Diez familiares de las víctimas de “Los 5 del 87” volvieron a la carga para dejar sin efecto la rebaja de 19 meses que permitió al exagente de la CNI César Luis Acuña Luengo dar por cumplida la condena que arrastraba por cinco secuestros calificados. El recurso de amparo, presentado el 26 de octubre contra el Ministerio de Justicia, fue declarado inadmisible por la Corte de Apelaciones de Santiago. Este jueves los abogados Nelson Caucoto y Francisco Bustos pidieron reconsiderar esa resolución y, si el rechazo se mantiene, que la revise la Corte Suprema.
LA REBAJA QUE NADIE LES AVISÓ
Los recurrentes representan a familiares de Julio Muñoz Otárola, Julián Peña Maltés, Manuel Sepúlveda Sánchez y Gonzalo Fuenzalida Navarrete, cuatro de las cinco víctimas del caso. Entre ellos hay hermanas, una madre, viudas y un hijo. Su reproche central es que el Estado redujo la pena de uno de los responsables sin notificarles la postulación ni abrirles espacio para explicar cómo les afectaría una salida anticipada del condenado.
El origen de la controversia es un decreto firmado por Pablo Mira en su calidad de ministro de Justicia subrogante, según reveló un reportaje de BioBioChile publicado el 22 de octubre. Las familias, de acuerdo con el escrito, se enteraron del beneficio a través de la prensa.
Para los parientes, el cumplimiento íntegro de la condena forma parte de la reparación que todavía esperan. Los abogados lo sintetizan en el libelo: “Sus familiares y seres queridos continúan desaparecidos”. La familia de Julio Muñoz Otárola, en tanto, expresó su malestar mediante una declaración: “Esta determinación nos genera dolor, indignación y una legítima preocupación respecto de la justicia, la proporcionalidad de las penas y el respeto que merecen las víctimas y sus familias”. Y añadió: “La justicia no puede ser indiferente al dolor de las familias”.
LA HISTORIA DE LOS CINCO
La Corte Suprema condenó a Acuña en marzo de 2017 a diez años y un día por los secuestros calificados de Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola. El exagente también había sido condenado por el homicidio de Recaredo Valenzuela Pohorecky, en la Operación Albania.
Según reconstruyó el reportaje de BioBioChile, agentes de la CNI capturaron a las cinco personas en septiembre de 1987, en el marco de un eventual canje por el coronel Carlos Carreño, secuestrado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Fueron mantenidos clandestinamente en el cuartel Borgoño. El intercambio nunca se concretó: los cinco fueron trasladados en helicóptero desde Peldehue y arrojados al mar frente a Quintay, atados a durmientes. Sus restos siguen sin aparecer.
LOS CUESTIONAMIENTOS A LA REBAJA
Los abogados sostienen que una reducción de pena tratándose de crímenes de lesa humanidad debe ponderar las obligaciones internacionales del Estado. Mencionan, entre otros factores, la conciencia del delito y del daño causado, la conducta del condenado frente a sus crímenes y el impacto que una salida anticipada produce en las víctimas. De ahí su conclusión: esos efectos no podían evaluarse sin informar y escuchar a las familias.
También objetan que el decreto afirme que el Ministerio de Justicia no estaba habilitado para rechazar la rebaja por la gravedad del delito y el bien jurídico protegido. A su juicio, esa explicación deja fuera decisiones judiciales que han respaldado negativas de beneficios a condenados por crímenes contra la humanidad. Citan como ejemplo a Patricio González Cortez, Heraldo Velozo Gallegos y José Fuentes Pastene, condenados por los mismos cinco secuestros, quienes intentaron revertir el rechazo de sus rebajas y cuyos recursos fueron desestimados por la Suprema.
EL CAMINO PROCESAL
La Corte de Apelaciones de Santiago no entró al fondo. Declaró inadmisible el amparo porque consideró que los hechos denunciados no “afectaban la libertad personal ni la seguridad individual protegidas por esa acción”. No examinó si la rebaja fue legal ni si correspondía escuchar a las familias.
Frente a ese escenario, Caucoto y Bustos solicitaron revertir la decisión y, en caso de rechazo, que la Suprema la revise. La meta sigue siendo dejar sin efecto la rebaja y que Justicia deseche el beneficio. “La judicatura chilena tiene el deber de velar por que no se produzca impunidad y, por lo tanto, debe anularse, revertirse o dejarse sin efecto esta reducción de condena entregada de modo inmerecido al sentenciado por cinco desapariciones forzadas que constituyen crímenes de lesa humanidad”, dijo Bustos a BioBioChile.
Fuente: BioBioChile
Documento original: https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2026/10/29/familias-de-los-5-ultimos-desaparecidos-en-dictadura-buscan-anular-rebaja-a-exagente-cni-cesar-acuna.shtml
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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