La megatoma de San Antonio vuelve a estar en el centro de la controversia jurídica y social. El Ministerio de Vivienda ordenará por la vía administrativa la demolición de las casas que aún permanecen en los terrenos expropiados, por considerar que esas construcciones infringen la Ley de Urbanismo. La decisión se produce a casi ocho meses de un desalojo por etapas que abarcó 98,4 hectáreas, en las que cerca de 5 mil ocupantes ilegales habían levantado viviendas, en su mayoría de material ligero.
El anuncio fue dado a conocer en medio de un escenario desolador: gran parte de la superficie usurpada quedó cubierta por escombros tras el paso de palas mecánicas y excavadoras. Sin embargo, todavía hay familias que se mantienen en los terrenos expropiados, y el ministro de Vivienda, Iván Poduje, aseguró que en un mes debería concretarse su desalojo.
EL ORIGEN JUDICIAL DEL CONFLICTO
La disputa por el terreno tiene su origen en una sentencia de la Corte Suprema dictada en marzo de 2024. El máximo tribunal ordenó restituir el inmueble a la Constructora San Antonio, propietaria del paño. La sentencia abarcaba originalmente una superficie de 210 hectáreas, pero 110 de ellas fueron expropiadas por el gobierno anterior con el propósito de radicar allí a los usurpadores, que se encontraban organizados en cooperativas.
De ese modo, el desalojo por etapas se ejecutó sobre 98,4 hectáreas usurpadas. Ahora, la atención se centra en la parte expropiada, donde la cartera de Vivienda impulsa una medida administrativa para sacar a los ocupantes que aún quedan.
LA ORDEN DE DEMOLICIÓN
Según informó la cartera, la demolición de las casas se realizará por vía administrativa y se sustenta en el incumplimiento de la Ley de Urbanismo. La decisión afecta directamente a las cooperativas formadas al amparo de la administración anterior. Esos grupos habían sido organizados con la expectativa de ser radicados en el sector, bajo el compromiso que habría asumido el gobierno saliente tras la expropiación. Ante la nueva orden, sus representantes adelantaron que exigirán al Estado el cumplimiento de ese compromiso.
EL PROYECTO DE VIVIENDAS SOCIALES
El ministro Iván Poduje vinculó la medida con el plan habitacional que el Gobierno proyecta desarrollar en la zona. Según anunció, en 2027 se levantará allí un conjunto de alrededor de 4.620 viviendas sociales. Asimismo, señaló que en un mes se debería concretar el desalojo de las familias que se mantienen en los terrenos expropiados.
Esa meta habitacional se enmarca en las facultades que el Ministerio de Vivienda ejerce sobre los terrenos expropiados. Esos terrenos corresponden a las 110 hectáreas que fueron expropiadas por el gobierno anterior con la intención de radicar allí a los ocupantes organizados en cooperativas.
EL CONTEXTO DE LA OCUPACIÓN
El desalojo por etapas de las 98,4 hectáreas se extendió por casi ocho meses, tiempo durante el cual las maquinarias arrasaron con un número importante de construcciones. Las viviendas que predominaban en el sector eran de material ligero y, tras el paso de las excavadoras, dejaron un paisaje de escombros que hoy cubre gran parte de la superficie. Los cerca de 5 mil ocupantes ilegales que fueron retirados dejaron tras de sí un terreno devastado, en el que el Gobierno deberá ahora materializar su plan de viviendas sociales.
EL RECLAMO DE LAS COOPERATIVAS
Frente al anuncio de la demolición, las cooperativas formadas al amparo del gobierno anterior manifestaron su postura: exigirán al Estado «cumplir compromiso». La frase resume la tensión entre la decisión administrativa actual y las promesas que habría hecho la administración pasada a los ocupantes organizados.
Esa promesa de radicación fue, precisamente, la razón que llevó a expropiar 110 hectáreas del terreno originalmente disputado. La sentencia de la Corte Suprema ordenó restituir el terreno a la Constructora San Antonio, y el Ministerio de Vivienda avanza con su plan.
UN CONFLICTO AÚN ABIERTO
A casi ocho meses del inicio del desalojo, el caso de la megatoma de San Antonio sigue generando tensión entre la orden judicial de restitución, la expropiación realizada por el gobierno anterior y las expectativas de las familias que ocuparon el terreno. La decisión de demoler por la vía administrativa agrega una nueva arista a un conflicto que ya tuvo un fallo de la Corte Suprema.
Mientras tanto, las máquinas ya cumplieron su labor en una parte del terreno, y la autoridad espera que pronto el resto del paño quede libre para iniciar el proyecto de viviendas sociales anunciado para 2027.
Fuente: EMOL
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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