El gobierno del Presidente José Antonio Kast intensificó sus gestiones para asegurar la votación definitiva de la megarreforma de reconstrucción y reactivación económica en la Cámara de Diputados, programada para el martes 21 de julio, en medio de presiones climáticas y estratégicas para evitar que el proyecto derive a una comisión mixta. La administración busca cerrar esta etapa legislativa a toda costa, consciente de que una instancia de ese tipo podría alargar los plazos y complicar aún más la tramitación de una iniciativa que ya acumula tensiones con sectores de la oposición y disidencias dentro del propio oficialismo.
ESTRATEGIA DEL GOBIERNO
El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, defendió la decisión de mantener el calendario pese al temporal que afectó a la zona central y al norte del país. Alvarado señaló que, si bien la prioridad es la emergencia climática, existen obligaciones legislativas que cumplir, y subrayó la importancia de cerrar la tramitación del proyecto.
En paralelo, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, inició una ronda de contactos para asegurar los votos necesarios. Recibió al jefe de bancada de los diputados del PDG, Juan Marcelo Valenzuela, con el objetivo de consolidar un piso de apoyos que permita visar los cambios introducidos por el Senado.
El propio Presidente Kast reforzó el llamado a la disciplina durante una reunión de comité político ampliado, exigiendo que ningún diputado oficialista o aliado se ausente o se desmarque en la votación clave.
LA AMENAZA DE LA COMISIÓN MIXTA
El principal temor del Ejecutivo es que, si la Cámara introduce modificaciones al texto aprobado por el Senado, el proyecto deba ser derivado a una comisión mixta, instancia contemplada en la Constitución y la Ley Orgánica del Congreso. Esta comisión estaría compuesta por cinco diputados y cinco senadores encargados de resolver los nudos finales de la iniciativa.
Aunque el oficialismo logró una mayoría hipotética de seis contra cuatro en esa eventual comisión, el perfil de los integrantes anticipa un debate difícil. Entre ellos destacan la senadora Daniella Cicardini (PS) y los diputados Daniel Manouchehri (PS) y Jorge Brito (Frente Amplio), quienes han sido los críticos más duros de la megarreforma. La dupla Cicardini y Manouchehri ha protagonizado enfrentamientos directos con el ministro Quiroz durante la tramitación, y ahora podrían enfrentarlo junto a Brito en una misma instancia.
Además, la comisión incluiría a parlamentarios oficialistas como el diputado Diego Schalper y los senadores Rodolfo Carter y María José Gatica, quienes han manifestado disidencias en esta materia. El resto de los integrantes serían los diputados Agustín Romero y Flor Weisse, y los senadores Paulina Vodanovic y Javier Macaya, este último como posible presidente de la instancia.
Para La Moneda, una comisión mixta no solo alarga los plazos, sino que también obligaría a enfrentar un veto presidencial posterior sobre al menos cuatro puntos controversiales, lo que hace menos rentable el camino legislativo extendido.
EL CAMINO DEL VETO
Frente a este escenario, la opción que gana fuerza en el oficialismo es evitar la comisión mixta y pasar directamente a la fase de veto presidencial. De acuerdo a la Constitución, el Presidente de la República puede formular observaciones a un texto despachado por el Congreso para reemplazar, añadir o suprimir partes del articulado.
En el caso de la megarreforma, se trataría de cuatro vetos supresivos dirigidos a eliminar los puntos más controvertidos: el derecho al olvido financiero por deudas, las garantías para el pago a 30 días para las pymes, la prohibición de corte de servicios básicos en zonas siniestradas de Valparaíso, Ñuble y El Biobío, y la prohibición del anatocismo.
La Constitución otorga una ventaja decisiva al Ejecutivo en esta etapa: incluso si el Senado o la Cámara rechazan los vetos supresivos, estos igualmente eliminan los artículos objetados. La única forma de revertir esa decisión es que ambas cámaras reúnan dos tercios de los votos para imponer el texto original del Congreso.
En la práctica, al gobierno le bastaría con el apoyo de 52 diputados y 17 senadores para sostener los vetos y eliminar los puntos cuestionados. Dado que las normas sobre servicios básicos y anatocismo ya fueron aprobadas por ambas ramas del legislativo, solo podrían ser eliminadas mediante veto o una impugnación ante el Tribunal Constitucional.
El diputado Juan Marcelo Valenzuela reconoció que una comisión mixta alarga los plazos y va en contra de los intereses del ministro Quiroz, pero advirtió que su bancada mantiene su propia deliberación. El gobierno espera que la votación de este martes despeje el camino hacia la fase final de la megarreforma, ya sea por la vía legislativa directa o a través del veto presidencial, que podría materializarse entre miércoles y jueves.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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