Los secretarios generales del Senado y de la Cámara de Diputados, Luis Rojas y Miguel Landeros, llegaron esta mañana a la comisión de Constitución del Senado para referirse al proyecto de ley de la mesa del Senado que busca establecer controles de consumo de drogas en esa corporación. Sin embargo, la discusión se orientó rápidamente hacia la reforma constitucional presentada por el gobierno del Presidente José Antonio Kast, que fue ingresada la semana pasada por la Cámara de Diputados y que propone cesar de sus cargos a las autoridades del Estado en las que se detecte consumo de estupefacientes.
La consulta que dio origen al debate fue formulada por la senadora Claudia Pascual (PC), quien pidió la opinión de ambas autoridades sobre la iniciativa gubernamental. Tanto Rojas como Landeros manifestaron reparos al proyecto, aunque con énfasis diferentes.
CRÍTICAS AL PROYECTO
Miguel Landeros afirmó que la reforma es insuficiente respecto de los parlamentarios, porque el estatuto parlamentario y las causales de cesación de cargo están establecidos en la Constitución y no en la ley. «Siempre cuando el gobierno hace reformas constitucionales que involucra a los parlamentarios tiende a pensar que son todos iguales, es como si el Congreso fuera una apéndice del gobierno», sostuvo. En esa línea, explicó que para que un diputado o senador pueda ser removido por consumo de drogas, esa causal debe estar incorporada en la Constitución.
Landeros añadió que la publicidad de los resultados de los exámenes está prohibida por dos cuerpos legales: la ley de protección al paciente y la ley de protección de datos personales. Por lo tanto, cualquier reforma que pretenda hacer públicos esos antecedentes chocaría con esas normas.
Por su parte, Luis Rojas sostuvo que un examen toxicológico puede acreditar la presencia de una sustancia en un período determinado, pero advirtió que un resultado positivo no equivale jurídica ni clínicamente a una dependencia o adicción. En ese sentido, planteó la pregunta de si se busca destituir a una autoridad por un consumo eventual o solo a quienes tengan una adicción acreditada.
A juicio de Rojas, la sola existencia de una muestra positiva no debiera llevar automáticamente a la pérdida del cargo, pues inicialmente parece una sanción dura.
ALCANCE DE LA REFORMA
El proyecto de Kast establece que las autoridades señaladas deberán someterse a exámenes periódicos para detectar la presencia de sustancias estupefacientes o sicotrópicas ilícitas. La nómina incluye desde el Presidente de la República hasta ministros, subsecretarios, parlamentarios, seremis, cores, alcaldes, concejales, gobernadores regionales, magistrados, fiscales, contralor, comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, general director de Carabineros, entre otros cargos.
La iniciativa dispone que la detección de tales sustancias constituirá causal de cesación en el cargo, salvo que el consumo esté justificado por un tratamiento médico debidamente acreditado.
De esta manera, la reforma impulsada por el gobierno de Kast quedó expuesta a las observaciones de los secretarios generales del Congreso, cuyos cuestionamientos remarcaron las dificultades legales y técnicas para aplicar la medida a los parlamentarios.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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