La Comisión de Educación del Senado continuó esta semana la discusión del proyecto de ley que crea un Fondo Solidario de Sala Cuna, iniciativa que busca extender el beneficio a todos los trabajadores y trabajadoras del país, eliminando la actual restricción del artículo 203 del Código del Trabajo que obliga a las empresas con 20 o más mujeres a proporcionar sala cuna.
Durante la sesión, los senadores escucharon las exposiciones de distintos actores. La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, valoró el proyecto como un avance para la inclusión laboral femenina, aunque advirtió que al ampliarse el beneficio a padres y madres no trabajadoras, se transforma en una política social cuyo financiamiento debiera recaer en el fisco y no en el mercado laboral formal.
Por su parte, el subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dirección de Presupuestos (DIPRES), José Ignacio Yoderá, presentó el informe financiero del proyecto. Detalló que el fondo se financiará con una cotización del 0,35% de cargo del empleador, compensada con una rebaja equivalente en el seguro de cesantía, y que contempla una gradualidad de cuatro años para incorporar a distintos grupos de beneficiarios.
Las proyecciones de DIPRES indican que el fondo sería sostenible en el largo plazo, incluso considerando un escenario de estrés laboral, aunque senadores de la comisión cuestionaron los supuestos utilizados, como la tasa de uso inicial del 46% y el aporte promedio de 5,2 UTM mensuales por niño. La senadora Yasna Provoste solicitó mayores precisiones sobre el impacto en la oferta pública de salas cunas, advirtiendo que el proyecto no considera recursos adicionales para la red estatal, pese a que se descuenta a 22.211 madres que usarían esa vía.
La abogada Alexandra Pardo, de la Red Nacional de Cuidados, respaldó la iniciativa por incorporar a grupos históricamente excluidos, como trabajadoras de casa particular, independientes y padres. En tanto, la presidenta de la Asociación Nacional de Trabajadoras de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (AJUNJI), Silvia Silva, criticó el diseño del proyecto, señalando que el copago y la falta de recursos para la oferta pública podrían profundizar la segregación y dejar a las familias de menores ingresos sin alternativas.
La subsecretaria de Educación Parvularia, Cristina T., informó que se está trabajando en actualizar las proyecciones de demanda, reconociendo que existe capacidad ociosa en varias regiones debido a la baja tasa de natalidad, mientras que en comunas del norte y la Región Metropolitana persisten listas de espera.
La comisión acordó solicitar informes complementarios a DIPRES y al Ministerio del Trabajo, y fijó una nueva sesión para continuar el análisis del proyecto, cuya meta es avanzar hacia un sistema de sala cuna universal, justo y sostenible.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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