El asesinato del cabo primero Marcos Cosme, ocurrido mientras participaba en un operativo para detener al presunto responsable del crimen del cabo Eugenio Naín, ha desatado una oleada de reacciones en el mundo político chileno. Diversos sectores han expresado condolencias, pero también han exigido medidas más drásticas contra la violencia que afecta a Carabineros, incluyendo el impulso de una llamada «Ley Naín 2.0» y críticas directas al Ejecutivo por su gestión en materia de seguridad.
El funcionario de 32 años recibió un impacto de bala en el cráneo el miércoles en Valdivia, durante un procedimiento dirigido a capturar a Carlos Cancino Tapia, alias «El Rana», quien es señalado como el autor material del homicidio del cabo Eugenio Naín. Su fallecimiento, confirmado hoy, ha motivado diversas reacciones en el mundo político.
RECLAMOS POR UNA LEY NAÍN 2.0
Desde el Congreso han surgido voces que consideran insuficiente la actual legislación. El diputado y presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, Cristián Araya, del Partido Republicano, afirmó que «la legislación actual quedó corta frente a la violencia que enfrentamos». Por ello, planteó la necesidad de «avanzar de inmediato hacia una Ley Naín 2.0 que otorgue una protección real, efectiva y sin vacilaciones a nuestras policías».
En la misma línea, el diputado Omar Sabat, de la UDI, señaló que «en una semana, cuatro carabineros han sido baleados. Esto no puede normalizarse». Hizo un llamado directo al ministro Arrau para «reforzar la ley Naín Retamal y avanzar con decisión en la agenda de seguridad».
La diputada Francesca Muñoz, del Partido Comunista Chileno, criticó a su propio partido por «persistir en su empeño por reformar la Ley Naín-Retamal», calificando esa postura como «una total falta de criterio» que solo busca quitarle atribuciones a los carabineros.
CONDOLENCIAS Y EXIGENCIAS DE JUSTICIA
La Mesa del Senado, presidida por Paulina Núñez (RN) junto al vicepresidente Iván Moreira (UDI), emitió un comunicado expresando condolencias a la familia y compañeros del cabo Cosme, y reafirmando «nuestra más absoluta condena a todo acto de violencia que atente contra quienes cumplen la noble tarea de resguardar el orden público».
El Partido Republicano, en tanto, exigió «que los responsables enfrenten las máximas sanciones que establece la ley», y llamó a que el Estado respalde sin ambigüedades a sus policías.
El senador Rojo Edwards (Ind.-RN) lamentó «otra muerte de un carabinero a manos de delincuentes» y pidió «que todo el rigor de la ley caiga contra los responsables». Por su parte, el senador Rodolfo Carter (Ind.-Republicano) fue más allá: «Corresponde capturar a los culpables, vivos o muertos, juzgarlos y encerrarlos de por vida».
CRÍTICAS A LA GESTIÓN DEL GOBIERNO
El senador Juan Luis Castro, del Partido Socialista, emplazó directamente al Ejecutivo. «Yo le pido al Gobierno del Presidente Kast que actúe con decisión, porque la gente ha tenido la expectativa de que este gobierno podía y puede combatir el delito organizado», señaló. Agregó que «es la hora de actuar, de intervenir y de cambiar la regla del juego, porque el delito avanza más rápido que las leyes o las políticas públicas».
A pesar de las críticas, desde el oficialismo también hubo reacciones. El diputado Matías Fernández, del Frente Amplio, expresó sus condolencias y pidió que «todo el peso de la ley pueda caer sobre el culpable». Su compañera de bancada, la diputada Tatiana Urrutia, condenó el «brutal asesinato» y exigió las máximas sanciones.
UNA MUERTE QUE REACTIVA EL DEBATE LEGISLATIVO
El diputado Leandro Kunstmann (Republicano) adelantó que solicitarán al gobierno una ayuda especial para la familia del uniformado, y que seguirán impulsando herramientas legales para proteger a los carabineros. Mientras, desde el Partido Nacional Libertario, su timonel Johannes Kaiser llamó a reactivar la tramitación del proyecto que establece la pena de muerte para quien asesine a un funcionario policial.
El diputado Tomás Kast (Evópoli) expresó su «indignación» ante la postura del Partido Comunista de intentar eliminar la legítima defensa privilegiada que otorga la Ley Naín-Retamal. «No daremos ni un paso atrás en la defensa de quienes nos cuidan», sentenció.
El cabo primero Marcos Cosme se convierte así en el segundo carabinero asesinado en el contexto de la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo en la Macrozona Sur. Su muerte ha unificado a diversos sectores en la exigencia de justicia y en la revisión de las herramientas legales para proteger a quienes arriesgan su vida en el cumplimiento del deber.
Fuente: EMOL
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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