La amenaza de que la reforma constitucional de seguridad naufrague en el Senado ha instalado en el oficialismo una fórmula extrema: convocar a un plebiscito para que sea la ciudadanía la que defina el rumbo de la iniciativa. La opción, que según versiones de sectores oficialistas ya se baraja en La Moneda, surge cuando el Ejecutivo constata la dificultad de reunir los cuatro séptimos de la sala necesarios para aprobar el proyecto en general.
El riesgo no es menor. Si la iniciativa se archiva, el Gobierno quedaría impedido de presentar un proyecto de similares características durante el plazo de un año. Frente a ese escenario, algunas voces del oficialismo sostienen que el referéndum, pese a ser una salida disruptiva, forma parte del ordenamiento constitucional vigente.
LA FÓRMULA PLEBISCITARIA
La discusión fue consignada por El Mercurio, que recoge versiones del sector que apuntan a que La Moneda ha evaluado esta alternativa como una posible vía de escape ante el empinado panorama legislativo. En ese contexto, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, señaló que el plebiscito es una opción que no se puede descartar, porque el sentido más profundo de la reforma es ajustar las normas a la exigencia de la ciudadanía.
El origen de la idea se atribuye a las declaraciones que el ministro de Seguridad, Martín Arrau, realizó en Radio Pauta el pasado 12 de agosto. En esa ocasión, Arrau llamó a quienes calificó de garantistas a preguntar directamente a la gente si está de acuerdo o no con que las fuerzas de orden y seguridad tengan más medios y más fuerza para combatir la delincuencia. Esa invitación a consultar a la población quedó flotando en el debate y hoy concita reacciones directas dentro del propio oficialismo.
DUDAS EN LA DERECHA TRADICIONAL
Una de las respuestas más críticas provino del jefe de bancada de diputados de Renovación Nacional, Diego Schalper. En Radio Infinita, Schalper pidió evitar lo que calificó como tonteras y recordó que los plebiscitos en Chile están regulados en el artículo 128 de la Constitución. Según explicó, ese mecanismo se activa cuando el Congreso insiste por dos tercios en una norma a contrapelo del Presidente. Su pregunta fue directa: si con la actual composición del parlamento esa posibilidad resulta viable.
Para Schalper, la conversación debe alejarse de la caricatura y la grandilocuencia, porque cada día que pasa en esta materia el único que gana es el tren de Aragua. En esa línea, llamó a sus pares a poner la pelota contra el piso y sacar adelante los temas relevantes del país, en lugar de especular con una salida que, a su juicio, no tiene asidero constitucional práctico.
UNA OPCIÓN ANALIZADA PERO NO DESEADA
En el otro sector del oficialismo, el senador Miguel Ángel Becker reconoció en T13 Radio que la fórmula del plebiscito ha sido conversada y analizada. Sin embargo, Becker fue claro en manifestar su esperanza de que no sea necesario llegar a esa instancia. Argumentó que el país ya ha tenido suficientes votaciones en los últimos años y que es probable que la ciudadanía no quiera más procesos de ese tipo.
El parlamentario añadió una advertencia: una medida de esta naturaleza vuelve a dividir al país. Por eso, dijo, ojalá el tema pueda resolverse donde corresponde, esto es, en el parlamento de la República, que es el sistema con que hoy se cuenta para tramitar las leyes.
El debate refleja la tensión interna del oficialismo frente a una reforma que el Gobierno considera prioritaria, pero que enfrenta un complejo camino legislativo. Mientras unos ven en el plebiscito una herramienta legítima del ordenamiento vigente, otros lo consideran un despropósito institucional y un factor de división innecesario. Lo cierto es que la sola mención de la alternativa ya ha puesto sobre la mesa una pregunta de fondo: qué hacer cuando la mayoría política no logra traducirse en los votos requeridos por la Constitución.
LA DISPUTA POR EL RELATO
Más allá de la viabilidad jurídica del mecanismo, la discusión evidencia una disputa por el relato político de la seguridad. El Gobierno busca mostrarse decidido a enfrentar la delincuencia, mientras sectores parlamentarios cuestionan que se recurra a una herramienta excepcional para sortear la falta de acuerdos. La referencia de Schalper al tren de Aragua apunta justamente a la urgencia de la materia y al costo que podría pagar el oficialismo si la reforma se empantana.
En ese sentido, la posibilidad de un plebiscito aparece como una espada de Damocles sobre la tramitación legislativa. Si bien el Ejecutivo no ha confirmado oficialmente que esté considerando esa opción, las versiones que circulan en el oficialismo y las declaraciones de los propios parlamentarios dan cuenta de que el tema ya forma parte de las conversaciones internas.
Por ahora, la reforma de seguridad sigue su curso en el Senado, donde el Gobierno necesita reunir los votos suficientes para aprobarla en general. El camino no parece sencillo y la sombra del archivo, con su prohibición de reingreso por un año, tensiona aún más el escenario. Mientras tanto, el debate sobre el plebiscito seguirá ocupando un lugar en la agenda política, a la espera de que el Ejecutivo defina si se trata de una amenaza real o apenas de una especulación de pasillo.
Fuente: Emol
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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