La caída del Grupo Sartor: revelan las tensiones internas y los chats que anticiparon la revocación de la CMF
El mediodía del viernes 20 de diciembre de 2024 marcó el fin de una era para el grupo financiero Sartor. Pedro Pablo Larraín Mery, controlador y presidente de la gestora, informó a sus directores que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) acababa de revocar la licencia de la Administradora General de Fondos (AGF). “Desde ahora, hay un liquidador y se acaba el directorio”, escribió en un mensaje urgente. La noticia no sorprendió a quienes seguían el caso: un mes antes, el regulador había comenzado a desmontar la estructura de Sartor, señalando graves conflictos de interés en su modelo de negocios.
CRONOLOGÍA DE UNA CRISIS
El 15 de noviembre de 2024, el consejo de la CMF suspendió la captación de nuevos aportes por parte de Sartor AGF. El organismo detectó que la gestora invertía fondos de terceros en instrumentos emitidos por personas ligadas al mismo grupo, citando como ejemplos a Danke, Blackcar y Redwood Capital, sociedades vinculadas a los propios controladores. Esas operaciones, al parecer, no eran conocidas por todos los directores.
Las tensiones se desataron de inmediato. En un chat interno entre directores y socios, el abogado Mauro Valdés exigió información permanente sobre las operaciones cuestionadas. “Pedro Pablo, todos entendemos que están preocupados de apagar el incendio. Sin embargo, tú tienes que entender que a estas alturas somos parte del incendio”, escribió el 18 de noviembre. Larraín respondió ofuscado y negó la necesidad de reportar a cada hora. La crisis escaló.
El 19 de noviembre, Valdés intentó un tono optimista, pero la situación ya era de caída libre. Los aportantes comenzaron a solicitar rescates masivos. El 20 de noviembre, Larraín informó: “Estamos recibiendo rescates por aproximadamente 10.000 millones de pesos, y en total llevamos unos 31.000 millones”. Para detener la sangría, la CMF suspendió los rescates de 13 fondos el viernes 6 de diciembre, constatando que en dos semanas se habían solicitado retiros por el 34% de los activos gestionados, lo que implicaba una exigencia de fondos superior a los 175.000 millones de pesos.
LAS OPERACIONES CUESTIONADAS
El foco de la investigación de la CMF estaba en las operaciones con partes relacionadas. Pedro Pablo Larraín declaró el 17 de diciembre, tres días antes de la revocación, que Sartor no tenía una política definida para financiar a vinculados. “Lo que ocurrió es que el comité de crédito levantaba información, pero creo que no teníamos una política definida a vinculados o relacionadas, que lamentablemente se pasó así”, reconoció ante el fiscal Andrés Montes de la Unidad de Investigaciones.
Ese mismo mes, la CMF interrogó a los principales socios y directores. El primero en declarar, el 14 de noviembre, fue Larraín, quien se centró en los vínculos con el fraude a Primus. Dijo que conocía desde la infancia a Francisco Coeymans, ex gerente general de Primus, y que prestó 400 millones de pesos a su empresa. También se refirió a Ignacio Amenábar y al abogado Antonio Guzmán, imputados por el fraude. “Tengo una relación con él, porque el fútbol nos unió”, dijo sobre Guzmán. Las deudas de Coeymans y Amenábar estaban pagadas; las de Guzmán no todas.
En la segunda declaración, el 17 de diciembre, Montes apuntó directamente a las empresas de los propios socios: Danke, de Carlos Larraín; Emprender Capital, controlada por Danke; Autofidem; y los fondos creados para Credicorp. Larraín admitió la falta de una política formal para operaciones relacionadas.
DECLARACIONES ANTE LA CMF
Entre el 3 y el 13 de diciembre desfilaron por la CMF los principales ejecutivos y socios de Sartor. Alfredo Harz, con 18% de la propiedad, declaró el 3 de diciembre. Max Busch, el 4. Carlos Larraín Mery y Óscar Ebel (dueño del 10%), el 5. Mauro Valdés, ex director independiente que invirtió cerca de un millón de dólares en la gestora, declaró el 9 de diciembre y aseguró: “Yo no conocí ninguna de las operaciones con partes relacionadas”. Michael Clark, socio que tres días después compró el 90% de Tactical Sport, dueño del 63% de Azul Azul, declaró el 10 de diciembre.
El primer en declarar, un día antes de que la CMF suspendiera la captación, fue Pedro Pablo Larraín, dueño del 60,3% de Sartor. Ese día, la atención del fiscal Montes se centró en los vínculos con Primus, no en las operaciones que beneficiaban a los propios socios.
EL PROCESO PENAL
La caída de Sartor no se detuvo con la revocación. El viernes 20 de diciembre, tras informar a sus directores, Larraín se reunió con el estudio AZ para gestionar la crisis. Óscar Ebel relató a la CMF que en esa reunión escuchó por primera vez que el problema “podría ser grave”. El 24 de diciembre, víspera de Navidad, Ebel ingresó una autodenuncia en el Ministerio Público que hoy es la primera página del expediente penal.
La investigación penal, a cargo del fiscal Juan Pablo Araya, formalizará el 30 de mayo de 2025 a Larraín y otras diez personas –todos los socios y directores– por cuatro delitos: estafa, administración desleal, negociación incompatible y entrega de información falsa al mercado. Araya ha estimado las pérdidas para los aportantes entre 100 y 200 millones de dólares.
La historia de Sartor revela cómo un modelo de negocios basado en operaciones con partes relacionadas, sin políticas claras ni transparencia, llevó a una de las crisis más sonadas del mercado financiero chileno.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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