La Comisión de Salud del Senado inició el segundo trámite constitucional del proyecto que optimiza la sustentabilidad del Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo y modifica la ley 20.850, conocida como Ley Ricarte Soto. En la sesión del 27 de octubre de 2026, transmitida por TV Senado Chile, expusieron la ministra de Salud, la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, y Ramiro Cofré, encargado de la coordinación de la ley. También participaron el director de FONASA, César Yarzo; la superintendenta de Seguridad Social, Patricia Soto; y la presidenta del Colegio Médico.
El texto refundido de los boletines 15.047 y 17.567 busca responder al agotamiento del fondo. La ministra explicó que la ley garantiza diagnósticos y tratamientos con dispositivos médicos y alimentos de alto costo, con efectividad probada, para toda la población, sin importar su sistema de previsión. FONASA es responsable de las garantías de protección financiera, oportunidad y calidad, y existe una red acreditada de prestadores.
EL DIAGNÓSTICO
Se informó que 52.107 pacientes se han beneficiado, con 64,5% de mujeres y 35% de hombres. La cobertura alcanza 27 enfermedades y 67 tecnologías sanitarias. La mitad de los beneficiarios tendría entre 25 y 64 años, y en 2026 los beneficiarios activos anuales llegarían a 46.917. El primer decreto fue de 2015; el último que incorporó nuevas patologías fue de 2019. En 2024 un decreto modificatorio sumó dos medicamentos para artritis reumatoide activa refractaria y esclerosis múltiple remitente recurrente.
EL PROBLEMA FINANCIERO
La ministra sostuvo que el fondo se agotó en 2026. Recordó que el ordinario 1188, del 29 de abril de 2021, de la Dirección de Presupuestos, advirtió que la holgura sería insuficiente desde 2027 y que, sin cambios legales, las nuevas tecnologías debían generar ahorros o no aumentar el gasto. El aporte fiscal fijo, reajustado por IPC, dejó de ser suficiente frente a la demanda. El fondo acumuló 200.000 millones de pesos en 2019 y desde 2020 se consumió hasta llegar a cero a fines de este año.
El proyecto presentado el 2 de junio de 2025 y aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados el 28 de enero de 2026 tiene tres ejes: financiero, de optimización y participativo. Eleva el aporte anual de 100.000 a 185.000 millones de pesos, sube el límite de gasto de 80% a 90% e incorpora la posibilidad de aportes fiscales adicionales, presentada como fuente de flexibilidad.
QUÉ CAMBIA
En optimización, el artículo 10 fortalece el rol de la Subsecretaría de Salud Pública para monitorear el umbral de alto costo e informar variaciones de precio. El artículo 11 regula el traspaso de tecnologías a otros regímenes de cobertura, como el GES, manteniendo calidad, oportunidad y protección financiera. El artículo 9 bis permite actualizar el precio máximo industrial mediante resolución fundada dentro de 30 días desde un nuevo decreto. El artículo 31 aborda los acuerdos de riesgo compartido y la reserva de antecedentes comerciales.
En lo participativo, se reformula la Comisión de Recomendación Priorizada, se mantienen dos representantes de pacientes, se reducen los expertos externos y se permiten sesiones remotas. Se fija un estipendio de 8 UFS por sesión y se amplían las atribuciones de la Comisión Ciudadana de Vigilancia y Control. Los pacientes podrán consultar el estado de su postulación en el sistema.
EL DEBATE
Los senadores preguntaron si el aumento a 185.000 millones asegura sustentabilidad o solo palía la crisis. Se planteó que el gasto proyectado para 2025 era de 234.000 millones y que la ley de presupuesto para 2027 contemplaría una reducción de 28.000 millones, equivalente a 14,5%. También se consultó por el traspaso al GES, la confidencialidad de los acuerdos de riesgo compartido, la reducción de expertos y la falta de evaluación sistemática de resultados en morbilidad y mortalidad.
El director de FONASA explicó que el presupuesto de 2026 asciende a 180.000 millones, mientras el gasto estaría en torno a 280.000 millones, incluida deuda del año anterior, y que neto se hablaría de 250.000 millones. Señaló que se tramita un decreto en Contraloría para suplementar 77.000 millones y que el proyecto permite aportes fiscales adicionales. La ministra afirmó que no puede prometer certezas y que el aumento del fondo debe acompañarse de flexibilidad para negociar precios, facilitar la intercambiabilidad y ampliar prestadores. Rechazó que se incorporen tecnologías sin evidencia y reconoció que falta una evaluación rigurosa de efectos, aunque los datos se recogen.
La sesión también debía tratar el proyecto que modifica el período de carencia del subsidio de incapacidad laboral, con audiencias de FENFUSSAP y la Multigremial G7, pero el tiempo obligó a reprogramar parte de esas exposiciones.
En nuestra lectura, la tramitación muestra que el debate no se reduce a elevar el aporte fiscal, sino a precisar los márgenes de flexibilidad y los resguardos de transparencia que acompañarán su ejecución. Parece prudente que la urgencia no sacrifique esos equilibrios, considerando que el debate involucra a pacientes y prestadores.
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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