El Ejecutivo reescribió el proyecto que regula las apuestas en línea y este martes comenzó a exponer las indicaciones en la comisión de Economía del Senado, en una jornada en que el subsecretario de Hacienda, Sebastián Vallebona, defendió el nuevo diseño ante los legisladores. El documento, de 114 páginas, retira todas las indicaciones que la administración anterior ingresó en septiembre de 2025 y fija como objetivo abandonar un mercado «desregulado y fuera de control», sustituyéndolo por una prohibición general de operar con licencias excepcionales sujetas a un «alto estándar regulatorio».
PUBLICIDAD CERO Y NUEVO ESQUEMA
La medida más visible es la prohibición de toda publicidad de las plataformas, tengan o no permiso para operar, punto que ya generó el rechazo de la industria. El texto también redefine cuánto pagarán los operadores, cómo se resguardará el dinero de los apostadores y quiénes deberán frenar los pagos a la oferta ilegal.
CARGA TRIBUTARIA DE 22%
En materia de impuestos, el Ejecutivo elimina el gravamen específico de 20% sobre los ingresos brutos del juego (GGR), junto con la tasa de 2% destinada al deporte y la de 1% para el juego responsable que contemplaba el proyecto. En su lugar, los operadores pagarán IVA de 19% sobre la diferencia mensual entre lo apostado y los premios entregados, más un impuesto adicional de 3% sobre esa misma base, con lo que la carga efectiva quedaría en 22%, según Hacienda, frente a un techo cercano a 38% en el diseño original. Se mantiene el gravamen anual de 1.000 UTM ($72.151.000 al valor de octubre de 2026) por cada licencia.
A juicio de la cartera, los descuentos en la base imponible del esquema anterior generaban una distorsión, porque las firmas más rentables terminaban pagando menos. Los recursos para el deporte y la prevención de la ludopatía, en tanto, dejarán de depender de los aportes de las plataformas, mecanismo que según Hacienda podría vulnerar la Constitución, y se financiarán vía Ley de Presupuestos, que durante tres años deberá asegurarles al menos 60.000 UTM ($4.329 millones, cerca de US$4,3 millones) adicionales por año.
DERECHO HABILITANTE EN LUGAR DEL 31%
Las indicaciones descartan el impuesto único y sustitutivo de 31% sobre los ingresos de los últimos 36 meses que se exigía a las empresas que operaron sin licencia para regularizarse. Hacienda advirtió que podía ser inconstitucional por su carácter retroactivo y que una carga tan alta fomentaría el mercado negro. En reemplazo, quienes busquen una licencia transitoria deberán pagar un «derecho habilitante» de 3.000 UTM ($216.453.000) y acreditar que saldaron, o que pactaron un convenio para saldar, todo el IVA digital devengado en ese período.
Con el pago total de ese tributo se extinguirán de pleno derecho las responsabilidades civiles, penales o administrativas por incumplimientos tributarios anteriores a la ley, respecto de las operaciones declaradas. La exclusión de quienes funcionaron sin permiso en los 12 meses previos regirá solo para las licencias definitivas. El permiso transitorio duraría seis meses, o hasta tres meses después de que la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) dicte los estándares técnicos, lo que ocurra más tarde, mientras las licencias definitivas tendrán cinco años de vigencia y exigirán, entre otros requisitos, una sociedad anónima cerrada constituida en Chile, un capital mínimo de 5.000 UTM y un dominio .cl.
SALDOS INEMBARGABLES Y JUEGO SEGURO POR DEFECTO
Los usuarios conservarán siempre la propiedad de sus saldos, que deberán depositarse en cuentas bancarias distintas de las del operador, de modo que serán inembargables y no ingresarán a la masa concursal si la empresa es liquidada. Los retiros deberán concretarse en un plazo máximo de 24 horas y sin comisiones; si la plataforma incumple, la SCJ podrá ordenar directamente a los bancos la devolución de los fondos. Las compañías tendrán prohibido otorgar créditos a los apostadores.
Las cuentas nacerán con una configuración de «juego seguro por defecto», con límites de abonos y de tiempo de conexión por sesión y por día. El usuario podrá endurecerlos de inmediato, pero para relajarlos deberá esperar al menos 72 horas, autenticarse nuevamente y confirmar la solicitud. Ante patrones de riesgo crítico, los sitios estarán obligados a imponer pausas forzadas, restringir depósitos o suspender temporalmente el acceso, y deberán mostrar en pantalla el saldo disponible, el tiempo jugado y los montos abonados. La autoexclusión, que en el proyecto original exigía un mínimo de seis meses, podrá pedirse desde un mes y se renovará automáticamente por periodos de un año.
FONDO CONTRA LA LUDOPATÍA
El nuevo Fondo de Prevención y Tratamiento de la Ludopatía dependerá del Ministerio de Salud y lo administrará un comité integrado por esa cartera, que lo presidirá, y por los ministerios de Desarrollo Social y Familia y de Hacienda. Financiará campañas de educación, programas de tratamiento y estudios sobre conductas adictivas, ejecutables por organismos públicos o privados elegidos por concurso, con exclusión de los operadores de plataformas y casinos, sus relacionados y las entidades que reciban financiamiento de ellos.
BLOQUEO DE PAGOS Y SITIOS
Para cortar el flujo de dinero hacia la oferta ilegal, la SCJ llevará una nómina de plataformas sin licencia vinculadas con Chile o con un volumen relevante de apuestas desde el país, y quienes intervengan en los pagos deberán rechazarlos, presumiéndose que conocían la ilegalidad del sitio. La Comisión para el Mercado Financiero definirá las entidades con capacidad efectiva de bloqueo, la Subtel fijará cómo los proveedores de internet impiden el acceso y redirigen a los usuarios a la web de la SCJ, y los bancos deberán rechazar transferencias desde cuentas o tarjetas de menores de edad, incluso hacia plataformas autorizadas. El Gobierno justificó esta combinación en la experiencia internacional, que a su juicio «no muestra casos exitosos de prohibición absoluta», y citó los casos de India y Japón.
NUEVOS DELITOS Y TRATO ESPECIAL PARA LA POLLA
En el plano penal se crea un estatuto único para el juego ilegal, presencial o en línea: explotar apuestas sin autorización se castigará con presidio menor en su grado medio a máximo y multas de 11 a 200 UTM, o del tanto al duplo de las ganancias si fueran mayores, con escalamiento hasta presidio mayor en su grado mínimo si se permitió jugar a menores. También se sancionará el amaño de resultados, incluido su mero ofrecimiento, y el uso o facilitación de identidades falsas. Estos delitos pasarán a ser base de lavado de activos y las plataformas quedarán como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero. El texto reserva, además, un trato especial para Polla Chilena de Beneficencia, que obtendrá por ley una licencia de ocho años sin cumplir los requisitos societarios exigidos al resto.
La comisión de Economía inició el análisis de las indicaciones. El proyecto, ingresado en marzo de 2022 durante el gobierno de Sebastián Piñera, fue despachado por la Cámara en diciembre de 2023 y aprobado en general por el Senado en agosto de 2025, y luego deberá pasar por la comisión de Hacienda.
En nuestra lectura, el giro hacia una prohibición publicitaria amplia con licencias excepcionales parece apostar por un control más estricto de un sector que el propio Ejecutivo describe como desregulado. Sería prudente observar cómo se compatibiliza ese estándar regulatorio con el trámite que aún resta en el Senado.
Fuente: Emol
Documento original: https://www.emol.com/noticias/Economia/2026/10/27/1215358/gobierno-indicaciones-apuestas.html
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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