La defensa de Pedro Lavín Villalobos volvió a tribunales. El exmilitar condenado a siete años de presidio por disparar con un fusil de guerra contra un manifestante durante el estallido social presentó un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago para intentar obtener su libertad condicional, beneficio que la Comisión de Libertad Condicional le negó nuevamente. La arremetida judicial reabrió, además, la discusión política sobre los indultos a uniformados condenados por hechos de 2019.
EL HECHO QUE MOTIVÓ LA CONDENA
Los hechos ocurrieron el 20 de octubre de 2019, en la comuna de Colina. El entonces cabo del Ejército disparó con su fusil de guerra contra Carlos Astudillo Ulloa en medio de las manifestaciones del estallido social. Según acreditó la justicia, el disparo impactó en una de las piernas de la víctima, quien cayó inconsciente y sufrió una fractura de fémur, además de lesiones en la arteria y vena femoral. El ataque le dejó secuelas permanentes.
El episodio quedó registrado en un video que se viralizó durante los primeros días de la crisis social y se convirtió en uno de los casos investigados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
LA CONDENA
En diciembre de 2022, el Tribunal Oral en lo Penal de Colina declaró culpable a Lavín por apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas y lo condenó a siete años de presidio efectivo. En septiembre de 2023, la Corte Suprema rechazó un recurso de nulidad presentado por su defensa, dejando firme la sentencia.
EL RECURSO DE AMPARO
Ahora el abogado Nicolás Oxman busca que la Corte de Apelaciones de Santiago revierta la decisión de la Comisión de Libertad Condicional, que nuevamente rechazó otorgar el beneficio al exmilitar. La defensa cuestiona que la solicitud fuera desestimada pese a los antecedentes de buena conducta y bajo riesgo de reincidencia que, según sostiene, presenta su representado.
Oxman argumentó que la resolución se fundamentó en la imposibilidad de continuar un tratamiento de contención psicológica, situación que atribuyó a la falta de programas disponibles por parte del propio Estado. «La comisión se lo negó simplemente por el hecho de que Pedro no tiene cómo continuar el tratamiento de contención psicológica», afirmó el abogado, quien sostuvo que existen otras alternativas de acompañamiento para quienes cumplen condena bajo libertad condicional. A juicio de la defensa, esa carencia no debería impedir que Lavín acceda al beneficio penitenciario.
En su recurso, la defensa pidió que se deje sin efecto la resolución de la Comisión y que se conceda directamente el beneficio. De manera subsidiaria, solicitó que se ordene una nueva evaluación de sus antecedentes penitenciarios. Por ahora, la acción judicial se encuentra pendiente de resolución en el tribunal de alzada capitalino.
LA PRESIÓN POLÍTICA
El caso reactivó el debate sobre los eventuales indultos a uniformados condenados por delitos cometidos durante el estallido social. La diputada del Partido Nacional Libertario y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, Gloria Naveillán, emplazó al presidente José Antonio Kast a cumplir su compromiso de campaña en esta materia.
«Nosotros estamos cansados de pedirle que cumpla con su promesa de campaña, que fue indultar a las personas que estaban privadas de libertad por casos y hechos del año 2019. Él no ha cumplido hasta ahora», cuestionó. El emplazamiento se produce en medio de las presiones de sectores del oficialismo que han insistido en revisar la situación de militares y policías encarcelados por su actuación durante las manifestaciones de 2019.
LA POSTURA DE LA OPOSICIÓN
Desde la oposición, las diputadas Lorena Fries, del Frente Amplio, y Lorena Pizarro, del Partido Comunista, expresaron reparos frente a la posibilidad de conceder beneficios penitenciarios a agentes del Estado condenados por graves vulneraciones a los derechos humanos.
Pizarro defendió el cumplimiento íntegro de las condenas y rechazó que quienes cometieron este tipo de delitos puedan abandonar anticipadamente la cárcel. «Agentes del Estado que cometen abusos, violaciones de derechos humanos, deben estar hasta el último día en la cárcel», sentenció. Fries, por su parte, apuntó a las exigencias legales que deben cumplir los condenados por este tipo de delitos: «En ese caso, siempre pueden tener beneficios, pero tienen requisitos más altos que los delincuentes de delitos comunes o de crímenes», señaló la exdirectora del INDH.
APLICABILIDAD PARA ABOGADOS
Para los litigantes, el caso se juega en dos planos simultáneos. Por un lado, la revisión que hará la Corte de Apelaciones de Santiago de la resolución de la Comisión de Libertad Condicional, con una petición principal de concesión directa del beneficio y otra subsidiaria de nueva evaluación. Por otro, un debate político sobre indultos y requisitos de acceso a beneficios penitenciarios que involucra a diputadas de distintos sectores y al propio Presidente de la República.
En nuestra lectura, el expediente muestra que la discusión sobre los beneficios penitenciarios de quienes fueron condenados por hechos de 2019 sigue sin un cauce único, y que las definiciones caso a caso conviven con un debate político que excede el expediente.
Fuente: biobiochile.cl
Documento original: https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2026/11/05/caso-pedro-lavin-exmilitar-busca-libertad-condicional-y-reabre-presion-a-kast-por-indultos.shtml
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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