El Gobierno impulsa un proyecto de ley para cerrar los vacíos que han permitido conceder rebajas de condena a personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad. La iniciativa será discutida este martes, a las 16:30 horas, en la Comisión de Constitución del Senado, en medio de las críticas de la oposición por los 56 decretos de reducción de condena dictados por el Ministerio de Justicia durante la actual administración.
EL ORIGEN DE LA CONTROVERSIA
Esos 56 decretos beneficiaron a personas condenadas por delitos sexuales contra menores. La Ley 19.856 regula la reducción de condenas por buena conducta, y en febrero de 2022 se incorporó a ese cuerpo legal una prohibición para acceder a estos beneficios respecto de ciertos delitos.
La discusión pública se instaló justamente sobre el alcance temporal de esa prohibición: qué ocurre con hechos cometidos antes de su entrada en vigencia y con sentencias dictadas con anterioridad a esa fecha.
LAS DOS MODIFICACIONES QUE PROPONE EL EJECUTIVO
El texto contempla dos cambios centrales a la Ley 19.856, con el objetivo declarado de impedir que se repitan situaciones similares a las que originaron la polémica.
La primera modificación establece que la prohibición incorporada en febrero de 2022 también debe aplicarse a quienes cometieron delitos sexuales contra menores antes de esa fecha, incluso cuando las sentencias condenatorias hayan sido dictadas con anterioridad. Con ello se busca resolver las diferencias de interpretación sobre la aplicación temporal de la normativa, que han abierto la posibilidad de conceder rebajas por delitos cometidos antes de su entrada en vigencia.
La segunda apunta a eliminar una excepción vinculada al artículo 73 del Código Penal, que actualmente permite acceder a estos beneficios en determinadas circunstancias. Esa nueva restricción solo se aplicaría a delitos cometidos desde la publicación de la futura ley.
SIN EFECTOS SOBRE LAS REBAJAS YA CONCEDIDAS
Uno de los aspectos relevantes del proyecto es que no contempla revocar automáticamente las rebajas de condena ya concedidas, ni alterar los efectos de las sentencias judiciales ejecutoriadas.
EL ACUERDO QUE CONFIRMA ARAYA
El senador Pedro Araya confirmó que existe un acuerdo con el Gobierno para avanzar en una modificación legislativa que permita resolver la controversia. «Lo importante es que habría un acuerdo hoy día con el gobierno en orden a poder avanzar en un proyecto de ley que pueda zanjar este punto en forma definitiva, probablemente a través de una ley interpretativa para establecer con claridad cuáles son los criterios para optar a las rebajas de condena», sostuvo.
El parlamentario explicó que existe una discusión jurídica sobre si la reducción de condena constituye un derecho de las personas condenadas o un beneficio sujeto al cumplimiento de determinados requisitos. En esa línea, señaló que el problema no quedó resuelto con las últimas modificaciones legales, lo que permitió distintas interpretaciones, tanto del Ministerio de Justicia como de los tribunales superiores que han ordenado conceder rebajas de condena.
Araya evitó pronunciarse sobre la responsabilidad del ministro de Justicia, Fernando Rabat, ante la posibilidad de que se presente una acusación constitucional en su contra, instancia en la que eventualmente tendría que actuar como jurado. Sí sostuvo que se trata de un problema de Estado y planteó la necesidad de que, junto con la modificación legal, se establezcan medidas de apoyo y protección para las víctimas afectadas por estos beneficios.
MIROSEVIC Y SU CRÍTICA AL EJECUTIVO
El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Vlado Mirosevic, anunció que citó a sus integrantes para este martes a las 16:30 horas, con el propósito de discutir con urgencia la iniciativa. «He citado a los miembros de la Comisión de Constitución para que discutamos con urgencia el proyecto que tiene que ver con reducción de condenas, de tal manera de evitar que ningún ministro ni ningún gobierno, con algún criterio completamente fuera del sentido común, vuelva a rebajar condenas a violadores de menores», afirmó.
Pese al avance legislativo, el parlamentario lanzó una crítica directa al Ejecutivo por la interpretación que permitió conceder estos beneficios: «De todas las opciones de interpretaciones posibles que tenía el gobierno, optó por la peor, que era darles la razón a los violadores de menores y darles beneficios, por lo tanto, de reducción de condena».
Mirosevic aseguró además que el proyecto busca impedir que futuras administraciones vuelvan a utilizar criterios similares para conceder reducciones de penas. «Este proyecto cierra completamente esa puerta y ningún gobierno, ningún ministro, ni nadie en el futuro va a poder aplicar mal ese criterio», enfatizó.
APLICABILIDAD PARA ABOGADOS
Para quienes litigan en causas por delitos sexuales contra menores, el texto introduce dos variables de análisis. La primera es de derecho transitorio: la extensión de la prohibición de febrero de 2022 a hechos anteriores y a sentencias ya dictadas, cuestión que hasta ahora admitía lecturas divergentes entre el Ministerio de Justicia y los tribunales superiores.
La segunda es la supresión de la excepción del artículo 73 del Código Penal, que regiría únicamente para hechos cometidos desde la publicación de la futura ley. El proyecto, en todo caso, no revoca las rebajas ya concedidas ni modifica sentencias ejecutoriadas, según el propio contenido de la iniciativa.
En nuestra lectura, el foco del debate parece estar en la interpretación futura de la Ley 19.856 más que en las rebajas ya otorgadas, que la iniciativa deja intactas. Sería prudente, a juicio de este medio, que esa discusión se mantenga en el terreno técnico que el propio texto propone.
Fuente: BioBioChile
Documento original: https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2026/10/26/tras-polemica-por-rebajas-de-condena-a-agresores-sexuales-gobierno-presenta-proyecto-para-frenarlas.shtml
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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