La ministra de Educación, María Paz Arzola, defendió los embargos de cuentas bancarias aplicados a deudores morosos del Crédito con Aval del Estado (CAE), afirmando que existieron advertencias previas y que resulta clave cumplir con la ley. La medida, ejecutada por la Tesorería General de la República, busca recuperar los montos impagos del beneficio estudiantil.
DEFENSA DEL PROCESO DE COBRO
Arzola explicó que la elevada morosidad hace insostenible el sistema y limita los recursos disponibles para otras áreas educativas. La ministra recordó que anteriormente existieron señales de posibles condonaciones de deudas, lo que incentivó a muchos deudores a dejar de pagar. Señaló que el ajuste anual de la gratuidad alcanza entre 200 y 300 millones de dólares, fondos que podrían destinarse a jardines infantiles, una demanda histórica del país. La ministra destacó que se han realizado múltiples notificaciones y que los deudores han tenido oportunidades para regularizar su situación.
RESPUESTA A LAS CRÍTICAS
En relación a los reportes de usuarios que vieron sus cuentas vaciadas pese a tener ingresos inferiores a cinco millones de pesos, Arzola indicó que el proceso prioriza primero a quienes perciben mayores ingresos y luego desciende gradualmente. Subrayó que las herramientas de cobranza del Estado son más rigurosas que las del sistema bancario, pero necesarias para garantizar el cumplimiento de la ley y la sostenibilidad de las ayudas estudiantiles.
LLAMADO A LA REGULARIZACIÓN
La ministra instó a los deudores a acercarse a realizar convenios de pago para evitar medidas más drásticas. Enfatizó que el pago de estas deudas no solo financia ayudas estudiantiles futuras, sino que también permite al Estado destinar recursos a otras demandas educativas prioritarias.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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