El lunes pasado, el Presidente José Antonio Kast firmó, en el Palacio Presidencial Cerro Castillo, un conjunto de tres iniciativas legales que abordan seguridad interior, control migratorio y el escenario fiscal del país. Las medidas corresponden a dos proyectos de ley y un decreto que, según el Ejecutivo, buscan endurecer sanciones contra quienes atenten contra el orden público, ampliar el margen de endeudamiento estatal y ofrecer una salida administrativa a extranjeros que hayan ingresado de forma clandestina.
La ceremonia contó con la concurrencia de ministros, altos mandos de las policías y las Fuerzas Armadas, y parlamentarios. El Mandatario explicó que las iniciativas habían sido anunciadas previamente durante su primera Cuenta Pública ante el Congreso Nacional. Antes de la firma, Kast señaló que se había reunido con el comité político y de seguridad, incluyendo a los comandantes en jefe de las ramas castrenses, el general director de Carabineros, el director general de la Policía de Investigaciones y el director nacional de Gendarmería, para evaluar los desafíos en seguridad interna y fronteriza.
REGISTRO ÚNICO DE VÁNDALOS E INCIVILIDADES
El primer proyecto crea el Registro Único de Vándalos e Incivilidades, un catastro nacional que incluirá a quienes hayan recibido condenas o sanciones por hechos que perjudiquen la convivencia ciudadana, la infraestructura pública o el patrimonio nacional. El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, explicó que la iniciativa busca establecer sanciones adicionales para conductas que dañen la vida en comunidad, como el maltrato de obra a carabineros, el daño a infraestructura pública o las barricadas.
Quienes integren el registro podrían perder temporalmente el acceso a beneficios sociales, como la gratuidad en la educación superior o la Pensión Garantizada Universal. También podrían quedar inhabilitados para obtener licencia de conducir, pasaporte o transferir vehículos y propiedades, en un sistema similar al del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.
Pavez añadió que la normativa también contempla sancionar conductas calificadas como incivilidades, aunque no constituyan delitos penales. Entre ellas mencionó daños a equipamiento comunitario, consumo de drogas en espacios públicos y venta ilegal de alcohol.
El Presidente Kast defendió la medida ante las críticas sobre su posible inconstitucionalidad, preguntando si acaso es excesivo resguardar lo que la sociedad ha construido con esfuerzo. Sostuvo que quienes destruyen bienes públicos no deben beneficiarse del trabajo de los demás, y que sanciones como las previstas harán pensar dos veces antes de cometer actos de violencia.
AUMENTO DEL LÍMITE DE ENDEUDAMIENTO FISCAL
La segunda iniciativa eleva el límite máximo de endeudamiento autorizado en la Ley de Presupuestos del año 2026. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, informó que el proyecto propone un aumento de 6.200 millones de dólares en la autorización de deuda.
Quiroz detalló que 3.800 millones de dólares corresponden a un mayor déficit fiscal respecto de las proyecciones iniciales, 900 millones al efecto del tipo de cambio sobre las emisiones de deuda, y 1.500 millones a compromisos de pago por deuda flotante. La medida, según el secretario de Estado, busca asegurar el cumplimiento oportuno de las obligaciones del Estado, normalizar la situación financiera recibida y dar certeza al financiamiento del ejercicio 2026. El gobierno mantendrá medidas de austeridad y racionalización del gasto público.
PLAN DE RETORNO PARA MIGRANTES IRREGULARES
El tercer instrumento es un decreto que implementa el Plan Retorno, un mecanismo temporal para facilitar la salida voluntaria de extranjeros en situación migratoria irregular. El biministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, recordó que la administración recibió aproximadamente 330.000 migrantes irregulares, más de 40.000 decretos de expulsión pendientes y miles de solicitudes de nacionalización sin resolver.
El plan permite que quienes hayan ingresado clandestinamente abandonen Chile sin enfrentar sanciones migratorias inmediatas, y queden exentos de prohibiciones de reingreso. Podrán postular nuevamente para ingresar de forma regular en el futuro. El beneficio se implementará a través del Servicio Nacional de Migraciones y tendrá un plazo de 180 días para inscribirse mediante una plataforma digital. Vencido ese período sin acogerse, los migrantes quedarán expuestos a todas las sanciones y medidas migratorias que correspondan.
Kast afirmó que el plan marca un antes y un después en la política migratoria, y que el gobierno continuará endureciendo el control fronterizo. Hizo un llamado a los migrantes irregulares para que se acojan voluntariamente al programa, advirtiendo que quienes no lo hagan deberán asumir las consecuencias de la aplicación de la ley.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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