Con una población carcelaria cercana a los 67.000 reclusos y un crecimiento anual de 9%, la justicia penal chilena busca respuestas en la innovación y en las ciencias de la implementación. Esa fue la convocatoria del seminario internacional realizado el 30 de julio, donde el ministro Roberto Contreras, de la Corte de Apelaciones de San Miguel, participó como interlocutor nacional del Programa de Tribunales de Tratamiento de Drogas y/o Alcohol, conocido como TTD.
Su intervención se centró en la relación entre política pública, seguridad y reinserción. El encuentro fue organizado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile, la Universidad de Talca y la Pontificia Universidad Católica de Chile.
SEMINARIO REÚNE A EXPERTOS EN JUSTICIA PENAL
La actividad congregó a autoridades del Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, el Poder Judicial y el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. La ponencia magistral estuvo a cargo de la profesora Elisa Borah, de la University of Texas at Austin, quien planteó la interrogante sobre cómo las ciencias de la implementación informan a la política pública.
En las mesas de trabajo se analizaron las brechas del programa TTD y las estrategias de implementación de los programas de mediación penal en la justicia juvenil, bajo el enfoque de la justicia restaurativa. La pregunta de Borah orientó el debate sobre cómo llevar los conocimientos académicos a la práctica concreta de los tribunales.
La instancia generó un espacio de diálogo entre la academia y los operadores del sistema penal, un cruce que resulta clave para cerrar la distancia entre lo que muestra la evidencia y lo que ocurre en la gestión diaria de las causas.
MINISTRO ALERTA SOBRE CRISIS CARCELARIA
El ministro Contreras señaló que se deben buscar soluciones en el ámbito de las infracciones penales y enfrentar eficazmente los desafíos en torno a la seguridad pública y la paz social. A su juicio, se debe observar qué ocurre con el delito y con la respuesta institucional que entrega el sistema.
Uno de los datos más relevantes de su diagnóstico fue el aumento de la población carcelaria. El ministro señaló que hoy crece un 9% anual, con escasa rehabilitación y altos índices de reincidencia. «Hay cerca de 67.000 presos y en 10 años más serán más del doble, con los consecuentes delitos asociados», advirtió.
La situación de los adolescentes también fue materia de preocupación. El ministro dijo que la complejidad es igualmente alta, por la gravedad de las infracciones penales que se están cometiendo y por las condiciones en que se cumple la privación de libertad en ese segmento.
PROGRAMA TTD EN RIESGO POR RECORTE PRESUPUESTARIO
Pese al complejo escenario, el ministro destacó que el programa TTD ha demostrado buenos resultados en la prevención, la disminución de la reincidencia y la reinserción social. No obstante, advirtió que la reducción presupuestaria actual ya afectó su funcionamiento.
El ministro señaló que la disminución de los profesionales de apoyo en Senda implicó el fin del programa en 18 juzgados de 10 regiones del país. Ese recorte reduce la capacidad de los tribunales para ofrecer una alternativa terapéutica al encarcelamiento, especialmente en delitos asociados al consumo problemático de sustancias.
La advertencia del ministro cobra relevancia en un contexto donde el sistema penal enfrenta presiones simultáneas: más personas privadas de libertad, más reincidencia y menos recursos para rehabilitación.
MIRADA HACIA LA REINSERCIÓN SOCIAL
El seminario también entregó una visión sobre las mejoras posibles en la implementación del programa. Se destacó el reconocimiento legal para su aplicación, a partir de las últimas leyes sobre reinserción social de jóvenes, erradicación de la violencia de género y reducción de la reincidencia.
Esos cuerpos legales refuerzan la necesidad de que los programas de tratamiento cuenten con respaldo normativo y presupuestario estable. La instancia dio cuenta de los esfuerzos desplegados por las instituciones del sistema penal y de la oportunidad de incorporar las ciencias de la implementación como herramienta de diseño de política pública.
Para los operadores jurídicos, el desafío es doble: consolidar los logros del programa TTD y revertir el impacto del recorte. La discusión, tal como planteó el ministro Contreras, no es solo técnica, sino que se vincula directamente con la seguridad pública y la paz social.
El intercambio académico dejó en evidencia que la innovación en justicia penal requiere evidencia, voluntad institucional y financiamiento permanente. La pregunta planteada por la profesora Borah sigue abierta en la práctica cotidiana de los tribunales chilenos.
Fuente: Sitio Web del Poder Judicial de Chile
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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