La Ley Karin, que transformó el abordaje del acoso laboral y sexual en Chile, se aproxima a su segundo aniversario de vigencia con un balance positivo en cuanto a visibilización de conductas antes silenciadas, pero también con un creciente consenso sobre la necesidad de perfeccionar su aplicación práctica. El próximo 1 de agosto se cumplirán dos años desde que la normativa entró en vigor, y el debate se ha desplazado desde la necesidad de la ley hacia cómo mejorar su implementación, con el Ministerio del Trabajo impulsando una revisión reglamentaria para abordar los desafíos que han surgido.
El subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, calificó la ley como un avance relevante para Chile, al reafirmar el derecho de todas las personas a trabajar en ambientes seguros y respetuosos. No obstante, reconoció que la experiencia ha revelado dificultades en la aplicación de ciertos procedimientos, por lo que las modificaciones apuntan a entregar mayor certeza sin alterar el espíritu original de la norma. La autoridad enfatizó que el objetivo no es debilitar la protección, sino fortalecer la correcta implementación de la ley.
BALANCE A DOS AÑOS
La implementación de la Ley Karin obligó a miles de empresas a diseñar protocolos, establecer canales de denuncia y capacitar a sus equipos. El efecto más palpable fue un cambio cultural que permitió discutir abiertamente situaciones que antes permanecían ocultas. Sin embargo, este proceso también trajo consecuencias no previstas, como un aumento significativo de denuncias que ha tensionado a las instituciones encargadas de tramitarlas, especialmente la Dirección del Trabajo.
Un estudio conjunto de la Central Unitaria de Trabajadores y Mutual de Seguridad identificó avances concretos en materia de protección, pero también detectó brechas importantes. Entre ellas, se destaca la sobrecarga del organismo fiscalizador y la dificultad para distinguir tempranamente entre denuncias de acoso y otros conflictos laborales. El informe advierte que la implementación ha privilegiado una lógica reactiva, en desmedro de una estrategia preventiva, que era uno de los pilares fundamentales de la ley.
Héctor Jaramillo, gerente corporativo de Seguridad y Salud en el Trabajo de Mutual de Seguridad, señaló que el mayor cambio ha sido que las personas comenzaron a denunciar situaciones antes invisibles. Desde la entrada en vigencia de la norma, Mutual ha registrado más de 22.400 activaciones de Atención Psicológica Temprana, provenientes de más de 4.190 empresas. Para Jaramillo, la ley instaló un nuevo estándar cultural donde el respeto y la salud mental son ejes centrales de la gestión laboral.
PREVENCIÓN COMO PRINCIPAL DESAFÍO
Existe acuerdo transversal en que la próxima etapa debe estar marcada por la prevención. Rosende reconoció que se han visto dificultades para distinguir adecuadamente entre situaciones de acoso laboral y otros conflictos propios de la relación de trabajo. La autoridad planteó que el objetivo no puede ser solo agilizar las investigaciones, sino evitar que el acoso y la violencia ocurran. El estudio de la CUT y Mutual coincide en que la implementación ha sido eminentemente reactiva y propone fortalecer institucionalmente a los organismos encargados de aplicar la normativa.
Karen Palma, vicepresidenta de Mujer y Equidad de Género de la CUT, valoró la ley como un primer paso en el cumplimiento del Convenio 190 de la OIT, pero advirtió que la prevención sigue siendo la tarea pendiente. Palma denunció que se han detectado múltiples despidos por denunciar y que muchas organizaciones aún entienden el cumplimiento como la mera existencia de un protocolo, sin una implementación efectiva.
LÍMITE ENTRE CONFLICTO Y ACOSO
Uno de los puntos que más ha tensionado la aplicación de la ley es la dificultad para diferenciar el acoso laboral de los conflictos de gestión propios de cualquier organización. La experiencia ha mostrado que buena parte de las denuncias corresponde a problemas de liderazgo, diferencias interpersonales o evaluaciones de desempeño que no configuran acoso. El Ejecutivo prepara modificaciones reglamentarias para entregar criterios más claros al respecto.
Rosende enfatizó que no todo conflicto laboral constituye acoso, ya que en cualquier organización existen diferencias, decisiones de gestión y situaciones de tensión que no necesariamente implican una conducta de acoso. Jaramillo agregó que muchas investigaciones se originan en conflictos no abordados oportunamente por las jefaturas, lo que genera interpretaciones erróneas y procesos que podrían haberse resuelto tempranamente.
Desde el mundo sindical, Karen Palma advirtió que cualquier perfeccionamiento debe resguardar el acceso al sistema de denuncia. Para la dirigenta, agilizar los procedimientos no puede significar levantar barreras que terminen dificultando las denuncias legítimas, y corresponde a las investigaciones determinar si existió o no acoso.
VIOLENCIA DE TERCEROS
Un aspecto menos discutido pero considerado un avance relevante es la incorporación de la violencia ejercida por terceros como un riesgo laboral que los empleadores deben prevenir. Rosende destacó que esta disposición reconoce una realidad que afecta a muchos trabajadores, especialmente en sectores con contacto permanente con público, como salud, comercio, educación, transporte y servicios.
El estudio de la CUT y Mutual identifica la violencia de terceros como un ámbito con mayores desafíos. Según datos de Mutual, las mayores activaciones por esta causa se concentran en comercio , administración pública , salud , servicios administrativos y educación .
DEBATE SOBRE DENUNCIAS FALSAS
Mientras el Ejecutivo trabaja en el perfeccionamiento reglamentario, el Congreso abrió otro frente con un proyecto de ley para sancionar las denuncias falsas en el ámbito laboral, incluyendo las presentadas bajo la Ley Karin. Esto ha reactivado el debate sobre cómo resguardar el debido proceso sin desincentivar las denuncias.
El Gobierno se distancia de instalar ese debate como eje principal de la reforma. Rosende afirmó que la existencia de eventuales usos indebidos no puede llevar a debilitar una herramienta fundamental para quienes efectivamente sufren acoso o violencia. Planteó la necesidad de compatibilizar dos objetivos: que las personas denuncien con confianza y que el sistema cuente con mecanismos para resguardar su seriedad.
Desde la CUT existe preocupación por que ese debate desplace el foco principal de la legislación. Karen Palma insistió en que el perfeccionamiento debe concentrarse en fortalecer la prevención y proteger a quienes denuncian. Mutual, por su parte, plantea que una mayor claridad en los procedimientos ayudaría a disminuir controversias.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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