MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR EXCEDIÓ SUS FACULTADES AL COFINANCIAR PROYECTO PRIVADO DE DETECCIÓN DE DISPAROS, DETERMINA CONTRALORÍA
La Contraloría General de la República determinó que la Municipalidad de Peñaflor actuó fuera de sus atribuciones legales al comprometer y aprobar un aporte de quince millones de pesos para un proyecto de detección acústica de disparos desarrollado por una empresa privada. El dictamen, que genera jurisprudencia administrativa, concluye que esa iniciativa excede las labores de apoyo y colaboración que la ley permite a los municipios en materia de seguridad pública comunal, y ordena iniciar un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades.
El pronunciamiento de la entidad fiscalizadora se originó tras una denuncia presentada por el representante de Audio Analítica SpA, empresa que resultó adjudicada en el concurso Start-Up Ciencia 2024 convocado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. La firma acusó que la nueva administración municipal de Peñaflor no dio cumplimiento al compromiso de cofinanciamiento asumido por la gestión anterior, impidiendo la continuación del proyecto desde diciembre de 2024. La municipalidad, por su parte, consultó formalmente sobre la procedencia de suscribir el convenio y entregar los aportes.
EL CASO Y EL PROYECTO EN CUESTIÓN
Los antecedentes revelan que, mediante una carta de compromiso fechada el 10 de noviembre de 2023, el entonces alcalde de Peñaflor declaró que el municipio cumpliría con los aportes pecuniarios requeridos por el concurso, actuando como institución asociada. El proyecto presentado por la empresa privada buscaba desarrollar y validar una tecnología de detección y georreferenciación de disparos mediante sensores acústicos y algoritmos de analítica de audio, para apoyar la prevención y control de hechos de violencia asociados al uso de armas de fuego, contemplando además su posterior escalamiento y explotación comercial.
La Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo celebró el convenio de subsidio con la empresa el 14 de mayo de 2024, por un monto de 120 millones 639 mil 600 pesos, con un plazo de ejecución de doce meses. En tanto, el Concejo Municipal de Peñaflor aprobó en su sesión ordinaria N° 116, del 10 de septiembre de 2024, la transferencia del aporte municipal de quince millones de pesos. La agencia estatal informó a Contraloría que el incumplimiento de los compromisos municipales afectó la ejecución del proyecto, ya que el convenio establece que si no se enteran todos los aportes comprometidos por la beneficiaria, el subsidio se reduce proporcionalmente a los recursos efectivamente rendidos.
MARCO JURÍDICO Y ALCANCE DE LAS FACULTADES MUNICIPALES
El dictamen D398N26 recuerda que el principio de juridicidad, consagrado en los artículos 6° y 7° de la Constitución, obliga a los órganos de la Administración a actuar dentro de su competencia. En esta línea, el artículo 4°, letra j), de la ley N° 18.695 permite a las municipalidades desarrollar funciones relacionadas con la seguridad pública a nivel comunal, pero la jurisprudencia administrativa de la propia Contraloría ha precisado que esa participación solo puede constituir una labor de apoyo y colaboración a los organismos del Estado que tienen atribuciones específicas en la materia, acciones que deben coordinarse con esas entidades.
Este deber se concreta a través de mecanismos de coordinación interinstitucional, como el Plan Comunal de Seguridad Pública, cuya elaboración es obligatoria para las entidades edilicias según el artículo 6°, letra e), de la misma ley. La Contraloría aplicó en esta oportunidad los criterios contenidos en los dictámenes N° 85 de 2021, E161091 de 2021, 5294 de 2019 y E51691 de 2020.
CONCLUSIÓN DEL ORGANISMO FISCALIZADOR
El organismo de control concluyó que no se advierte que el compromiso de aportes asumido por la Municipalidad de Peñaflor se enmarque dentro de sus atribuciones legales en seguridad pública comunal, toda vez que se vinculó al financiamiento y ejecución de una iniciativa desarrollada por una empresa privada para implementar un sistema de detección de disparos. Esa circunstancia excede las labores de apoyo y colaboración con que cuentan los municipios respecto de los organismos estatales con facultades específicas en la materia.
En consecuencia, se ordenó a la Municipalidad de Peñaflor iniciar un procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas, debiendo informar del acto que lo disponga a través del Sistema de Inspección de Acciones Derivadas de la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de Contraloría, en el plazo de quince días hábiles desde la recepción del pronunciamiento. El dictamen fue emitido por orden de la Contralora General de la República y firmado por el Subcontralor General, Víctor Hugo Merino Rojas.
Dictamen N° D398N26, Contraloría General de la República.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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