Autoridades de la Región Metropolitana y el Movimiento Nacional de Pobladoras y Pobladores coincidieron en una misma gestión ante el Tribunal Constitucional: presentaron un requerimiento contra el Decreto Supremo Nº 68 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que introduce modificaciones a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC). El escrito califica la norma como inconstitucional y pide al tribunal pronunciarse sobre su ajuste al marco constitucional que regula las atribuciones del Ejecutivo y las competencias municipales.
EL CONTENIDO DE LA IMPUGNACIÓN
Los reparos apuntan a disposiciones que, según el requerimiento, podrían alterar sustantivamente las condiciones de la planificación urbana. Entre ellas menciona factores de conversión de densidad habitacional, reducciones en las exigencias de estacionamientos y mayores beneficios de constructibilidad y altura para determinados proyectos inmobiliarios.
Con la presentación, las recurrentes buscan que el TC revise las disposiciones impugnadas y establezca si estas se ajustaron al marco constitucional que rige las atribuciones del Ejecutivo y las competencias municipales.
LAS AUTORIDADES
El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, afirmó que «un decreto no puede reemplazar la planificación de la ciudad ni el trabajo de técnicos, vecinos y autoridades locales y regionales». Añadió que respaldan el requerimiento porque consideran que la norma del Minvu es inconstitucional y que «la densificación tiene que ser planificada y equilibrada».
El alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, puso el foco en el efecto sobre los instrumentos comunales: «en lugares donde antes se permitía cierta cantidad de departamentos, con estas modificaciones a la OGUC, se van a permitir más unidades, pasando por encima de lo que hemos planteado en los distintos planos reguladores comunales».
La diputada Ana María Gazmuri precisó que el requerimiento apunta a disposiciones constitucionales como los artículos 6, 7, 32 y 118. «Tienen que ver justamente con el principio de jurisdicción, con los límites de las competencias del Ejecutivo y las atribuciones de los municipios que aquí se han visto vulneradas con esta modificación que ha sido presentada por el Gobierno», explicó.
Su par Tatiana Urrutia cuestionó: «Si le quieren dar beneficios a las inmobiliarias, también tiene que darles certeza jurídica a los ciudadanos, que somos finalmente quienes habitamos la ciudad».
El diputado Marcos Barraza argumentó su apoyo sosteniendo que «no se puede modificar la norma general de vivienda y urbanismo vía reglamentaria sin pasar por el Congreso», y recalcó que en este caso «se vulnera la autonomía municipal».
POBLADORES Y ACADÉMICOS
Valeria Bustos, vocera del Movimiento Nacional de Pobladoras y Pobladores, señaló que «es una medida que viene a perjudicar a las familias organizadas» y criticó que «es un guiño, esto es un pase, este es un pase de costado que le están haciendo las inmobiliarias». Agregó: «La opinión de las poblaciones y los pobladores es tan válida como la de una autoridad y lo haremos saber hoy y siempre».
Desde la academia, el profesor de la Escuela de Arquitectura UC, Luis Eduardo Bresciani, planteó que el decreto no solo estaría modificando los planes reguladores, sino que además estaría impactando en la calidad de vida: «no solamente modificando los planes reguladores en forma dramática, sino impactando en la calidad de vida».
El premio nacional de arquitectura 2024, Cristian Castillo, sostuvo que las modificaciones a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones «nos va a llevar a la destrucción de la ciudad, no solo de Santiago, de cada ciudad, de cada pueblo a lo largo de nuestro territorio y eso tenemos que defenderlo».
LA SOLICITUD AL TRIBUNAL
El requerimiento fue presentado por distintas autoridades de la Región Metropolitana, acompañadas del Movimiento Nacional de Pobladoras y Pobladores. El eje del escrito es la revisión de las disposiciones impugnadas y su conformidad con las reglas constitucionales sobre atribuciones del Ejecutivo y competencias municipales.
En nuestra lectura, el caso desplaza la discusión sobre densidad y estacionamientos desde la sede administrativa y los planos reguladores comunales hacia el control de constitucionalidad de un decreto del Minvu, lo que sugiere que el conflicto excede el diseño urbano y toca el reparto de competencias entre el Ejecutivo y los municipios. Sería prudente seguir el desarrollo del asunto sin anticipar cómo se pronunciará el Tribunal Constitucional.
Fuente: BioBioChile
Documento original: https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-metropolitana/2026/10/26/autoridades-rm-y-pobladores-van-al-tc-por-decreto-de-minvu-que-modifica-normas-de-planificacion-urbana.shtml
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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