los vecinos demandan.
La alcaldesa cerró manifestando su esperanza de que el caso concluya pronto, después de cinco años de investigación.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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