La jueza del 13° Juzgado Civil de Santiago, María Eugenia Silva, dictó hace días un extenso fallo –86 carillas– que rechazó las excepciones presentadas por Asesorías e Inversiones Sartor S.A. y anunció que “dictará resolución de liquidación” de dicha sociedad “en su oportunidad”. Con esa decisión, la matriz del grupo Sartor quedó a un paso de ser formalmente liquidada, figura que en la legislación chilena reemplazó a las antiguas quiebras. El próximo hito será la designación de un liquidador, momento en el que se abrirá el frente más complejo: la solicitud de una acción revocatoria concursal contra la venta del 63,07% de Azul Azul realizada a Michael Clark en diciembre de 2024.
CONTEXTO DE UNA OPERACIÓN CUESTIONADA
Para entender el conflicto hay que remontarse a 2021. Ese año, el fondo Tactical Sport –controlado entonces por el grupo Sartor, liderado por Pedro Pablo Larraín Mery– pagó US$ 15,5 millones a Carlos Heller por la mayoría accionaria de la concesionaria del club Universidad de Chile. Según el liquidador designado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), los recursos para esa compra habrían provenido de desvíos de dineros de terceros que invirtieron en otros fondos de Sartor.
Cuatro años después, con el holding acorralado por la CMF y sus acreedores, los socios de Sartor vendieron el 90% de las cuotas de Tactical Sport a Michael Clark –quien ya poseía el 10% y había sido parte del directorio del grupo–. La operación se cerró el 13 de diciembre de 2024, apenas un día después de que BCI Corredores de Bolsa notificara a Sartor el término de un contrato de simultáneas y el cobro de $ 5.708 millones. El precio pagado por Clark, US$ 5.719.488, resultó casi idéntico a aquel monto. BCI ha insinuado, además, que ese precio no fue efectivamente desembolsado, sino registrado como una cuenta por pagar de la sociedad de Clark y como una cuenta por cobrar en los balances de Sartor vendedor.
LA ACCIÓN QUE PUEDE REVERTIR LA TRANSFERENCIA
En el juicio civil de liquidación –patrocinado por el jurista José Miguel Ried para BCI– el banco pidió no solo la liquidación forzosa de Asesorías e Inversiones Sartor, sino también el otorgamiento de una acción revocatoria concursal. Si la jueza Silva la concede, la venta de diciembre de 2024 a Michael Clark se declarará nula y las cuotas de Tactical Sport retornarán al patrimonio de Sartor, ahora en liquidación.
La lógica de esta figura, prevista en la normativa concursal chilena, es evitar que un deudor insolvente disminuya artificialmente su patrimonio en perjuicio de sus acreedores. En este caso, el activo más relevante –el 63,07% de Azul Azul– fue transferido por un tercio de lo que Sartor había pagado cuatro años antes. De prosperar la acción, el liquidador podría designar un nuevo administrador de Tactical Sport e, idealmente, vender el activo subyacente –las acciones de Azul Azul– para resarcir a los acreedores, encabezados por BCI. La discusión sobre la revocatoria, advierten abogados, podría extenderse por meses o incluso años, aunque otros estiman una resolución en semanas.
EL FRENTE PENAL Y LAS QUERELLAS
Paralelamente, la gestora Toesca –que administra los fondos de Sartor intervenidos por la CMF– ha impulsado una arista penal. Su abogado, Sergio Rodríguez Oro, presentó una nueva querella por negociación incompatible y administración desleal contra ocho personas ligadas a Sartor, entre ellas Larraín y Clark. La acción se suma a otras presentadas ante el Ministerio Público y el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.
En esa línea, la querella también apunta al vicepresidente de Azul Azul, Juan Ramón Correa Díaz, quien a través de su sociedad Romántico Viajero SpA adquirió en enero de 2025 el 21,44% de la concesionaria a la familia Schapira por $ 6.716 millones –un precio superior al que pagó Clark por el triple de acciones–. La Fiscalía allanó días atrás las oficinas de Correa y la casa de Clark. Correa presentó un recurso de amparo, y la querella solicita que sea citado a declarar para aclarar el origen y trazabilidad de los fondos empleados en dicha compra.
LO QUE VIENE
El caso concentra el interés de acreedores y abogados especialistas en derecho concursal y societario. La resolución de liquidación que debe dictar la jueza Silva marcará el inicio de una etapa decisiva. Si a ello se suma la eventual concesión de la acción revocatoria, el control de Azul Azul podría cambiar de manos nuevamente, esta vez bajo la supervisión de un liquidador y con miras a satisfacer los créditos impagos. Mientras tanto, la vía penal continúa abierta, con diligencias que buscan desentrañar el flujo de dineros detrás de las dos operaciones que han marcado la propiedad del club laico.
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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