La Comisión Mixta de Presupuestos abrió este lunes su primera jornada de discusión con una invitación excepcional: la contralora general de la República, Dorothy Pérez, expuso ante la instancia que preside el senador Javier Macaya (UDI), en medio de un reclamo por las restricciones y supervisiones presupuestarias que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, incluyó en la propuesta legislativa en trámite.
El roce venía escalando y este lunes tuvo su primera señal de distensión: la propia contralora reveló que el viernes conversó por teléfono con Quiroz, contacto que el jefe de las finanzas públicas confirmó minutos después ante los parlamentarios.
LA QUEJA QUE UNIÓ A TRES ORGANISMOS
La molestia no era aislada. El 15 de octubre la contralora participó de un almuerzo con el fiscal nacional, Ángel Valencia, y con la presidenta del Servicio Electoral, Pamela Figueroa, para trabajar de manera mancomunada su incomodidad con Quiroz por controles que, a juicio de esas autoridades, vulneraban la autonomía de instituciones fiscalizadoras e investigativas.
A eso se sumaron los reparos que Pérez formuló a la promulgación de la megarreforma de reactivación económica y de reconstrucción. La autoridad administrativa tomó finalmente razón del decreto promulgatorio con alcances y, según admiten en el Gobierno y en el Congreso, ese punto estuvo a un paso de terminar «con la sangre en el río». Aunque no escaló, algunos en el oficialismo advertían que pudo derivar en un conflicto mayor, con acusaciones constitucionales de por medio.
Días después, Hacienda presentó una indicación en la Ley de Presupuestos que imponía una nueva exigencia exclusivamente a la Contraloría: publicar en su sitio web los gastos de viáticos. La entidad respondió a través de los medios, advirtiendo que esa información ya era transparentada desde hace tiempo.
EL ARTÍCULO 50 Y LOS UMBRALES
El punto más concreto de la disputa está en el Artículo 50 del proyecto original, que pretendía eximir el control preventivo de la Contraloría sobre contratos de Obras Públicas cuando el trato directo o la licitación privada no superaran las 30 mil UTM, equivalentes a $2.164 millones, o cuando no se sobrepasaran las 75.000 UTM, esto es, $5.411 millones, en el caso de las licitaciones públicas.
Ante los parlamentarios, Pérez explicó que la autonomía financiera resulta clave para el ejercicio de la fiscalización. Ilustró con las aduanas, servicio dependiente de Hacienda, para mostrar que los fiscalizadores requieren dineros de viáticos y que «a medida que va pasando el año, esos recursos se van agotando para cualquiera de las fiscalizaciones que se realizan». Frente a ese escenario, la Contraloría solía solventar esos fondos con el ítem de horas extras.
Con la propuesta de Quiroz, en cambio, el organismo quedaba obligado a pedir autorización a la Dirección de Presupuestos para dar otro uso a dineros que «por tantas décadas la Contraloría los ha traspasado autónomamente».
«Hemos despachado varios oficios en distintos momentos, haciendo presente la necesidad de tener atención con la autonomía constitucional de los órganos autónomos, no solo de la Contraloría General», dijo Pérez, quien solidarizó además con la situación del Ministerio Público y del Servicio Electoral.
LA SALIDA OFRECIDA
Tras la conversación telefónica, el Gobierno se abrió a trabajar en indicaciones que devuelvan la autonomía financiera de la Contraloría, en especial para reasignar recursos destinados a viáticos y horas extras, y a estudiar un mecanismo que permita a la entidad fiscalizadora mantener un control preventivo sobre los contratos de Obras Públicas.
Quiroz ratificó esa apertura al usar la palabra. «Aquí hay un encuentro entre dos bienes. Un bien es el que buscamos con el Ministerio de Hacienda, que es el control de los recursos y no buscamos disminuir ninguna de las facultades de los entes autónomos», sostuvo, aunque recalcó que todos los servicios deben estar sujetos al control presupuestario. Y agregó: «Habiendo conversado con la contralora de este asunto, hemos determinado acceder al cambiar la glosa y sustituirla por una que satisface los planteamientos que hizo la contralora, pero dejando claro que tenemos siempre en mente, tal vez el día de mañana, ver cómo coincidir mejor estos dos objetivos».
LO QUE TODAVÍA NO ESTÁ ESCRITO
Pérez valoró dejar constancia del acercamiento, pero fue cuidadosa: «todavía no hemos visto un texto específico que recoja estas correcciones». Antes había advertido que concurrió al Congreso pese a que Hacienda hizo saber que introduciría ajustes, porque, según sus palabras, «la autonomía de los órganos autónomos constitucionales es relevante para nuestra democracia».
En nuestra lectura, el episodio deja a la vista algo más que una disputa por glosas: la forma en que el diseño presupuestario incide en el funcionamiento cotidiano de los organismos que fiscalizan al propio Ejecutivo. Parece razonable, entonces, seguir el detalle del texto que se acuerde, porque es ahí donde se juega la autonomía que ambas partes dicen resguardar.
Fuente: La Tercera
Documento original: https://www.latercera.com/politica/noticia/ministro-quiroz-y-contralora-perez-sellan-tregua-tras-roces-por-restricciones-presupuestarias/
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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