CONVERSATORIO EN ARICA VINCULA AL TRIBUNAL DE FAMILIA CON EL HOSPITAL EN TORNO A LA LEY 21.430
La Jurisdicción de Familia de Arica y el hospital de la comuna participaron en un conversatorio orientado a difundir el alcance de la Ley 21.430, que establece el sistema de garantías de los derechos de la niñez y adolescencia. La instancia, difundida por el canal Poder Judicial Chile en YouTube, abordó la manera en que ambas instituciones deben operar de forma articulada ante las solicitudes de protección que requiere el trabajo del tribunal.
El encuentro buscó que los profesionales del área sanitaria conocieran de cerca la labor que realiza el juzgado al recibir este tipo de requerimientos. Durante la jornada se explicaron los pasos que sigue una presentación, los antecedentes necesarios para resolverla y los conductos establecidos para que los equipos de salud planteen sus dudas o entreguen información.
COORDINACIÓN INTERSECTORIAL
En el conversatorio se relevó el principio de intersectorialidad que inspira la Ley 21.430, conforme al cual la respuesta a las vulneraciones de derechos no puede quedar radicada solo en el sistema judicial. La norma supone un trabajo conjunto entre tribunales, servicios de salud, educación y otros actores que integran la red de protección de la infancia.
En el caso de Arica, la alianza con el hospital resulta especialmente relevante porque muchas de las solicitudes de protección que conoce el juzgado provienen de ese espacio. Por eso, los organizadores insistieron en la importancia de que médicos, trabajadores sociales y demás profesionales sanitarios entiendan cuál es el rol del tribunal y qué información deben aportar para que las decisiones puedan adoptarse con rapidez.
La actividad también dejó en evidencia que el conocimiento acumulado sobre el quehacer judicial tiende a desactualizarse con el paso del tiempo. El natural recambio de profesionales en los equipos de salud obliga a renovar periódicamente los vínculos con el tribunal, de modo que las nuevas generaciones de funcionarios manejen los criterios básicos de derivación.
Según se planteó durante la jornada, una de las claves es mantener lo que los propios asistentes llamaron redes vivas, es decir, un contacto permanente y fluido entre el hospital, los servicios y el juzgado. Esa cercanía es la que permite destrabar situaciones complejas y encontrar soluciones oportunas cuando un niño o adolescente se encuentra en una situación de riesgo.
PROYECCIÓN A FUTURO
Quienes participaron en el conversatorio coincidieron en que la experiencia debería tener continuidad. Se recordó que años atrás se realizó un seminario que convocó a representantes de salud, educación, municipio y diversos programas y servicios vinculados a la infancia, y la impresión general fue que esa instancia valdría la pena repetirla.
La propuesta que surgió apunta a replicar aquel espacio de diálogo, actualizando los conocimientos jurídicos de los profesionales que trabajan directamente en las comunas. La idea es que esos equipos puedan comprender mejor cómo gestionar sus inquietudes ante el tribunal y cuáles son los canales más adecuados para hacerlo.
De ese modo, la formación periódica no solo beneficiaría al personal de salud, sino también a quienes se desempeñan en otros sectores que interactúan con el sistema de protección. La coordinación entre instituciones se convierte así en una herramienta concreta para mejorar la respuesta frente a situaciones de vulneración de derechos.
La experiencia de Arica refleja un desafío común a varios tribunales de familia del país: la necesidad de que los integrantes de la red de protección hablen un mismo lenguaje. Cuando los equipos sanitarios conocen los requisitos legales y el funcionamiento del juzgado, las solicitudes llegan mejor preparadas y el tribunal puede resolver con más elementos.
En el balance realizado por los organizadores, el conversatorio cumplió su objetivo de acercar el trabajo jurisdiccional a uno de sus principales aliados institucionales. La posibilidad de operar de manera articulada con el hospital en la atención de los requerimientos de protección representa un avance relevante para una ciudad donde los tiempos y las distancias suelen complicar la respuesta ágil.
En definitiva, la jornada se inscribe en un esfuerzo por acercar la justicia a otros servicios públicos y por difundir las herramientas que la Ley 21.430 entrega a quienes deben proteger a la infancia. Esa tarea, como se enfatizó en Arica, no corresponde únicamente al tribunal, sino a toda la red que rodea a los niños, niñas y adolescentes.
El contenido completo del conversatorio, con las exposiciones y el detalle del diálogo entre los participantes, está disponible en el canal Poder Judicial Chile en YouTube.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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