El proyecto que perfecciona el procedimiento de expulsión administrativa de extranjeros quedó en condiciones de convertirse en ley. La Sala del Senado ratificó por 37 votos a favor y una abstención el informe de la Comisión Mixta, texto que antes había sido visado por la Cámara, en una jornada marcada por la urgencia que los parlamentarios atribuyen a la medida y por la advertencia de que su ejecución exige recursos.
EL TRÁMITE LEGISLATIVO
La iniciativa sorteó una serie de trámites legislativos, entre ellos la conformación de una Comisión Mixta, que acordó el informe luego ratificado por la Sala del Senado. La presidenta de esa instancia, la senadora Danisa Astudillo, detalló la forma y modo de resolver propuesta y destacó que el trabajo incluyó recomendaciones de la Corte Suprema y del Ministerio Público.
En el debate intervinieron los senadores Renzo Trisotti, Andrés Longton, Danisa Astudillo y Francisco Huenchumilla, además del ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot.
MÁS FACULTADES Y REGISTRO BIOMÉTRICO
El mensaje modifica la Ley 21.325 y apunta a entregar más competencias al Estado en esta materia. En concreto, amplía las facultades de los organismos públicos competentes, agiliza la ejecución de los procesos y robustece el registro de datos biométricos de extranjeros en situación migratoria irregular.
Entre los acuerdos alcanzados por la Comisión Mixta se destacó el aumento de 3 a 5 años del plazo mínimo de prohibición de reingreso al territorio nacional para las personas extranjeras que hayan sido objeto de una medida de expulsión administrativa.
También se valoró que se podrá solicitar información para notificar los procedimientos de expulsión, con la precisión de que la medida excluye a niños, niñas y adolescentes, y a establecimientos educacionales y de salud.
PDI Y ENTRADA A DOMICILIOS
Otro de los puntos resaltados es que la Policía de Investigaciones (PDI) podrá solicitar por escrito una autorización al juez de garantía para ingresar a un domicilio con el único fin de aprehender a una persona que cuente con una orden de expulsión firme y ejecutoriada.
URGENCIA, RECURSOS Y COORDINACIÓN
Los senadores hicieron notar el sentido de «urgencia» de la medida, aludiendo principalmente a «las consecuencias que han debido enfrentar las regiones del norte del país», que han enfrentado una «crisis migratoria».
Junto con ello, se dejó constancia de que la aplicación de la norma «requiere de recursos», «capacidad policial» y «coordinación internacional», por lo que insistieron en la necesidad de contar con las divisas en el presupuesto 2027. En otro orden, se declaró que «no podemos confundir migración con delincuencia».
APLICABILIDAD PARA ABOGADOS
Para quienes litigan en materia migratoria y administrativa, el texto ofrece tres focos de atención. Primero, la extensión del plazo mínimo de prohibición de reingreso al territorio nacional, que sube de 3 a 5 años respecto de quienes hayan sido objeto de una medida de expulsión administrativa. Segundo, la posibilidad de solicitar información para notificar los procedimientos de expulsión, con las exclusiones referidas a niños, niñas y adolescentes y a establecimientos educacionales y de salud. Tercero, la autorización judicial que la PDI podrá requerir por escrito al juez de garantía para ingresar a un domicilio, limitada al único fin de aprehender a una persona con orden de expulsión firme y ejecutoriada.
Conviene atender al estado de tramitación: la fuente consigna que el proyecto quedó en condiciones de convertirse en ley y que su aplicación «requiere de recursos», «capacidad policial» y «coordinación internacional», de modo que el despliegue de estas herramientas aparece condicionado, según la propia exposición de los senadores, a las divisas que se contemplen en el presupuesto 2027.
En nuestra lectura, el respaldo del Senado al informe de la Comisión Mixta deja el proyecto en condiciones de convertirse en ley y traslada la discusión desde el diseño del procedimiento hacia las condiciones de su ejecución. Sería prudente que ese debate considere lo que los propios senadores dejaron constancia: que la norma «requiere de recursos», «capacidad policial» y «coordinación internacional».
Fuente: Senado de la República de Chile
Documento original: https://www.senado.cl/comunicaciones/noticias/en-condiciones-de-convertirse-en-ley-nuevas-reglas-para-expulsiones
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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