
Las 56 rebajas de condenas concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores abrieron un debate legislativo que este martes sumará un nuevo capítulo en el Senado. El Gobierno alista modificaciones legales, parlamentarios de distintos sectores empujan iniciativas propias y dos exministros de Justicia sostienen que la herramienta principal para evitar estos beneficios ya está presentada en el Congreso.
La controversia instaló la pregunta sobre cómo impedir que estas rebajas vuelvan a otorgarse. Las respuestas en carpeta corren por carriles paralelos: un proyecto que crea tribunales especializados para resolver controversias durante el cumplimiento de las condenas, cambios anunciados por el Ministerio de Justicia y una iniciativa que se pondrá en discusión esta semana.
TRIBUNALES DE EJECUCIÓN DE PENAS
La reforma que crea tribunales especializados para resolver controversias durante el cumplimiento de las condenas busca evitar que los recursos de amparo se conviertan en una vía habitual para discutir beneficios penitenciarios. La Cámara de Diputados la despachó en abril de 2024 con 133 votos a favor y actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado.
Sus autores fueron los entonces diputados Carmen Hertz (PC), Jorge Alessandri (UDI), Renato Garín (FA), Marcos Ilabaca (PS), Raúl Leiva (PS), Diego Schalper (RN) y Matías Walker (Demócratas).
El exministro Jaime Gajardo, que encabezó Justicia durante la administración de Gabriel Boric, defendió ese camino en Radio Universo: «Nosotros como gobierno impulsamos de manera muy fuerte que exista una ley de ejecución de penas». Según explicó, la iniciativa persigue que «el recurso de amparo no se naturalice y se utilice para este tipo de situaciones».
«Por eso tenemos que cambiar el procedimiento, tiene que haber un tribunal de ejecución de penas, tiene que haber una ley que establezca que esto claramente es un beneficio y no un derecho, que todo esto es parte del ámbito penitenciario», agregó.
Una postura similar manifestó el exministro Luis Cordero, quien el domingo sostuvo en Mesa Central que la ley de ejecución de penas permitiría abordar las diferencias de interpretación sobre estos beneficios sin reducir la discusión a la controversia actual.
«Si ustedes me preguntan a mí, técnicamente, ¿cuál es la manera de seguir evitando esta disparidad de interpretaciones para cumplir el propósito de la legislación aprobada por el Congreso en estos beneficios? Es la ley de ejecución de penas. No hace falta una nueva ley», afirmó.
LAS MODIFICACIONES QUE PREPARA EL GOBIERNO
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, también planteó una salida legislativa. Tras suspender la tramitación de nuevos decretos de rebaja de condenas, anunció que el Ejecutivo impulsará cambios para impedir que personas condenadas por delitos sexuales contra menores accedan a estos beneficios, incluidos quienes cometieron los delitos antes de la reforma de 2022.
Entre las medidas anunciadas figuran modificaciones al procedimiento para obtener la reducción de condena por conducta intachable, ajustes a las causales de exclusión, una regla de temporalidad para precisar los requisitos aplicables y disposiciones que garanticen el derecho de las víctimas a ser oídas.
El Ejecutivo comprometió además su respaldo al proyecto que crea los tribunales de ejecución de penas.
EL PROYECTO QUE LLEGA A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN
A esas alternativas se suma la iniciativa que el senador Vlado Mirosevic (Partido Liberal), nuevo presidente de la Comisión de Constitución del Senado, pondrá en discusión este martes a las 16:30 horas.
Según explicó en Mesa Central, el proyecto busca impedir expresamente que futuros ministros de Justicia otorguen rebajas de condena a personas condenadas por delitos sexuales contra menores. «Este es un proyecto que resuelve este tema y lo zanja definitivamente. Ningún ministro de Justicia en el futuro va a poder otorgar beneficios a violadores de menores o delitos sexuales que están en la ley», sostuvo.
El parlamentario indicó que la propuesta fue trabajada transversalmente junto con la presidenta del Senado, Paulina Núñez, y otros legisladores, y adelantó que se fusionará con otra iniciativa presentada previamente por parlamentarios de distintos sectores.
A ello se agrega un proyecto anunciado por senadores de distintas bancadas (Arturo Squella, de Republicanos; Andrés Longton, de RN; Iván Flores, de la DC; Karim Bianchi, independiente, y Pedro Araya, del PPD) que busca asegurar la aplicación efectiva de la exclusión del beneficio para condenados por delitos sexuales contra menores.
APLICABILIDAD PARA ABOGADOS
Los textos en carpeta tocan materias de ejecución de condenas y de procedimiento. El proyecto que crea tribunales especializados para resolver controversias durante el cumplimiento de las condenas está en segundo trámite constitucional en el Senado, luego de ser despachado por la Cámara de Diputados en abril de 2024 con 133 votos a favor.
En paralelo, el Ejecutivo anunció cambios al procedimiento de reducción de condena por conducta intachable, a las causales de exclusión, una regla de temporalidad y disposiciones sobre el derecho de las víctimas a ser oídas. El proyecto de Mirosevic, en tanto, apunta a impedir expresamente que futuros ministros de Justicia otorguen estas rebajas y se discutirá este martes en la Comisión de Constitución del Senado, donde se fusionará con otra iniciativa previa.
En nuestra lectura, el debate revela una tensión que excede las 56 rebajas que lo originaron: la discusión parece haberse trasladado desde los casos concretos hacia el diseño del procedimiento que hizo posible esos beneficios. Sería prudente que la discusión que comienza este martes se ordene en torno a las iniciativas ya en trámite, para que la dispersión de proyectos no diluya el objetivo que todas ellas declaran perseguir.
Fuente: Emol
Documento original: https://www.emol.com/noticias/Nacional/2026/10/25/1215131/propuestas-legislativas-rebaja-penas.html
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.








