La Comisión de Educación del Senado inició el 12 de agosto la tramitación del proyecto que modifica la Ley 21.040, texto que creó el Sistema de Educación Pública. La iniciativa busca entregar al Ejecutivo nuevas herramientas para ajustar la instalación y el traspaso de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). La sesión, transmitida por el canal TV SENADO CHILE, estuvo marcada por un detallado diagnóstico oficial y por las dudas de las y los senadores sobre el cumplimiento de los plazos fijados en la Ley 21.819.
CONTEXTO DE LA SESIÓN
Al inicio, el secretario de la comisión informó la urgencia comunicada el día anterior para el proyecto de admisión escolar y dio cuenta de seis nuevas solicitudes de audiencia ligadas a la reforma de los SLEP. Entre los requirentes figuran Felipe Arriagada, del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica; Arturo Escárez, presidente de la Confederación Nacional de Funcionarios Asistentes de la Educación; la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín; la Asociación de Funcionarios de Educación Municipal de Renaico; Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores; e Ingrid Olea, directora ejecutiva de Fundación Educación 2020. También se consideró a la académica Verónica López, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
En la misma sesión se dio cuenta de una presentación del Colegio Nacional de Psicopedagogos, que solicita requerir al Ministerio de Educación las razones técnicas y jurídicas para mantener la denominación informe de evaluación psicopedagógica contenida en el decreto con fuerza de ley 170. El gremio plantea que el instrumento se confunde con el informe propio de la disciplina y propone reemplazarlo por expresiones como informe de evaluación de necesidades educativas especiales o informe integrado de evaluación.
TRAMITACIÓN DEL PROYECTO
La iniciativa que modifica la Ley 21.040 se encuentra en primer trámite constitucional. Según explicó la secretaría, el proyecto fue presentado por el Presidente de la República, consta de un artículo único desglosado en tres numerales y dos disposiciones transitorias, una referida a municipios y corporaciones y otra al mayor gasto fiscal. El órgano técnico advirtió que, aunque está formulado como artículo único, contiene más de una idea, por lo que requeriría discusión general y particular antes de su envío a la Sala y, eventualmente, a la Comisión de Hacienda. La presidenta accidental señaló que la decisión sobre ese punto corresponde al presidente titular de la comisión.
DIAGNÓSTICO DEL GOBIERNO
Al exponer, la ministra de Educación recordó que de los 70 SLEP contemplados por ley, 58 están creados y 36 operan en régimen, con unos 640.000 estudiantes, 3.000 establecimientos y 169 comunas. Sostuvo que la reforma ha mantenido los resultados heterogéneos que ya presentaba la administración municipal y que los servicios locales han heredado problemas como el exceso de gasto, la sobredotación de personal docente y asistente, la caída de matrícula, la deuda previsional de algunos municipios, las brechas de infraestructura y las dificultades con inmuebles que deben ser traspasados. Precisó además que la Ley 21.819, promulgada en mayo de este año, exige 84 modificaciones normativas, entre ellas 11 nuevos reglamentos.
CONTENIDO DE LA INICIATIVA
El subsecretario Rodríguez complementó las cifras y explicó que la propuesta busca dar autonomía al Ejecutivo para administrar el calendario de implementación. Entre las medidas mencionó ampliar el horizonte de traspaso de 2035 a 2040, fijar un ritmo mínimo de traspasos y permitir por vía administrativa la extensión de plazos para los SLEP que ya funcionan. También contempla flexibilizar los requisitos de postergación municipal, que pasarían de ser copulativos a alternativos y reducirían en 10% los umbrales educativos, manteniendo intactas las exigencias financieras. La misma norma crearía un mecanismo para que los municipios ya postergados puedan continuar administrando la educación si muestran mejores resultados que el SLEP implementado.
DUDAS SOBRE LA LEY 21.819
La senadora Provoste consultó al Ejecutivo por diversos plazos legales que considera vencidos. Preguntó si el comité interministerial de educación pública sesionó dentro del plazo fijado, si se dictó la resolución que regula el pago del bono extraordinario para asistentes de la educación y si están designados los integrantes del Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública. También pidió información sobre los convenios de transición, el estudio de condiciones laborales del personal traspasado y el estado de los seis reglamentos con plazo explícito de un año. En el plano del proyecto, cuestionó el fundamento técnico de los nuevos umbrales alternativos, el cambio de la evaluación anual a bianual y la eliminación del informe favorable del Consejo de Evaluación para extender el calendario.
OBSERVACIONES AL PROYECTO
El senador Mircevich defendió el diagnóstico original de la desmunicipalización y advirtió que la flexibilización podría extender el traspaso final hasta 2045. Señaló que no se justifica bajar los estándares académicos si la justificación de algunos alcaldes es que administran mejor que un SLEP. También alertó por el costo fiscal de la postergación y por la situación de las deudas previsionales municipales. El senador Vial, en tanto, valoró el fondo de la presentación y afirmó que la complejidad de la reforma hace razonable solicitar más tiempo para corregir problemas de diseño.
RESPUESTAS PENDIENTES
La ministra cerró la sesión comprometiendo respuestas para la próxima reunión. La comisión acordó recibir audiencias el lunes 17 de agosto entre 17:30 y 19 horas y el martes 18 entre 20 y 22 horas. Antes, el lunes entre 12:30 y 14 horas, se conocerá el informe de la Dirección de Educación Pública sobre el estado financiero de los servicios locales, exposición que quedó pendiente en sesiones anteriores.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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