La Ley Karin, que entró en vigor en Chile el 1 de agosto de 2024, busca fortalecer la prevención y sanción del acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo. Esta normativa surgió tras el caso de Karin Salgado, una enfermera que se quitó la vida después de sufrir hostigamiento en su entorno laboral.
Transcurridos un año y nueve meses desde su implementación, Pulso solicitó antecedentes a la Dirección del Trabajo mediante la Ley de Acceso a la Información Pública. El organismo es liderado por el abogado David Oddó Beas, designado mediante el mecanismo de «bala de plata» durante la administración de José Antonio Kast.
DEDICACIÓN DEL PERSONAL
Según la respuesta recibida, el 18,98% del total de la dotación de la Dirección del Trabajo realiza funciones vinculadas a la Ley Karin. Esto equivale a 448 funcionarios de una planilla institucional de 2.360 trabajadores a nivel nacional.
La mayoría de estos funcionarios, 348 personas, trabaja bajo una modalidad de dedicación no exclusiva. Este grupo incluye a 196 abogados y 152 fiscalizadores que combinan las denuncias de la normativa con otras tareas propias del servicio, como fiscalización general, mediación y conciliación. En contraste, el personal con dedicación exclusiva es mucho más reducido: 100 funcionarios en todo el país, distribuidos en 33 abogados y 67 fiscalizadores.
DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL
La fuerza laboral se distribuye de manera desigual entre las regiones. Las zonas con mayor cantidad de personal asignado son Biobío y la Región Metropolitana Poniente, con 49 trabajadores cada una. Les siguen la Región Metropolitana Oriente con 43 funcionarios y O’Higgins con 39. En el extremo opuesto, Arica y Parinacota tiene solo 6 funcionarios destinados a estos fines, mientras que Magallanes cuenta con 7, Atacama con 12 y Ñuble con 13.
En cuanto al personal especializado, la Región Metropolitana Poniente destaca por concentrar el mayor número de profesionales con dedicación exclusiva a nivel nacional, con 19 funcionarios, de los cuales 12 son abogados y 7 son fiscalizadores.
MAGNITUD DE LAS DENUNCIAS
La Dirección del Trabajo reporta que este despliegue humano busca atender una demanda sin precedentes en la historia del servicio. Durante los primeros 17 meses de vigencia de la ley, se acumularon 66.596 solicitudes de denuncia. Esta carga masiva ha llevado al organismo a revisar sus flujos operativos y realizar ajustes tecnológicos para agilizar la recepción, preclasificación, ingreso y tramitación de denuncias.
Desde la entrada en vigor de la normativa, se han incorporado 61 profesionales con dedicación exclusiva o no exclusiva a derechos fundamentales y Ley Karin a nivel nacional. A pesar de la carga, los equipos han realizado 3.880 fiscalizaciones y cursado 1.933 sanciones que suman un total de 4.486 millones de pesos.
FALENCIAS SEGÚN EXPERTOS
Un grupo de abogados laboralistas consultados por Pulso señaló diversas críticas a la ley. Óscar Lizaso consideró que el concepto de acoso laboral es extremadamente amplio y genera un incentivo a problematizar situaciones innecesarias, dejando al empleador en una posición difícil. Propuso reemplazar esa definición por una más razonable.
Luis Lizama, profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Chile, sugirió exonerar a la Dirección del Trabajo de funciones que no puede cumplir por falta de personal, incluir medidas de conciliación y mediación obligatorias, y permitir a los empleadores realizar un examen de admisibilidad para rechazar denuncias infundadas.
Jorge Arredondo, socio de Albagli Zaliasnik, indicó que la ley no contempla que el empleador pueda establecer un filtro de admisibilidad para denuncias sin sustento. Propuso incorporar esa posibilidad con derecho a impugnación, para investigar solo hechos relevantes.
Gustavo Lorca sostuvo que la ley simplificó la configuración del acoso laboral, bastando un solo hecho, lo que facilita denuncias falsas. Señaló que la Dirección del Trabajo arrastra un déficit de fiscalizadores desde 2010, crisis que se ha acentuado con la nueva normativa.
Felipe Estay, socio fundador de Legal Trainer, afirmó que la ley es de cumplimiento casi imposible por sus plazos estrictos y una definición amplia que genera una avalancha de denuncias infundadas. Propuso implementar filtros para descartar acusaciones sin fundamento y fomentar una cultura de prevención.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
Acerca del Autor
