Con 29 votos a favor, 15 en contra y una sola abstención, la Sala del Senado aprobó el informe de la Comisión Mixta que zanjó las diferencias en torno al proyecto que establece normas generales sobre el uso de la fuerza para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas en determinadas circunstancias. Como la Cámara de Diputados ya había respaldado el texto, la iniciativa quedó en condiciones de ser promulgada como ley.
UN MARCO LEGAL PARA EL MONOPOLIO DE LAS ARMAS
El objetivo de la propuesta, iniciada por mensaje, es fijar las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) que regirán la actuación de las policías y de los uniformados en el cumplimiento de sus funciones, así como también la de las Fuerzas Armadas cuando resguardan el orden público, protegen sus recintos militares o colaboran en la seguridad pública interior.
Las reglas aprobadas se ordenan en una secuencia de ocho escalones. Van desde el despliegue disuasivo de fuerzas, vehículos, naves o aeronaves y el porte de armas, pasando por la actuación mediante técnicas de comunicación, mediación y negociación, hasta el empleo manual de elementos menos letales como humo, gas pimienta, lacrimógenos, sonido, luz, agua y bastones.
Luego se contempla el uso de dispositivos no letales destinados al lanzamiento de proyectiles con pintura, gas pimienta, lacrimógenos o agua; el control físico para reducir, inmovilizar o esposar al transgresor, con prohibición expresa de ejercer fuerza una vez reducido y sin oponer resistencia; y el empleo de munición de salva por parte del personal militar en forma disuasiva.
El escalón más alto incluye las escopetas con munición antidisturbios, para evitar o repeler un peligro grave e inminente para la vida o la integridad física de terceros o del propio personal, o para impedir daños a infraestructura crítica y recintos militares. También comprende el armamento letal contra quienes utilicen o se dispongan a utilizar armas letales, contra quien se niegue a desprenderse de un arma tras ser conminado, y frente a ataques a infraestructura crítica o recintos militares cuando la pérdida de su control pueda generar riesgo para las personas o comprometer la seguridad militar o nacional.
SELLO DE LA COMISIÓN MIXTA
El presidente de la instancia, el senador Karim Bianchi, explicó que se resolvieron las diez discrepancias pendientes. Detalló que la prohibición de la tortura se decidió suprimir; que el deber de resguardar la vida fue aprobado; que la obligación de proteger a niños, niñas y adolescentes se eliminó bajo el argumento de estar contenida en otras normativas; que las labores de vigilancia pasiva se suprimieron; y que el uso de la fuerza potencialmente letal se aprobó con una redacción nueva.
En la misma línea, el texto recoge principios como el de legalidad, necesidad, responsabilidad y racionalidad, junto con deberes de planificación, identificación, advertencia, gradualidad, resguardo de la vida e integridad de terceros, auxilio en caso de uso de la fuerza, registro y reporte. La escala de resistencia o agresión distingue entre cooperación, resistencia pasiva, resistencia activa, agresión activa y agresión activa potencialmente letal.
EL DEBATE
La sesión dejó en evidencia las diferencias. Un grupo de senadores sostuvo que el texto surgido de la Mixta cumple con los estándares adecuados después de tres años de tramitación, que la seguridad es un bien mayor que debe estar por sobre las diferencias políticas y que lo relevante es restaurar la responsabilidad del Estado y entregar certezas.
Otras voces valoraron que por primera vez se eleve a rango legal las reglas del uso de la fuerza, poniendo término a la discrecionalidad en el uso del monopolio de las armas. Se mencionó que la norma complementa la ley Nain Retamal y que detrás de un uniformado hay una persona que tiene el deber de intervenir cuando la mayoría de los ciudadanos tiene el derecho a retirarse.
Desde la vereda contraria se advirtió que lo aprobado consolida una asimetría que prioriza la discrecionalidad de las fuerzas por sobre el resguardo de las garantías civiles, y se criticó la eliminación de la protección de niños, niñas y adolescentes. También se objetó que no se incorporara el principio de proporcionalidad, considerando que parte del personal militar son soldados conscriptos sin la experiencia necesaria y que la proporcionalidad constituye un juicio más objetivo.
Respecto de la regla sobre armamento letal, se observó que justificar el disparo cuando alguien se niega a entregar el arma que porta no siempre supone un peligro inminente, y que las definiciones son tan amplias que serán finalmente los tribunales los llamados a interpretar lo que quedó abierto. En materia de responsabilidad penal, algunos legisladores recordaron que las eximentes ya existen y anunciaron reserva de constitucionalidad, la que formuló el senador Juan Luis Castro.
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, agradeció la tramitación. En el Senado intervinieron, entre otros, los senadores Francisco Huenchumilla, Claudia Pascual, Karim Bianchi, Juan Luis Castro, Cristián Vial, Andrés Longton, Pedro Araya, Vlado Mirosevic, Beatriz Sánchez, Manuel José Ossandón, Paulina Vodanovic, Alejandro Kusanovic, Fabiola Campillai, Enrique Van Rysselberghe, Matías Walker, Iván Flores, Ignacio Urrutia, María José Gatica, Miguel Ángel Calisto, Alejandra Sepúlveda, Miguel Becker, Esteban Velásquez y Enrique Lee.
Fuente: Senado de la República de Chile
Documento original: https://www.senado.cl/comunicaciones/noticias/ley-reglas-del-uso-de-la-fuerza
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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