La protección del patrimonio cultural chileno volvió al centro de la discusión legislativa. La Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones retomó el estudio de tres mociones refundidas, identificadas con los boletines 15025, 17710 y 18403, que apuntan a elevar las sanciones penales y económicas contra quienes destruyan, dañen o se apropien de monumentos nacionales, además de incentivar la denuncia ciudadana y perfeccionar los mecanismos de fiscalización.
El objetivo declarado de las iniciativas es fortalecer la tutela de los bienes patrimoniales, combinando castigos más severos con herramientas de control más eficaces frente a conductas que provoquen deterioro. La instancia recibió a cuatro expositores que representan realidades territoriales y administrativas muy distintas: los alcaldes de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, y de Santiago, Mario Desbordes, la directora ejecutiva de la Corporación Municipal de Administración del Sitio Patrimonio Mundial de Valparaíso, Macarena Carroza, y el subsecretario del Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda.
Pese a las diferencias de enfoque, todos coincidieron en un diagnóstico común: la normativa actual resulta insuficiente si no se la acompaña de capacidad real de fiscalización y de mecanismos concretos para reparar el daño causado.
FISCALIZACIÓN Y DENUNCIA
Uno de los puntos con mayor consenso fue la necesidad de reforzar las capacidades de fiscalización. El alcalde de Puerto Montt expuso la experiencia municipal desarrollada a través del programa «El que raya, paga», y subrayó que las sanciones solo resultan efectivas cuando se logra identificar a los responsables y exigir la reparación de los perjuicios ocasionados. Su énfasis estuvo puesto en mejorar los canales de denuncia y en dotar de mayores herramientas a quienes fiscalizan en terreno.
Macarena Carroza, en representación del sitio patrimonial de Valparaíso, describió las dificultades prácticas que enfrenta la aplicación de la Ley de Monumentos Nacionales. Entre los principales obstáculos mencionó las exigencias de flagrancia, que en la práctica limitan la posibilidad de sancionar, y el escaso conocimiento de la normativa por parte de quienes cumplen labores de fiscalización. Su propuesta apunta a ampliar las facultades de los inspectores municipales y a avanzar hacia procedimientos administrativos más ágiles para castigar los daños al patrimonio.
LOS MUNICIPIOS Y SUS LÍMITES
El alcalde de Santiago aportó una mirada centrada en la gestión urbana del patrimonio. Sostuvo que el deterioro de los bienes protegidos no proviene únicamente de actos de vandalismo, sino también de negligencias y abandonos prolongados que se extienden por años. Advirtió además que la recuperación de inmuebles protegidos choca con dificultades operativas y presupuestarias relevantes, y llamó a revisar las herramientas disponibles para la protección y conservación de esos bienes.
LA POSTURA DEL EJECUTIVO
El subsecretario del Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda, expresó el respaldo del Ejecutivo a las mociones en tres materias específicas: el aumento de sanciones, los incentivos para denunciar y los mecanismos de reparación. Valoró especialmente la posibilidad de que parte de las multas se destine a recuperar los bienes afectados, una fórmula que permitiría convertir la sanción en financiamiento directo para la conservación del patrimonio dañado.
De la Cerda planteó además la necesidad de incorporar las situaciones de abandono o negligencia dentro de las medidas de protección patrimonial, ampliando así el foco de la discusión más allá de los actos de destrucción deliberada.
PERSPECTIVAS
Las tres mociones refundidas continúan en tramitación en la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones, que deberá pronunciarse sobre su articulado antes de que sigan su curso legislativo.
Fuente: Cámara de Diputadas y Diputados de Chile
Documento original: https://www.camara.cl/cms/2026/10/07/monumentos-nacionales-comision-de-cultura-analiza-aumento-de-sanciones/
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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