Un total de 35 fiscales judiciales de las distintas cortes de apelaciones del país participaron en una reunión ampliada convocada por el fiscal judicial de la Corte Suprema, Jorge Pizarro, para analizar los alcances de la implementación de la Ley 21.772, que modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales. El encuentro se realizó en la Corporación Administrativa del Poder Judicial y contó con la asistencia presencial de los fiscales de las cortes de Santiago y San Miguel, mientras que sus pares de regiones se conectaron de manera telemática.
La actividad se enmarca en el proceso de adecuación que enfrenta el Poder Judicial tras la entrada en vigencia de la nueva normativa, que introduce cambios relevantes en el funcionamiento de notarías, conservadores y archiveros. Durante la jornada también se revisó el avance del Plan Nacional de Fiscalización Anual, con el objetivo de cumplir los estándares de transparencia y celeridad que exigen las y los usuarios del sistema.
LEY 21.772 Y SU IMPLEMENTACIÓN
La Ley 21.772, promulgada para modernizar el sistema registral y notarial, fue el eje central del debate. Los fiscales judiciales abordaron los desafíos orgánicos y funcionales que plantea su implementación, así como la necesidad de unificar criterios para que los procesos de fiscalización sean más homogéneos frente a situaciones similares.
En ese contexto, Jorge Pizarro valoró los avances del proceso, aunque advirtió que aún persisten focos preocupantes. Según explicó, «lo positivo es que el 85% de los notarios, conservadores y archiveros cumplen efectivamente. Sin perjuicio de ello, hay un muy menor número, que será un 10, un 15%, en situaciones que son de carácter -yo diría- preocupante».
Las cifras fueron parte del balance que se presentó durante la reunión, en la que también se dio cuenta de las fiscalizaciones desarrolladas en distintas zonas del país. La meta, señalaron los asistentes, es que las actuaciones de los fiscales respondan a parámetros comunes y verificables.
FISCALIZACIÓN Y TRANSPARENCIA
El Plan Nacional de Fiscalización Anual fue otro de los puntos centrales de la jornada. Los fiscales revisaron su grado de avance y analizaron las herramientas disponibles para fortalecer la supervisión del sistema registral y notarial, en línea con las exigencias de transparencia y eficiencia que demanda la ciudadanía.
La implementación de la Ley 21.772 impone nuevas tareas a las fiscalías judiciales, que deben velar por el correcto funcionamiento de estos servicios. En ese marco, la generación de criterios comunes fue una de las principales conclusiones del encuentro, pues permite que situaciones equivalentes reciban un tratamiento similar en todo el territorio nacional.
CLIMA LABORAL Y AUDITORÍAS EXTERNAS
La reunión también permitió abordar materias vinculadas al funcionamiento interno de las fiscalías, como los sitios web institucionales, el sistema disciplinario y el clima laboral. Sobre este último punto, la fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Nel Greeven, señaló que es un aspecto que preocupa especialmente a la fiscalía, particularmente en lo relativo al acoso sexual y al acoso laboral.
«El legislador se ha preocupado de regularlo especialmente. De manera que estuvimos dando ideas, reflexionando y aunando criterios en esa materia», explicó Greeven, dando cuenta del trabajo colaborativo que se desarrolló entre los asistentes.
Por su parte, el fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Jaime Salas, se refirió al proceso de auditorías externas que, conforme a la ley, deben realizarse a todos los funcionarios que cesan en funciones al cumplir 75 años de edad. Según precisó, la cifra no es menor: en Chile son 49 funcionarios de Arica a Punta Arenas, y en todos esos casos la ley dispone la realización de una auditoría.
PRÓXIMOS PASOS
La Fiscalía Judicial de la Corte Suprema ya trabaja en la confección de un instructivo de criterios generales sobre los puntos más significativos de la nueva regulación. Además, se preparan capacitaciones en materia tributaria y contable dirigidas a fiscales, funcionarios y auditores, labor que contará con el apoyo de la Academia Judicial.
De esta forma, el Poder Judicial busca avanzar en la estandarización de los procedimientos y en la preparación de los equipos que deberán aplicar la Ley 21.772. El objetivo, según se desprende del encuentro, es que la modernización del sistema registral y notarial se traduzca en un servicio más rápido, transparente y cercano a los usuarios.
Fuente: Sitio Web del Poder Judicial de Chile
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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