El debate sobre los exámenes de droga obligatorios para autoridades públicas en Chile sumó una nueva arista técnica luego de que el exministro de Salud Jaime Mañalich advirtiera sobre el riesgo de falsos positivos en los test, en el contexto de la reforma constitucional impulsada por el gobierno de José Antonio Kast. El también nefrólogo y epidemiólogo señaló que un porcentaje de estos controles puede arrojar resultados erróneos, lo que podría derivar en la destitución injusta de funcionarios, como ocurrió recientemente con el subsecretario de Hacienda Juan Pablo Rodríguez. La advertencia se produce cuando el Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto que eleva a rango constitucional la obligatoriedad de estos test para altos cargos del Estado, generando reparos tanto en el mundo político como en el técnico.
ADVERTENCIA TÉCNICA
Mañalich, quien fue dos veces ministro de Salud durante el gobierno del fallecido expresidente Sebastián Piñera, expresó su preocupación a través de una carta pública en El Mercurio. En declaraciones posteriores a La Tercera, el especialista recalcó que si bien es partidario de que una autoridad a quien se le compruebe consumo habitual de sustancias ilícitas abandone el cargo, el marco jurídico propuesto hasta ahora es incompleto. El principal problema, a su juicio, es técnico: los exámenes de droga tienen un margen de error que puede generar falsos positivos, es decir, resultados que indican consumo cuando en realidad no lo hay.
El exministro explicó que en un panel que analiza cinco sustancias distintas —como marihuana, cocaína o anfetaminas— la probabilidad de obtener al menos un falso positivo por examen ronda el 5%. Si se realizan dos mil pruebas al año, eso implicaría unos 50 casos con resultado erróneo. Si el gobierno se queda solo con la primera muestra, como sucedió con el exsubsecretario, todas esas personas podrían ser cesadas de sus cargos. Mañalich incluso advirtió que el margen de error por cada sustancia puede llegar al 2%, elevando la tasa acumulada a un 10% en baterías de múltiples pruebas.
“A esas autoridades se les va a someter en la práctica a una muerte cívica”, señaló el exministro, agregando que cualquier sanción debe basarse en un examen de confirmación, no en el primero. Desde una perspectiva probabilística, Mañalich estimó que si se aplicara la reforma solo a los 24 ministros actuales, entre uno y dos podrían dar falso positivo en cada ronda de test. Si se realizan dos controles por semestre, serían entre dos y cuatro casos al año. Entre los 205 parlamentarios —50 senadores y 155 diputados— los falsos positivos podrían alcanzar los 20 por cada turno de exámenes.
REFORMA EN CURSO
El gobierno de Kast firmó este lunes en La Moneda una reforma a la Carta Fundamental que eleva a rango constitucional la obligatoriedad de los test de drogas para determinadas autoridades. La iniciativa, que ingresará la próxima semana por la Cámara de Diputados, responde al caso del exsubsecretario de Hacienda y a una medida esbozada durante la campaña presidencial. El proyecto incorpora causales de cesación de cargo para ministros, subsecretarios, senadores, diputados, alcaldes y concejales a quienes se les detecte consumo no acreditado de sustancias ilícitas.
Sin embargo, la propuesta no contempla las mismas obligaciones para el Presidente de la República, jueces del Poder Judicial, autoridades de la Fiscalía, la Contraloría, las Fuerzas Armadas ni las policías. Mañalich sostuvo que una regulación integral debiera incluir al Presidente y a los jueces, pero siempre resguardando aspectos metodológicos para evitar errores. “Yo coincido en la opinión general de que una persona que tiene adicción a drogas de consumo tiene una situación incompatible con un cargo de alta responsabilidad pública. Y eso, en mi opinión, implica a personas como el mismo Presidente de la República, jueces”, afirmó.
REPAROS DESDE EL SENADO
Este martes, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), también expresó sus dudas respecto de la propuesta gubernamental. La senadora, autora de una moción en la misma línea, dijo ser partidaria de establecer controles obligatorios, pero cuestionó que el castigo incluya la destitución de autoridades parlamentarias. “El proyecto de reforma constitucional establece también sanciones, ni más ni menos que la remoción del cargo, y aquí estamos hablando de autoridades elegidas democráticamente. Por lo tanto, un falso positivo o alguna duda en el procedimiento obviamente que no puede transformarse eventualmente en ir modificando las representaciones, los quorum o que alguien elegido democráticamente pierda su escaño”, enfatizó.
La discusión legislativa se avecina con el desafío de equilibrar la lucha contra el narcotráfico en la política con las garantías procesales y técnicas necesarias para evitar injusticias. Mientras el gobierno insiste en elevar la valla ética, las voces técnicas y políticas advierten que el diseño actual podría generar consecuencias no deseadas, como la destitución de funcionarios inocentes debido a errores en los test.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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