Una carrera contrarreloj se instaló en el sistema penitenciario capitalino. Mientras tres imputados del caso Sartor intentan dejar el Centro de Detención Preventiva Santiago 1, el Anexo Penitenciario Capitán Yáber tiene apenas tres cupos disponibles y una regla de segmentación aplicada por Gendarmería define quién puede ocuparlos.
Pedro Pablo Larraín, presidente del grupo; su hermano y exsocio Carlos Larraín, y el exgerente general de E-Capital, Sergio Yáñez, permanecen recluidos desde el 18 de agosto, cuando fueron formalizados por administración desleal, estafa, lavado de activos, negociación incompatible y entrega de información falsa al mercado. Los tres han intensificado los trámites ante el 4° Juzgado de Garantía para obtener un informe de factibilidad que permita su traslado a Capitán Yáber.
TRASLADOS EN LA MIRA JUDICIAL
El jueves de la semana pasada, la defensa de Pedro Pablo Larraín, encabezada por el abogado Jaime Winter, recordó al tribunal que ya el 20 de agosto había solicitado oficiar a Gendarmería para que emita el informe de factibilidad para su traslado inmediato. En su presentación, Winter sostuvo que Santiago 1 no satisface las medidas de seguridad mínimas ni el resguardo apropiado para el cumplimiento de la medida cautelar decretada.
Ese mismo día, la defensa de Sergio Yáñez, a cargo del abogado Ernesto Olivares, también pidió el traslado. Olivares basó su solicitud en la legislación nacional y en tratados internacionales de derechos humanos, con especial énfasis en la protección del adulto mayor. Invocó el artículo 13 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, norma que obliga al Estado a garantizar un acceso a la justicia ágil y equitativo y a adoptar medidas especiales para evitar el deterioro físico y mental de los imputados de la tercera edad durante el proceso.
LA REGLA QUE MUEVE LOS CUPOS
La petición de los hermanos Larraín, sin embargo, choca con las políticas de segmentación de Gendarmería. En Capitán Yáber, las camas de condenados no pueden ser ocupadas por imputados, por lo que los cupos disponibles no les servirían mientras mantengan esa calidad procesal.
En cambio, Miguel Ángel Aguilera, ex alcalde de San Ramón, condenado por enriquecimiento ilícito y cohecho, estaría habilitado para ocupar una de las tres plazas. Aguilera cumple actualmente su saldo de condena en el penal Santiago Sur, la antigua penitenciaría de Santiago, y también ha solicitado el traslado al anexo. De los imputados del caso Sartor, el único que logró llegar a Capitán Yáber fue el expresidente de Azul Azul, Michael Clark.
UN RECINTO CON CAPACIDAD LIMITADA
El Anexo Penitenciario Capitán Yáber, ubicado en avenida Pedro Montt 1853, comuna de Santiago, tiene una capacidad máxima de 16 internos. Cuenta con cuatro celdas de entre 12 y 18 metros cuadrados, con camarotes, donde suelen dormir hasta cuatro reclusos en cada una. Actualmente mantiene a 13 reos, por lo que quedan tres cupos sin ocupar.
La espera de las defensas se concentra ahora en los informes de factibilidad técnica que debe emitir Gendarmería. Ante la falta de respuesta, los abogados han exigido celeridad al tribunal para destrabar los traslados.
QUERELLANTE RECHAZA LOS ARGUMENTOS
La abogada querellante Susana Borzutzky, socia de Borzutzky y Cía., desestimó las solicitudes de las defensas. Sostuvo que los argumentos presentados no justifican el traslado, porque no existe un derecho a cumplir prisión preventiva en Capitán Yáber por el solo hecho de estar imputado por delitos económicos.
A su juicio, la determinación del recinto responde a criterios técnicos de Gendarmería, y acceder al traslado únicamente por el perfil de los imputados implicaría establecer un privilegio que la ley no contempla.
LOS ACTUALES OCUPANTES
Entre los 13 internos del anexo, doce han sido identificados. Están José Antonio Pavez Canessa, líder del megafraude de 240 mil millones de pesos en la Operación Tributos; el exfiscal regional Metropolitano Oriente Manuel Guerra, imputado en el caso Audios/Hermosilla, y Gonzalo Migueles, pareja de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco e imputado en la trama Bielorrusa y de nombramientos judiciales.
También permanecen en el recinto el médico traumatólogo Rodrigo Mardones, formalizado por delitos concursales y ocultamiento de bienes en su quiebra e imputado en el caso Primus Capital; el expresidente de Azul Azul Michael Clark, formalizado por su rol en el caso Sartor; el exjuez tributario Óscar Meriño, formalizado por cohecho tras recibir presuntas coimas para favorecer a contribuyentes, y Arnaldo Domínguez, exasesor del exdiputado Joaquín Lavín León, quien pasó al menos dos meses en Santiago 1 por fraude al fisco.
Completan la lista Miguel Carrasco Méndez, suboficial en retiro de Gendarmería, condenado en 2023 por torturar a un interno en Santiago Sur; los falsos receptores judiciales Patricio Benítez Aedo y Luis Silva, vinculados a la Mafia de los Vehículos Embargados e ingresados en junio de 2025; el condenado por delito concursal de fraude con facturas Jaime Cristi Alfonso, y Juan Leonelli, formalizado por diversos delitos económicos en la causa Fundación Local y acusado de fraude al fisco en el caso Manicure.
La definición de los tres cupos queda ahora en manos de Gendarmería y del 4° Juzgado de Garantía, mientras las defensas insisten en que la permanencia en Santiago 1 afecta derechos fundamentales de sus representados.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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