
La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados recibió a representantes del Ministerio Público para conocer cómo se está levantando la Fiscalía Supraterritorial y con qué recursos cuenta. La exposición dejó al descubierto una brecha presupuestaria que obliga al organismo a replantear el ritmo de las contrataciones comprometidas para los próximos tres años.
La directora ejecutiva nacional del Ministerio Público, Mónica Naranjo, explicó ante los integrantes de la comisión que el informe financiero consolidado, de diciembre de 2025, fijó una implementación gradual durante tres años. Para 2026 se contemplaron 3.570 millones de pesos, mientras que el funcionamiento en régimen exigirá más de 8 mil millones.
IMPLEMENTACIÓN GRADUAL Y BRECHA PRESUPUESTARIA
El problema, según detalló Naranjo, es que los recursos previstos para el primer año no fueron entregados en su totalidad. Frente a ese escenario, el Ministerio Público ha debido financiar con otros fondos institucionales el 62,5 por ciento de la ejecución, principalmente para la contratación de personal.
En tanto, para 2027 el organismo solicitó 7.082 millones de pesos, pero Naranjo expuso que la Dirección de Presupuestos entregaría cerca de 1.900 millones menos para gastos de personal, aplicando el criterio de gradualidad que ese servicio ha planteado.
RECURSOS PARA EL SEGUNDO AÑO
Por esa razón, el Ministerio Público elaboró una nueva propuesta que posterga parte de las contrataciones previstas. De los 20 fiscales contemplados, ocho ingresarían en junio y los 12 restantes en diciembre de 2027. En términos prácticos, el 69 por ciento de la dotación correspondiente al segundo año se incorporaría recién a fines de ese periodo.
PERSECUCIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL
También expuso ante la comisión el fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial, Miguel Ángel Orellana, quien describió el rol que tendrá la nueva estructura: coordinación nacional e internacional en la persecución del crimen organizado transnacional, con especial énfasis en el análisis financiero y patrimonial.
Orellana explicó que la estrategia abarca desde el estudio de fenómenos criminales hasta casos específicos. Mencionó investigaciones vinculadas a organizaciones como el Tren de Aragua y Los Pulpos, además de secuestros extorsivos y redes logísticas asociadas al tráfico de drogas.
El fiscal abordó además otros fenómenos que quedarán dentro del radar de la unidad: tráfico de armas y municiones, robo de vehículos, finanzas criminales, lavado de activos mediante el comercio y plataformas financieras digitales, y la denominada cibercriminalidad como servicio.
COORDINACIÓN ENTRE INSTITUCIONES
El trabajo de la Fiscalía Supraterritorial requerirá articulación con instituciones como Aduanas e Impuestos Internos, entre otros organismos. Orellana subrayó que el objetivo no es limitar las investigaciones a la incautación de drogas o bienes, sino identificar las redes logísticas y financieras que sostienen estas actividades: cómo operan, cómo se financian y qué actores participan en ellas.
A modo de ejemplo, señaló que algunos delitos detectados en el barrio Meiggs pueden tener su origen en redes que comienzan a operar desde el puerto de San Antonio. Con esa lógica, la nueva unidad buscará conectar antecedentes que hoy aparecen dispersos en distintas zonas del país.
SOLICITUD DE INFORMACIÓN
Tras escuchar la exposición del Ministerio Público, la comisión acordó oficiar al Ministerio de Hacienda y a la Dirección de Presupuestos para que den cuenta del cumplimiento del informe financiero de la Fiscalía Supraterritorial.
Fuente: Cámara de Diputadas y Diputados de Chile
Documento original: https://www.camara.cl/cms/2026/09/24/fiscalia-supraterritorial-expone-desafios-presupuestarios-para-su-implementacion/
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.








