La Corte de Apelaciones de Iquique organizó el seminario Implementación, desarrollo y desafíos de la Ley N° 21.057, a siete años de su entrada en vigencia en Tarapacá. La actividad correspondió a una instancia de dos jornadas, cuya primera sesión se desarrolló el lunes 5 de octubre y reunió a autoridades regionales, representantes del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Policía de Investigaciones, de Carabineros de Chile, de la Defensoría Penal Pública y de organismos de protección de la niñez.
PARTICIPANTES Y CONTEXTO
Entre los asistentes y expositores destacados figuraron la fiscal regional de Tarapacá, Virginia Aravena Ormazábal; el jefe de la Primera Región Policial de la Policía de Investigaciones, prefecto inspector Mauricio Jorquera Ramírez; el defensor regional de Tarapacá, Gabriel Carrión Calderón; el secretario regional ministerial de Justicia y Derechos Humanos, Claudio Chamorro Olguín; el director de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, Mauricio Sovino Meléndez; y el jefe del Centro de Entrevista Investigativa Videograbada de la PDI, comisario Luis Garay Contreras, junto a los profesionales de esa unidad.
LA INTERVENCIÓN DE APERTURA
El ministro encargado de asuntos penales de la Corte de Apelaciones de Iquique, Andrés Proboste Valenzuela, ofreció las palabras iniciales. Recordó que el 3 de octubre de 2019 la normativa comenzó a regir en Tarapacá y que, siete años después, el encuentro invita a detenerse en los avances, los problemas y las brechas pendientes.
Explicó que el alcance de la norma fue bastante más amplio que una modificación procesal o la habilitación de dependencias especiales en los tribunales. El propósito, dijo, fue evitar que quienes han sufrido un delito experimenten un daño adicional al vincularse con los organismos que investigan y juzgan esos hechos, fenómeno que se conoce como victimización secundaria.
Añadió que la normativa transformó el modo en que el sistema judicial se relaciona con la infancia y la adolescencia. Según planteó, dejó atrás una aproximación puramente procedimental para situar a los menores de edad como titulares de derechos, portadores de dignidad e integridad, con autonomía progresiva y con la garantía de ser escuchados durante todas las etapas del proceso.
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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