El ministro de Defensa, Fernando Barros, abrió un frente de discusión al plantear que Chile debe retirarse del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y revisar la Ley Lafkenche. En una entrevista con el medio DF MAS, el secretario de Estado calificó esos cuerpos legales como un riesgo para el país por generar diferencias entre chilenos según su origen étnico. La propuesta dividió al Congreso y motivó que el Gobierno se refiriera al tema.
Barros afirmó que el concepto de plurinacionalidad fue rechazado mayoritariamente por la ciudadanía, pero que sigue presente en el convenio de la OIT como factor de división. Cuestionó que una organización internacional con sesgo político haya originado un tratado suscrito por apenas 24 países y sostuvo que Chile se incorporó a él generando una cuña entre los chilenos. «Hoy día los chilenos no somos todos iguales, no somos una nación», declaró.
En su argumentación, el ministro también apuntó contra la Ley Lafkenche y otras normas que, según dijo, nacen de una visión de conflicto entre las personas. «Hay chilenos que se dividen y tienen un trato distinto por su origen étnico y eso es un caldo de cultivo de conflicto», agregó. Para Barros, el convenio, la ley y las disposiciones asociadas representan un peligro para el país.
GOBIERNO SE DESMARCA
La reacción oficial no se hizo esperar. El ministro del Interior y vocero del Ejecutivo, Claudio Alvarado, descartó «innovar en la materia» y recordó que el Convenio 169 fue suscrito y ratificado por el parlamento chileno. Alvarado aseguró que el Gobierno lo respeta íntegramente.
APOYOS EN EL CONGRESO
Las declaraciones del jefe de la cartera de Defensa reunieron respaldos entre parlamentarios de distintos sectores políticos. El diputado del Partido Republicano, Alejandro Riquelme, dijo compartir «plenamente» las palabras de Barros. Riquelme, quien se identificó como padre de tres hijos de ascendencia mapuche-huilliche, consideró que el reconocimiento de los orígenes no puede significar privilegios entre chilenos por razones de etnia. «Ningún chileno debería recibir privilegios ni sufrir discriminaciones por su apellido, ascendencia u origen étnico», afirmó.
En la misma línea, el diputado del Partido de la Gente, Javier Olivares, señaló que el debate es impostergable. Sostuvo que el Convenio 169 y la Ley Lafkenche deben revisarse con seriedad, en particular si su aplicación genera privilegios o dificulta proyectos de inversión. «Si una normativa está perjudicando el desarrollo, la inversión o el interés general del país, tenemos la obligación de corregirla», planteó.
Olivares añadió que reconocer y proteger las distintas culturas no puede llevar a construir categorías diferentes de ciudadanos ni a anteponer intereses particulares al interés general. A su juicio, corresponde preguntarse si esas normas están cumpliendo su propósito después de años de aplicación.
Desde Renovación Nacional, la diputada Ximena Ossandón reconoció que el convenio tiene externalidades negativas, pero sostuvo que una decisión de esa envergadura debe debatirse a nivel de Estado. Ossandón recordó el rol preponderante del Presidente de la República en las relaciones internacionales.
La diputada del Partido Nacional Libertario, Gloría Naveillán, pidió al Mandatario que revise los pactos firmados. Argumentó que el pueblo chileno tiene soberanía para decidir qué tratados está en condiciones de cumplir y cuáles no.
RECHAZO EN LA OPOSICIÓN
En la vereda contraria, las críticas fueron contundentes. El diputado independiente-PPD Héctor Ulloa, miembro de la Comisión de Trabajo, calificó la propuesta como «una estupidez» y dijo que desconocer el convenio implica ignorar la historia del país. Para Ulloa, el tratado no divide, sino que reconoce derechos de los pueblos indígenas que el Estado se comprometió a respetar hace casi 20 años. También exigió al Gobierno aclarar si la opinión del ministro es personal o representa la posición oficial del Ejecutivo.
El diputado del Partido Comunista, Marcos Barraza, calificó los dichos de «lamentables y graves». Sostuvo que el Gobierno ha seguido un rumbo de debilitamiento de derechos y de conversión de los conflictos sociales en asuntos de seguridad. «Los pueblos originarios no son una amenaza para Chile. Sus derechos tampoco», enfatizó.
Barraza cerró su intervención señalando que la verdadera amenaza para la democracia es un Gobierno que identifica derechos y diversidad como enemigos internos. A su juicio, Chile necesita más democracia y diálogo, no una doctrina de seguridad aplicada contra derechos que el propio Estado se ha comprometido a respetar.
La controversia dejó en evidencia la fractura que genera en el Congreso la discusión sobre los derechos de los pueblos indígenas y la vigencia de los tratados internacionales ratificados por Chile. Mientras algunos sectores impulsan su revisión, otros advierten sobre las consecuencias de abandonar compromisos asumidos por el Estado.
Fuente: Emol
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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