Comisión de Salud descarta receta electrónica permanente y avanza en la votación de indicaciones sobre venta ilegal de medicamentos
La Comisión de Salud del Senado zanjó que la receta electrónica no podrá tener carácter permanente y descartó en los hechos un modelo de prescripción que el propio Ejecutivo reconoció como inexistente en la práctica. La definición se adoptó en la sesión del 1 de septiembre, en el marco de la tramitación del proyecto que regula la prescripción digital y sanciona su falsificación.
El texto, que cursa su primer trámite constitucional, ya recibió el respaldo en general de la Sala en abril pasado. La iniciativa nació de una moción de los senadores Juan Luis Castro, Alfonso De Urresti e Iván Flores, de la senadora Paulina Núñez y de la exsenadora Luz Ebensperger. Las y los integrantes de la comisión están votando una a una las enmiendas presentadas por el Ejecutivo y por los propios legisladores.
RESTAN 18 INDICACIONES POR VOTAR
Del total de 31 indicaciones ingresadas al proyecto de receta electrónica, 13 ya fueron despachadas y las 18 restantes podrían quedar resueltas en una próxima jornada de trabajo. La discusión se centra en los requisitos de emisión, los plazos máximos de duración del tratamiento y las condiciones para el uso del instrumento.
En la sesión del 1 de septiembre la comisión aprobó que la receta debe ser extendida en un documento electrónico suscrito por un profesional habilitado, cumpliendo con los requisitos de emisión, contenido y plazos máximos de duración del tratamiento que se pueden prescribir, los que no podrán ser de carácter permanente.
También se respaldó que el reglamento fije los requisitos, la interoperabilidad obligatoria, los estándares y los resguardos para la emisión, transmisión, almacenamiento y utilización de la receta electrónica. La norma deberá incluir mecanismos técnicos para impedir o dificultar la falsificación, adulteración, sustitución o uso indebido del documento.
En el mismo paquete de indicaciones se estableció que, una vez emitida, la receta electrónica debe ser remitida por medios electrónicos a la persona que la solicitó o a un tercero cuando esta lo autorice. Si el paciente o el tercero lo pide, se deberá entregar una copia en documento gráfico.
LIBERTAD PARA ELEGIR FARMACIA
La comisión también precisó que el uso de la receta electrónica no podrá impedir que el paciente la utilice en el establecimiento farmacéutico que libremente prefiera. De esta manera se busca garantizar la libre elección de farmacia frente al nuevo formato digital.
Durante el debate apareció el concepto de receta permanente, entendido como un documento que no vence ante tratamientos prolongados. Frente a esa inquietud, el Ejecutivo explicó que en la actualidad no existen prescripciones de ese tipo y que incluso los tratamientos de permanencia, como los de pacientes crónicos, tienen una vigencia máxima de un año.
Se aclaró además que los pacientes siempre podrán comprar sus medicamentos utilizando una fotografía digital de la receta, el código de acceso de la plataforma respectiva o el documento en papel.
Las y los senadores manifestaron su preocupación por el acceso al instrumento, considerando las dificultades que existen para obtener una hora médica, sobre todo en el sector público. También se planteó la necesidad de intensificar los mecanismos de resguardo de los datos médicos, cuestión que quedó consignada en la ley de datos personales que entrará en vigencia en diciembre.
VENTA ILEGAL DE MEDICAMENTOS
En paralelo, la Comisión de Salud avanza en el proyecto que regula la comercialización de productos farmacéuticos y sanciona su venta ilegal, identificado con el Boletín N° 15850-11. En la sesión del 31 de agosto se acordó conformar una mesa técnica de asesores para revisar la iniciativa, que también se encuentra en primer trámite.
En esa oportunidad, las y los parlamentarios escucharon a representantes de los Ministerios de Salud y Justicia, quienes explicaron las indicaciones presentadas por el Ejecutivo. El texto recibió 31 enmiendas en total, de las cuales 24 corresponden al Gobierno.
La moción pertenece a los senadores Juan Luis Castro, Javier Macaya y Ximena Ordenes, junto a los exsenadores Francisco Chahuán y Juan Ignacio Latorre. El proyecto contempla el endurecimiento de las sanciones penales y sanitarias para quienes vendan medicamentos en lugares no autorizados, comercialicen fármacos adulterados o faciliten esos hechos.
PENAS DE HASTA 10 AÑOS DE CÁRCEL
Entre las medidas aprobadas se contemplan penas de hasta 10 años de presidio para quienes vendan, permuten o comercialicen medicamentos fuera de la red de farmacias o almacenes farmacéuticos autorizados. También se sanciona con presidio de 61 días a 3 años y multas de 6 a 20 UTM a los profesionales de la salud habilitados que emitan recetas médicas con el único fin de alimentar el comercio informal.
La jefa del Departamento de Políticas y Regulaciones Farmacéuticas de la División de Políticas Públicas Saludables y Promoción de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud, Carla Oliveri, y el abogado del Departamento de Asesoría y Gestión Normativa de la División Jurídica del Ministerio de Justicia, Francisco Molina, entregaron detalles de los cambios propuestos.
Los expertos mencionaron la pertinencia de ampliar los tipos penales vigentes, pasando de los 5 actuales a 9, para elevar el marco punitivo en materia de multas y penas privativas de libertad. También propusieron establecer un nuevo criterio respecto a la satisfacción de los parámetros de calidad y fortalecer la fiscalización que realiza el Instituto de Salud Pública (ISP), en particular sobre los requerimientos de información a Aduanas de Chile.
Fuente: Sitio Web del Senado de Chile
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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