La Contraloría General formuló un reparo por $93.269.654 al Instituto Nacional de Deportes tras concluir que pagó íntegramente una partida de pintura intumescente en el Centro de Entrenamiento Paralímpico del Estadio Nacional, pese a que solo el 36,6% de las superficies que debían recibir ese tratamiento contaba con el recubrimiento exigido. El Informe N° 321 de 2026, difundido este 27 de octubre, extiende además sus observaciones a la Junta Nacional de Jardines Infantiles y a la Dirección Regional de Arquitectura Metropolitana por deficiencias en materia de protección pasiva contra incendios en obras públicas.
EL CASO DEL CENTRO PARALÍMPICO
El contrato del recinto deportivo contemplaba una partida de pintura intumescente por $147.116.878, monto que fue cancelado en un 100%. Las inspecciones efectuadas por el organismo de control, en cambio, determinaron que las superficies efectivamente tratadas llegaban apenas a poco más de un tercio de lo comprometido. Por esa diferencia, el órgano fiscalizador anunció un reparo equivalente al valor de las obras no realizadas.
La pintura intumescente es un recubrimiento especial que se utiliza para proteger estructuras, principalmente de acero, frente a la acción del fuego. Su correcta aplicación constituye, por lo mismo, uno de los componentes centrales de la protección pasiva que exige la normativa para este tipo de edificaciones.
UNA REVISIÓN SOBRE SIETE PROYECTOS
La investigación especial analizó siete obras ejecutadas entre 2021 y 2026 y detectó debilidades en los estudios de resistencia al fuego desarrollados por los contratistas, junto con una revisión insuficiente por parte de los inspectores técnicos e inspectores fiscales involucrados en cada proyecto.
En varios casos, según el informe, se definieron espesores de pintura intumescente o se aprobaron determinados productos sin verificar previamente si estos permitían alcanzar la resistencia al fuego exigida por la normativa vigente. También se constató que algunos materiales utilizados no figuraban en los listados oficiales de comportamiento al fuego o carecían de certificaciones emitidas por organismos técnicos competentes.
A ello se suma el uso de pinturas certificadas únicamente para elementos verticales, como pilares, aplicadas en estructuras horizontales tales como vigas y techumbres, sin antecedentes técnicos que respaldaran esa utilización.
JARDINES INFANTILES BAJO OBSERVACIÓN
La fiscalización incluyó los proyectos de los jardines infantiles Corona Sueca, en Pudahuel; Manuel Sánchez, en Macul; y General Yáñez, en La Florida. En esas obras la Contraloría detectó ausencia de estudios completos de resistencia al fuego, falta de respaldo técnico para definir los espesores de las pinturas intumescentes y carencia de las certificaciones obligatorias respecto de los productos empleados.
En algunos de esos casos, incluso, no fue posible acreditar documentalmente la aplicación de las pinturas especificadas en los proyectos ni demostrar que los elementos estructurales tratados cumplen los niveles de resistencia al fuego exigidos por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
PLAZOS PARA SUBSANAR
El órgano de control señaló que ninguna de las entidades fiscalizadas aportó antecedentes suficientes para subsanar las observaciones formuladas. Por ello instruyó al IND, a la JUNJI y a la Dirección Regional de Arquitectura Metropolitana adoptar medidas correctivas, entregar las certificaciones técnicas pendientes y acreditar, en plazos de hasta 60 días hábiles, que las estructuras cuestionadas cumplen con los requisitos de resistencia al fuego establecidos en la normativa.
APLICABILIDAD PARA ABOGADOS
Para quienes asesoran o litigan en materia de contratación de obras públicas, el informe pone sobre la mesa dos focos que la propia Contraloría releva: la calidad de los estudios de resistencia al fuego entregados por los contratistas y el nivel de revisión que ejercen los inspectores técnicos e inspectores fiscales. A ello se agrega el reparo por obras pagadas y no ejecutadas en la magnitud comprometida, junto con la exigencia de acreditar documentalmente el cumplimiento normativo dentro de los plazos fijados por el órgano de control.
En nuestra lectura, el informe resulta un recordatorio de que la protección contra incendios no es un detalle accesorio de la ejecución de una obra pública, sino una partida que exige trazabilidad documental y verificación efectiva. Parece razonable, además, que la revisión de los inspectores técnicos e inspectores fiscales quede bajo escrutinio cuando lo que está en juego es la seguridad de estructuras que albergarán a personas.
Fuente: Contraloría General de la República
Documento original: https://www.contraloria.cl/web/cgr/noticias/-/asset_publisher/AmxFf8h7l735/content/reparo-ind-por-93-millones?inheritRedirect=false
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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