El presidente del Partido Republicano, senador Arturo Squella, salió al paso de las críticas que la exministra del Interior Carolina Tohá formuló contra la agenda de seguridad del gobierno de José Antonio Kast, en un enfrentamiento que expone dos visiones opuestas sobre cómo enfrentar el crimen organizado en Chile. El cruce se da en momentos en que la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) avanza como prioridad legislativa de la actual administración.
En una entrevista con Estado Nacional de TVN, Tohá planteó que el principal problema de la ACOT es que concentra todos los esfuerzos en el trabajo legislativo, cuando la urgencia real está en otro lugar. La exsecretaria de Estado sostuvo que una agenda robusta que se intente aprobar aceleradamente absorberá toda la energía del Estado y de las autoridades en el Parlamento, en lugar de orientarla hacia la implementación, la gestión y el fortalecimiento de las policías.
Para Tohá, ese desequilibrio implica postergar materias que también resultan decisivas. En sus declaraciones mencionó la infraestructura crítica y la inteligencia económica como dos ámbitos que no pueden quedar fuera de la discusión, junto con la necesidad de ampliar la dotación policial. La observación de fondo es que la seguridad no se resuelve únicamente con nuevas leyes, sino con una política pública que combine legislación, gestión y despliegue operativo.
LA POSICIÓN DE TOHÁ
La exministra del Interior, que tuvo un rol protagónico en la gestión de la seguridad durante la administración anterior, insistió en que el ritmo legislativo no debe transformarse en un fin en sí mismo. A su juicio, sacar adelante una agenda robusta de manera acelerada puede distraer al Estado de tareas que hoy requieren atención inmediata, como la implementación de las medidas ya existentes y el desarrollo de una agenda nueva para los temas que aún no tienen respuesta.
Ese planteamiento introduce una distinción relevante para el mundo jurídico: la diferencia entre la producción normativa y la eficacia real de las instituciones. No basta con aprobar leyes, sugiere Tohá, si el Estado no cuenta con la capacidad material para aplicarlas ni con el personal suficiente para sostener el trabajo preventivo y de persecución.
LA RESPUESTA DE SQUELLA
Arturo Squella reaccionó con dureza. El senador y presidente del Partido Republicano señaló que los comentarios de la exministra no sorprenden, ya que ella integra el grupo de quienes se sienten cómodos con un sistema garantista. En esa línea, describió ese enfoque como aquel en que la proporcionalidad en el uso de la fuerza es la regla general y en que los derechos de las personas privadas de libertad pesan más que los de las víctimas.
Squella planteó que esa lógica debe quedar atrás para poder ganarle al crimen organizado, y defendió la posibilidad de avanzar en paralelo con el trabajo operativo que lidera el ministro Martín Arrau. Con ello, el líder republicano intenta desactivar la crítica de que la ACOT paraliza al Ejecutivo: según su lectura, el gobierno puede tramitar leyes y, al mismo tiempo, ejecutar acciones concretas en la calle.
El tono de la respuesta no es anecdótico. Squella no solo respondió a Tohá, sino que instaló una dicotomía que suele cruzar el debate penal chileno: garantismo versus eficacia, derechos de los imputados versus derechos de las víctimas. Esa tensión atraviesa diversas discusiones legislativas y judiciales, y en este caso quedó expuesta de manera particularmente nítida.
EL DEBATE DE FONDO
Las declaraciones de Tohá y la réplica de Squella reflejan una disputa que excede a las personas. Lo que está en juego es el modelo de Estado que Chile requiere para enfrentar a organizaciones criminales cada vez más complejas. La ACOT es la expresión legislativa de esa disputa, pero también lo son las decisiones sobre dotación policial, infraestructura crítica e inteligencia económica.
Para los abogados y abogadas que siguen la materia, el intercambio tiene valor más allá de la coyuntura política. Plantea preguntas concretas sobre el diseño del sistema de persecución penal, los límites al uso de la fuerza y el equilibrio entre las garantías individuales y las necesidades de la seguridad pública. Son cuestiones que el Congreso tendrá que resolver, con o sin acuerdo entre los sectores que hoy protagonizan este cruce.
Mientras tanto, la ACOT continúa su tramitación. La discusión sobre si corresponde priorizar el trabajo legislativo o la implementación operativa seguirá abierta, y las posiciones expresadas por Tohá y Squella marcan los extremos de un debate que recién comienza.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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