La Contralora General de la República, Dorothy Pérez, pidió a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos corregir una glosa informativa del proyecto de Ley de Presupuestos 2027 que, a su juicio, compromete la autonomía constitucional del órgano contralor, y someter a revisión el artículo 50 de los artículos permanentes, que exime de control preventivo de legalidad a contratos de obra pública por debajo de ciertos montos. La exposición se produjo en la sesión del 2 de noviembre de 2026, transmitida por el canal de YouTube TV Senado Chile, y contó con la presencia del subcontralor Víctor Hugo Merino, de la jefa de la División de Administración Interna, Daniela Andriu, y del jefe del Departamento de Finanzas, Mauricio Rojas.
En la instancia intervinieron, entre otros, los senadores Jimena Órdenes y Alfonso De Urresti, y los diputados Priscila Castillo, Brito, Manouchehri, Bianchi y Gazmuri, además del ministro de Hacienda y el director de Presupuestos, quienes se reincorporaron al debate después de escuchar a la Contralora.
LA GLOSA SOBRE HORAS EXTRAORDINARIAS Y VIÁTICOS
El primer reparo apunta a la glosa 02 del capítulo de la Contraloría, que fija topes de gasto en horas extraordinarias y viáticos, y en convenios con personas naturales. La Contralora precisó que no objeta la atribución del Ejecutivo y del Congreso para determinar montos, sino el mecanismo de control que se incorpora: si los recursos para viáticos se agotan antes de que termine el año, situación que describió como frecuente hacia octubre o noviembre, el organismo tendría que solicitar a Hacienda, mediante un decreto de modificación presupuestaria, autorización para traspasar fondos que hasta ahora reasigna de manera autónoma.
Ilustró el efecto con las comisiones de servicio de los inspectores que fiscalizan aduanas, incluidas las ubicadas en Tarapacá, y sostuvo que hoy esos traslados suelen complementarse con dinero de horas extraordinarias, con lo que el personal deja de percibir ese concepto para priorizar las salidas a terreno. Añadió que la misma inquietud fue planteada por el Ministerio Público y el Servicio Electoral, porque se trata de una glosa de características semejantes en tres organismos autónomos.
ARTÍCULO 50 Y EL CONTROL PREVENTIVO DE OBRAS PÚBLICAS
El segundo punto se refiere al artículo 50 de los artículos permanentes del proyecto, que permitiría iniciar materialmente obras públicas adjudicadas por trato directo o licitación privada sin revisión previa de legalidad cuando el monto no exceda las 30.000 UTM, equivalentes a unos 2.164 millones de pesos, o las 75.000 UTM en licitaciones públicas, alrededor de 5.411 millones.
La Contralora señaló que el trámite de toma de razón tiene un plazo de quince días hábiles, prorrogable por otros quince, y que la Contraloría demora en promedio trece días hábiles en obras públicas, de modo que la premisa de una demora estructural no se verificaría en este caso. Explicó que en esa revisión se detectan infracciones a la planificación territorial y a la normativa urbanística, deficiencias críticas de diseño técnico —mencionó ductos y sistemas de climatización en hospitales—, falencias en títulos de dominio, incumplimientos ambientales, inhabilidades, insolvencia y conflictos de interés entre contratista y entidad licitante. Entre los riesgos que se evitan, mencionó construir con fondos públicos en zonas de inundación.
Anunció además que, a partir de 2027, la Contraloría publicará en su sitio web todos los actos administrativos relativos a obras públicas sometidos a su revisión, con información sobre plazos, observaciones, retiros y nuevos ingresos, de manera que la ciudadanía y el Congreso puedan seguir ese trámite.
LA RESPUESTA DEL EJECUTIVO
El ministro de Hacienda reconoció que coexisten dos intereses: el control presupuestario que corresponde a esa cartera y la autonomía de los organismos constitucionales, y afirmó que, tras conversar con la Contralora, se acordó reemplazar la glosa objetada. El director de Presupuestos leyó la indicación que elimina la glosa 02 del capítulo 01, programa 01, la que fue aprobada por unanimidad ad referéndum, a la espera de la firma del Ejecutivo. Sobre el artículo 50, indicó que el fondo se discutirá al tratar los artículos y que la finalidad de la norma es acelerar la inversión.
INTEROPERABILIDAD, CASINOS Y OTRAS MATERIAS
El director de Presupuestos explicó que el presupuesto de la Contraloría contempla un aumento relevante en sistemas de información y uso de inteligencia artificial, que los proyectos financiados son los solicitados por el propio organismo y que la vía acordada consiste en entregar los recursos requeridos y avanzar en la interoperabilidad de los sistemas de personal, de administración financiera del Estado y de administración presupuestaria.
El senador De Urresti impulsó una norma para cruzar información entre la Contraloría y la Superintendencia de Casinos respecto de funcionarios que administran o custodian fondos y deben rendir fianza, conforme a la Ley 19.995. Declarada inadmisible, el Ejecutivo aceptó patrocinarla, radicándola en el capítulo de Hacienda bajo esa superintendencia. El diputado Brito cuestionó la indicación 1435, sobre reportes mensuales de viajes de funcionarios del organismo, y la diputada Manouchehri sostuvo que la fórmula entrega al fiscalizado una llave para detener al auditor, por lo que pidió retirar las restricciones. El ítem se aprobó con 25 votos a favor, sin rechazos ni abstenciones, y la sesión se levantó.
En nuestra lectura, el episodio muestra que la discusión presupuestaria puede convertirse en el espacio donde se dirimen, en la práctica, los márgenes de actuación de los órganos de control. Parece prudente que ese debate quede documentado con la precisión técnica que aquí se exhibió, antes de que las glosas se resuelvan solo por aritmética de votos.
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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