La Comisión Mixta que busca zanjar las diferencias surgidas entre ambas cámaras del Congreso en torno al proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica y establece medidas para la prevención y alerta de actividades vinculadas al crimen organizado completó tres sesiones de trabajo sin acuerdo total, pero con un mapa claro de los nudos que deberá resolver. La instancia es presidida por el senador Karim Bianchi y ya acumula una lista de materias en disputa: la eficacia del alzamiento del secreto bancario, el congelamiento administrativo de cuentas, eventuales cambios a la gobernanza de la Unidad de Análisis Financiero, la gestión del sistema financiero y la regulación de criptomonedas.
La iniciativa, ingresada en mayo de 2023, persigue fortalecer el ecosistema de inteligencia económica para desarticular el lavado de activos, el narcotráfico y el financiamiento del terrorismo, mediante la acción coordinada de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Servicio Nacional de Aduanas.
«Buscaremos lograr acuerdos inmediatos en los artículos con mayor consenso, para concentrar la discusión en la eficacia del alzamiento del secreto bancario, entregando una herramienta robusta, garantista y sin sesgos políticos para perseguir la ruta del dinero ilícito», precisó el presidente de la Mixta.
EL NUDO DEL SECRETO BANCARIO
El subsecretario de Hacienda, Sebastián Vallebona, expuso el panorama general de la iniciativa y detalló los puntos de divergencia. Entre ellos figuran la creación y el alcance del Subsistema de Inteligencia y Análisis Económico integrado por la UAF, el SII y Aduanas; la creación y las atribuciones del Comité de Coordinación, Prevención y Seguridad del sistema; las facultades de la UAF para requerir información protegida por secreto bancario en sede administrativa sin autorización judicial previa; y las disposiciones sobre la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), exigencias de idoneidad, régimen de sanciones e inhabilidades.
El debate sobre el alzamiento del secreto bancario concentró las intervenciones. Se advirtió que aún debe profundizarse si la facultad queda radicada en sede administrativa o en sede judicial. En la discusión se consignó que, entre 2017 y agosto de 2025, la UAF presentó 64 solicitudes de alzamiento ante los tribunales, de las cuales 63 fueron aprobadas.
Parlamentarios de oposición sostuvieron que esa cifra demuestra que el control judicial no obstaculiza las investigaciones. Otras voces, en cambio, atribuyeron el bajo número al extenso tiempo que le toma a la UAF fundamentar un requerimiento, estimado entre 6 y 8 meses, debido a su dotación de personal.
GOBERNANZA DE LA UAF Y CONGELAMIENTO DE CUENTAS
Respecto de la gobernanza institucional de la UAF, parlamentarios oficialistas propusieron modificar su estructura orgánica como vía para destrabar el debate y generar consenso transversal, considerando que actualmente su dirección es designada políticamente por el gobierno de turno. La propuesta apunta a dotarla de mayor autonomía técnica y a fijar responsabilidades penalmente agravadas ante eventuales filtraciones, brindando garantías de imparcialidad ante el uso de facultades intrusivas.
En materia de medidas cautelares, se relevó la idea de autorizar a la UAF para decretar el congelamiento administrativo precautorio de cuentas bancarias en casos de flagrancia o estafas masivas, impidiendo que el dinero sea retirado o transferido al extranjero mientras se tramitan las autorizaciones judiciales.
BANCOS, CRIPTOMONEDAS Y FINTECH
Los participantes llamaron a tener una mirada holística de procesos y capacidades para abordar la celeridad operativa y la gestión del sistema financiero. Se identificaron retrasos en los protocolos de respuesta de las entidades bancarias tras la emisión de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y se criticó que algunos bancos entregan planillas masivas de datos sin procesar, lo que dificulta la inteligencia financiera. También se instó a avanzar en la regulación de criptomonedas y plataformas Fintech.
En paralelo, y ante las consultas de senadores y diputados, se advirtió la necesidad de contar con la presencia del Ministerio de Seguridad para responder las dudas que van surgiendo. El presidente de la Comisión Mixta solicitó una mayor coordinación formal entre las carteras de Hacienda y Seguridad para afinar la posición del Gobierno en la materia.
LOS PRÓXIMOS PASOS
La instancia acordó constituir un grupo de trabajo entre asesores parlamentarios y del Ministerio de Hacienda para redactar propuestas de consenso en normas procedimentales, plazos y gobernanza. Además, resolvió oficiar al Ministerio Público para que informe sobre casos con sentencias condenatorias que demuestren la necesidad práctica de contar con facultades administrativas expeditas.
La Comisión Mixta continuará en las próximas sesiones con una ronda de audiencias en la que se espera escuchar a representantes de la UAF, la CMF, el Servicio de Impuestos Internos, el Servicio Nacional de Aduanas, el Ministerio Público y expertos en inteligencia financiera.
Fuente: Senado de la República de Chile
Documento original: https://www.senado.cl/comunicaciones/noticias/subsistema-de-inteligencia-economica-mixta-avanza-en-definicion-de
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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