ACOT: EL GOBIERNO OPERACIONALIZA SU ESTRATEGIA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO CON 28 PROYECTOS Y OPERATIVOS DE ALTO IMPACTO
La Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) presentada por el Ejecutivo dejó de ser una declaración de intenciones para convertirse en una estrategia concreta que combina 19 proyectos de ley en tramitación, nueve nuevas iniciativas anunciadas y una serie de operativos policiales de alto impacto ejecutados durante agosto de 2026. El anuncio ocurre en un contexto crítico: Chile retrocedió diez posiciones en el Índice Global de Crimen Organizado entre 2023 y 2025, mientras los delitos asociados a organizaciones criminales aumentaron 33,5% en el mismo período, según datos del Ministerio Público procesados por CESCRO-USS.
Las cifras explican la urgencia. Entre 2022 y 2025, los delitos vinculados al crimen organizado pasaron de 11.089 a 14.806 casos ingresados al sistema penal. El tráfico de personas, la extorsión y los delitos cibernéticos y financieros registran una mayor presencia que en mediciones anteriores. El Informe de Crimen Organizado en Chile 2025 de la Fiscalía Nacional identifica al tráfico de drogas como el mercado ilícito más resiliente, concentrando cerca de la mitad de los ingresos asociados a la criminalidad organizada. La dimensión penitenciaria agrava el cuadro: en las cárceles se incautan al menos 21 dispositivos de comunicación diarios, evidencia de la capacidad de coordinación delictual desde los recintos de privación de libertad.
REFORMA CONSTITUCIONAL PERFECTIBLE
La reforma constitucional ingresada bajo el Boletín N° 18.597-07 ha concentrado el debate político, pero es solo una parte de la agenda. La modificación busca entregar más herramientas al Estado para prevenir, investigar, sancionar y proteger a la población frente al crimen organizado. Sin embargo, el análisis advierte que no es evidente que todas esas herramientas deban incorporarse en la Constitución, sino que pueden quedar expresadas en la ley.
El punto más discutido es la posible creación de un nuevo estado de excepción constitucional. El documento plantea que si se decide insistir en su necesidad, se debe considerar una mayor participación del Congreso para su dictación, manteniendo un contrapeso esencial, definir claramente las causales bajo las cuales puede ser invocado y qué atribuciones se entregarán al Estado. En cuanto a las normas sobre Gendarmería y sanciones a condenados por delitos vinculados al crimen organizado, se recomienda que sean definidas en la ley y coherentes con el resto del ordenamiento jurídico. Además, se advierte que el registro de organizaciones criminales debe estar asociado a una resolución judicial para evitar su mal uso.
19 PROYECTOS EN TRAMITACIÓN
La agenda legislativa de la ACOT reúne 19 proyectos ya ingresados o priorizados, de los cuales 12 provienen del periodo anterior: cinco mensajes presidenciales y siete mociones parlamentarias. Se agrupan en seis áreas: fortalecimiento institucional y operativo, migraciones y control fronterizo, orden público y protección de espacios estratégicos, persecución penal y eficiencia investigativa, adolescencia y riesgo en la seguridad, y seguridad y coordinación territorial.
En el ámbito migratorio se busca ampliar la retención migratoria, tipificar el ingreso clandestino y perfeccionar la expulsión administrativa. En persecución penal destacan el juicio oral en ausencia, la flagrancia y las facultades autónomas de las policías, y la ampliación del plazo de entrega de registros de telecomunicaciones. En orden público se incluye la ley anti encapuchados y la protección de infraestructura crítica. El análisis pone especial énfasis en la urgencia de aprobar el proyecto que sanciona el reclutamiento de menores por asociaciones criminales, práctica frecuente de las organizaciones para externalizar riesgos penales.
NUEVE NUEVAS INICIATIVAS
Los nueve proyectos anunciados por el Ejecutivo buscan cerrar brechas críticas en control fronterizo, identificación criminal, investigación policial, gestión penitenciaria y persecución patrimonial. Entre ellos destacan la habilitación del test de ADN a las policías, mejoras salariales para la PDI, la reforma a la Zona Primaria de Seguridad Fronteriza, la Ley de Frontera Cero, la modificación a la Ley Antibarricadas, la creación de una agencia de decomiso, destrucción y enajenación de bienes ilícitos, la Ley Orgánica Constitucional de Gendarmería, la destrucción de drogas y el cierre de máquinas de destreza y azar ilegales.
Sobre la agencia de decomiso, el análisis plantea dudas: si bien existe la necesidad de hacerse cargo de esta debilidad del sistema, la creación de un nuevo órgano del Estado no es necesariamente la solución más adecuada, pues varias agencias ya tienen algunas de las funciones necesarias y existen soluciones más eficientes.
OPERATIVOS DE ALTO IMPACTO
Durante agosto de 2026 el Gobierno dio visibilidad a la ACOT mediante operativos policiales de alto impacto. Destacan el copamiento de Plaza de Armas en Santiago, encabezado por el Presidente junto a Carabineros, la PDI y funcionarios municipales; el desbaratamiento de una célula del Tren de Aragua en Osorno; y la operación que permitió decomisar más de dos toneladas de marihuana. También se ejecutó el desalojo de una toma en San Antonio y el masivo traslado de presos al Complejo Penitenciario La Laguna de Talca, permitiendo segregar a internos de alta peligrosidad vinculados al crimen organizado.
IMPLEMENTACIÓN DE LEYES APROBADAS
El análisis advierte que el impacto de la política de seguridad no depende solo de nuevas leyes, sino de su implementación. Las reformas del periodo anterior que crean el Ministerio de Seguridad Pública, reforman el Sistema de Inteligencia del Estado, la Ley contra el Crimen Organizado y las herramientas de persecución patrimonial y combate al lavado de activos exigen un esfuerzo de coordinación entre el Ministerio Público, el Poder Judicial, las policías y los organismos especializados.
El desafío principal consiste en articular una estrategia integral que vincule inteligencia, control territorial, investigación penal, control judicial, persecución patrimonial, ejecución de sanciones, gestión penitenciaria y evaluación de resultados. En esta materia, el Ministerio de Seguridad Pública tiene un rol esencial e insustituible.
Rol no identificado en la fuente.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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