Poder Judicial lanza guía para estandarizar atención a víctimas de violencia de género en tribunales de familia y penal
Con un acto realizado en el Salón de Honor del Palacio de Tribunales, el Poder Judicial dio inicio formal a la estrategia de difusión y pilotaje de la guía de atención de usuarias víctimas de violencia de género en el ámbito de pareja o intrafamiliar. La herramienta, presentada por primera vez en noviembre de 2025, busca convertirse en un soporte operativo para la labor diaria de los juzgados con competencia penal y de familia, con el objetivo de uniformar criterios de gestión administrativa y reducir las desigualdades en el acceso a la justicia.
La actividad fue encabezada por la presidenta de la Corte Suprema, Gloriana Chich Ris, y la ministra encargada de Asuntos de Género, Jessica González Troncoso. También asistieron representantes del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, Carabineros de Chile y la Academia Judicial, junto a integrantes de diversas asociaciones gremiales del Poder Judicial.
ANTECEDENTES DEL DIAGNÓSTICO
La ministra Jessica González recordó que el origen de esta política se remonta al estudio sobre acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia que son usuarias del Poder Judicial, desarrollado en 2019. Aquella investigación, basada en observación en terreno, entrevistas y análisis de expedientes, evidenció una desconexión interna respecto de la magnitud de la violencia de género en el espacio doméstico, una frágil coordinación interinstitucional y una marcada disparidad en la gestión de los tribunales.
«La manera de recepcionar las denuncias, la forma en que cada tribunal medía los riesgos de las víctimas, la tramitación de las causas y las notificaciones variaban significativamente de un tribunal a otro, generando desigualdades de acceso incluso dentro de un mismo territorio jurisdiccional», señaló la ministra.
Entre 2023 y 2024 se implementaron metas específicas de coordinación interinstitucional en las cortes de apelaciones. Además, desde 2020 se aprobó la capacitación obligatoria en violencia de género para la judicatura, ejecutada actualmente mediante un plan quinquenal junto a la Academia Judicial.
MARCO NORMATIVO LEY 21.675
La guía se enmarca en la Ley 21.675, que establece medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en razón de su género. Según lo expuesto en el evento, esta normativa, vigente desde 2024, consagra un título completo sobre acceso a la justicia, amplía las medidas cautelares y de protección, y establece herramientas estrictas para su supervisión.
El artículo 30 de la ley obliga a quienes investigan, juzgan o resguardan a las víctimas a adoptar medidas oportunas, idóneas, independientes, imparciales y exhaustivas para garantizar el derecho a una vida libre de violencia, al acceso a la justicia y a la reparación. Asimismo, exige procurar disminuir cualquier perturbación negativa que las víctimas puedan soportar con ocasión de su interacción con los servicios públicos.
CONTENIDO DE LA GUÍA
La guía organiza la atención en cinco etapas: atención inicial, evaluación del riesgo, medidas cautelares, tramitación y cierre. Para cada fase propone herramientas de trabajo, pautas de acción, intervinientes y responsabilidades, así como recursos prácticos para el quehacer cotidiano de los tribunales.
El instrumento se complementa con un set de recomendaciones de consulta rápida, diseñado para que el personal pueda revisarlo en cualquier momento. La aspiración, según se indicó, es que la guía sea un recurso dinámico y presente en la labor diaria de los tribunales del país.
ENFOQUE INTERSECCIONAL Y AJUSTES RAZONABLES
Durante el lanzamiento, tres expertas abordaron dimensiones específicas de la violencia de género. Javiera Vergara, especialista de ONU Mujeres en Chile, destacó que la guía responde a compromisos internacionales como la Recomendación General 41 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y las conclusiones del 70° periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer.
María Soledad Cisternas, abogada y expresidenta del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, subrayó que la guía debe considerar ajustes de procedimiento para mujeres con discapacidad, más allá de los ajustes razonables. «La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad exige que los Estados aseguren el acceso a la justicia mediante ajustes de procedimiento adecuados, sin la excepción de carga desproporcionada», explicó.
Ángela Arenas, abogada y docente, se refirió a la situación de las mujeres mayores y a la aplicación de la Ley 21.822, nueva ley integral para las personas mayores. Advirtió sobre puntos ciegos en la evaluación de riesgo, como el confinamiento, la dependencia económica y el riesgo del cuidador, que exigen una búsqueda activa de la verdad procesal.
CIERRE DE LA ACTIVIDAD
La presidenta de la Corte Suprema, Gloriana Chich Ris, valoró que la guía incorpore una mirada sensible a las distintas situaciones de vulnerabilidad. «La violencia de género no impacta a todas de la misma manera. Las mujeres con discapacidad, mayores, migrantes, rurales, en situación de pobreza o pertenecientes a la diversidad sexual pueden enfrentar obstáculos adicionales», afirmó.
Durante el año 2026 se realizarán talleres prácticos de inducción para los tribunales involucrados, y en 2027 se prevé el pilotaje de la guía en un conjunto delimitado de juzgados, con el fin de detectar espacios de mejora basados en su aplicación real.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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