El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis De Grange, salió a defender la actuación del Ejecutivo frente a las críticas de la UDI por el cobro de impuestos a las plataformas de apuestas en línea, luego de que la Subsecretaría de Telecomunicaciones instruyera el bloqueo de 37 nuevos dominios de sitios de apuestas y juegos de azar. La controversia enfrenta al Servicio de Impuestos Internos con parlamentarios oficialistas y anticipa un nuevo capítulo en Contraloría.
En entrevista con Radio Cooperativa, el biministro rechazó que exista una contradicción entre perseguir el funcionamiento de estas plataformas y, al mismo tiempo, exigirles el pago de tributos. A su juicio, se trata de una discusión más amplia que el solo bloqueo y que requiere mirar la evidencia internacional.
EL BLOQUEO DE LOS NUEVOS DOMINIOS
La orden de la Subtel, adoptada la víspera, obliga a las empresas proveedoras de acceso a internet a impedir el acceso a 37 dominios adicionales vinculados a casas de apuestas y juegos de azar en línea.
De Grange explicó que la Subsecretaría cumple un rol previamente legislado: transmite la información de los sitios en coordinación con la Superintendencia de Casinos y luego entrega esos antecedentes a las empresas de telecomunicaciones, que son las que finalmente ejecutan el bloqueo.
El ministro reconoció una dificultad práctica del mecanismo. Según dijo, las plataformas ilegales tardan apenas horas en levantar un sitio web alternativo.
LA DEFENSA DEL BLOQUEO Y LAS EAT
Frente a la idea de que el Estado actúa de manera incoherente, el biministro sostuvo que no existe tal contradicción y comparó el caso con el de las plataformas de transporte, las EAT, donde también se paga impuestos mientras se tramita el reglamento que regulará su operación. Recordó que varios actores han planteado públicamente que esas plataformas son ilegales.
De Grange insistió en que la Subtel está mandatada para ejecutar los dictámenes de la Corte de Apelaciones, tribunal que dispone el bloqueo de determinadas páginas, labor que afirmó se ha cumplido con diligencia. Destacó además la coordinación permanente con la Superintendencia de Casinos y con las empresas de telecomunicaciones, que deriva en actualizaciones periódicas de la lista de sitios a bloquear.
Para el secretario de Estado, el debate de fondo exige revisar cómo lo han resuelto Europa y otros países de Latinoamérica, y no reducirse a la ejecución del bloqueo.
LA OFENSIVA DESDE LA CÁMARA
El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), abordó el cuestionamiento de su bancada en Radio Universo y planteó que hay dos temas en pugna. Por un lado, admitió que la prohibición es difícil de hacer efectiva, porque al cerrar una página aparece otra en segundos. Por otro, cuestionó que el Estado cobre impuestos, lo que a su juicio equivale a validar de alguna manera una actividad prohibida.
El diputado recurrió a una comparación directa: dijo que el narcotráfico también es difícil de combatir, pero eso no justifica empezar a cobrar IVA o impuesto a la renta a una organización criminal. Añadió que esta discusión no debió haberse dado nunca y que así se lo hicieron saber al SII.
Alessandri mencionó la cifra de 800 millones de dólares anuales que podrían recaudarse y fue tajante: el fin no justifica los medios. «No se puede recaudar algo que está prohibido por la ley», afirmó.
EL ROL DE QUIROZ Y LA PUERTA HACIA CONTRALORÍA
Consultado por la validación que habría entregado el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a la recaudación del SII, el presidente de la Cámara respondió que cada ministro actúa según su mandato y que a Hacienda le interesa recaudar. Agregó que no corresponde al titular de esa cartera discernir estas diferencias, sino al Presidente de la República, jefe de los ministros, a quien le toca priorizar y zanjar cuando existen intereses contrapuestos.
Fue más lejos al señalar que, si hubiera ocupado la Presidencia, no habría permitido que su ministro de Hacienda validara ese cobro.
Respecto de los antecedentes del caso, Alessandri recordó que en junio el SII ya les respondió que estaba obligado a cobrar cuando constataba la existencia de una ganancia. Sostuvo que esa interpretación es incorrecta tratándose de una actividad prohibida por ley y anunció que su bancada acudirá a Contraloría para que aclare el punto, pese a que la Corte Suprema ya emitió su opinión sobre la ilegalidad de estas plataformas.
Fuente: Emol
Documento original: https://www.emol.com/noticias/Economia/2026/09/22/1212085/de-grange-casas-apuestas-impuestos.html
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
Acerca del Autor
