Académicos e investigadores del Programa de Psicología Social de la Memoria de la Universidad de Chile salieron al paso de la reforma al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) que impulsa el Ejecutivo. Mediante una declaración pública, el grupo rechazó la iniciativa y sostuvo que sus disposiciones podrían restar autonomía al organismo y reducir su capacidad para representar a víctimas de vulneraciones a los derechos fundamentales.
El pronunciamiento no se limita a un reproche general. Los firmantes identifican tres ejes críticos: la nueva composición del Consejo, la eliminación de la facultad de interponer querellas y una disposición transitoria que permitiría al Presidente de la República proponer íntegramente el primer Consejo del nuevo régimen. A ello suman el efecto que la reforma tendría sobre el personal jurídico y el despliegue territorial del instituto.
UN ORGANISMO QUE NACIÓ CON LA DEMOCRACIA
Los académicos recordaron que el INDH se creó en 2009 como una institucionalidad necesaria para la democracia, que recogió las lecciones de las comisiones de verdad y las demandas de las agrupaciones de familiares de víctimas de la dictadura. Sobre ese origen enfatizaron: “No es un capricho administrativo”.
En la misma línea, plantearon que la defensa de los derechos fundamentales debe constituir una política de Estado y no quedar supeditada a la orientación política de cada administración. Destacaron que la independencia del instituto le ha permitido documentar e informar sobre la situación de los derechos humanos en distintos periodos políticos, incluso en contextos de alta polarización.
“Precisamente el valor del INDH es que no depende de la coyuntura política del gobierno de turno; algo que hoy se pretende cambiar a través del proyecto de ley de reforma que ha ingresado el Ejecutivo”, advirtieron.
CUESTIONAMIENTOS A LA COMPOSICIÓN DEL CONSEJO
El primer reparo apunta a los cambios en la integración del Consejo. Los firmantes reconocieron que el Ejecutivo presenta la reforma como una modernización institucional, pero sostuvieron que sus disposiciones podrían comprometer la independencia del organismo.
“El actual gobierno dice que busca modernizar el INDH, pero la iniciativa atenta contra su autonomía e independencia”, afirmaron.
En particular, objetaron la propuesta de un Consejo designado casi íntegramente por la Presidencia de la República y el Congreso, con eliminación de la participación de organizaciones de la sociedad civil. A su juicio, ese mecanismo dejaría al instituto expuesto a las mayorías políticas del Parlamento. Hoy, señalaron, la composición permite mayor pluralismo mediante la participación de organizaciones sociales y de derechos humanos, representantes de la academia, pueblos originarios y distintas sensibilidades políticas.
LA ELIMINACIÓN DE LAS QUERELLAS
El segundo punto de fricción es la supresión de la facultad del INDH para interponer querellas, lo que, según la declaración, limitaría sus herramientas para intervenir en procesos penales por violaciones a los derechos humanos.
“La reforma incide además en una función trascendental en el mandato del INDH: elimina la posibilidad de interponer querellas, lo que desarma directamente la defensa de las víctimas”, plantearon.
Los firmantes explicaron que la diferencia entre denuncia y querella es determinante, porque esta última permite participar como parte en un proceso penal e impulsar diligencias para esclarecer los hechos y perseguir responsabilidades. La denuncia, en cambio, solo pone los hechos en conocimiento del Ministerio Público. Mencionaron causas por torturas, apremios ilegítimos, desapariciones forzadas y otros delitos que afecten a víctimas de acciones del aparato estatal.
“La distinción entre denuncias y querellas es gravísima”, sostuvieron, advirtiendo que sin esa atribución se dificultaría la persecución penal y podría reforzarse la impunidad.
EL EFECTO EN LAS REGIONES
La declaración también apuntó a la reducción de personal jurídico: según sus autores, la propuesta disminuiría en un 70 % el número de abogados y abogadas como consecuencia de la pérdida de la facultad de presentar querellas.
Esa medida golpearía especialmente a las regiones, porque la iniciativa no contemplaría el domicilio de las sedes regionales. “Se trata de un gran retroceso en el despliegue institucional del organismo”, afirmaron, alertando sobre el impacto en la intervención frente a conflictos territoriales, zonas de sacrificio, vulneraciones en contextos migratorios, situaciones que afectan a pueblos indígenas y las condiciones de las personas privadas de libertad.
“Una institucionalidad centralizada queda ciega ante los diversos conflictos del territorio y genera desigualdades en la protección de las personas”, advirtieron.
LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Los firmantes manifestaron además reparos frente a la norma transitoria que, según su descripción, permitiría que el Consejo del nuevo régimen fuera propuesto íntegramente por el Presidente de la República al Senado una vez promulgada la ley.
“Ningún estándar internacional ampara que un gobierno determine por ley quién dirige la institución que debe controlar al propio Estado de manera independiente, para reemplazarla por personas de su confianza”, señalaron.
APLICABILIDAD PARA ABOGADOS
Para quien litiga en materia penal, el punto sensible es la distinción que el propio documento subraya. La querella habilita la calidad de parte en el proceso penal y permite empujar diligencias; la denuncia queda en el umbral de poner los hechos en conocimiento del Ministerio Público. De prosperar la supresión, el INDH perdería esa posición procesal en causas por torturas, apremios ilegítimos y desapariciones forzadas, justo donde la declaración sitúa su actuación.
Los académicos insistieron en que la protección de los derechos humanos debe mantenerse al margen de las disputas entre sectores políticos y de los cambios de administración. “Los derechos humanos no pertenecen a un sector político ni a un periodo de gobierno, sino que es un compromiso del Estado con toda la población”, recalcaron. Reconocieron que es posible debatir mejoras al funcionamiento del instituto, pero rechazaron que ellas impliquen su desmantelamiento, y llamaron al Congreso a rechazar las disposiciones que, a su juicio, afectan la autonomía del organismo.
“Un país que debilita sus instituciones de derechos humanos, sienta las bases para la repetición de graves hechos de nuestra historia”, concluyeron, agregando que “defender el derecho a defender derechos es hoy una prioridad ante quienes buscan asediar la democracia con voces autoritarias”.
En nuestra lectura, el peso del pronunciamiento está en el detalle técnico más que en la consigna: la distancia entre denunciar y querellar es la que separa mirar un proceso desde fuera o comparecer en él. Sería prudente que la discusión parlamentaria aborde ese punto con la misma precisión con que lo formula la declaración.
Fuente: radio.uchile.cl
Documento original: https://radio.uchile.cl/2026/10/20/academicos-de-la-u-de-chile-rechazan-reforma-al-indh-advierten-riesgos-para-su-autonomia-y-la-defensa-de-las-victimas/
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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