El pulso político por el futuro de la ley Karin escaló esta semana con una ofensiva parlamentaria que busca congelar sus efectos por cinco años. La iniciativa, presentada por diputados oficialistas, ya cosechó el respaldo público del presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien acusó a quienes la critican de no hacerse cargo del desastre causado por la propia norma en el sistema de denuncias laborales. La discusión, instalada en el Congreso, pone en tensión a los impulsores de la suspensión con sectores progresistas que advierten un intento de desmantelar uno de los sellos más visibles de la administración Boric.
UN CONGELAMIENTO DE CINCO AÑOS BAJO CUESTIONAMIENTO
El proyecto fue presentado el pasado jueves por un grupo de diputados del Partido Nacional Libertario, Republicanos, Chile Vamos y el Partido de la Gente. La propuesta plantea suspender transitoriamente los efectos de la ley Karin por un plazo de cinco años, con el argumento de que el actual diseño normativo ha colapsado la capacidad de tramitación de la Dirección del Trabajo.
Según los autores de la moción, la pausa permitiría reformar el cuerpo legal para que vuelva a cumplir el objetivo para el cual fue creado, evitando que se use como mecanismo para resolver disputas que califican de descabelladas. La iniciativa ha generado un fuerte rechazo en el Frente Amplio, que considera la ley Karin uno de los legados más importantes de la administración del expresidente Gabriel Boric.
KAISER Y EL POPULISMO COMO BLANCO
Johannes Kaiser salió al paso de las críticas que recibió la propuesta. En sus declaraciones, el líder libertario aseguró que la suspensión persigue un fin correctivo y que la medida busca que la Dirección del Trabajo pueda terminar de resolver los miles de expedientes que se encuentran a la espera de una resolución.
El parlamentario sostuvo que si el gobierno quisiera, el plazo podría acortarse a tres meses para reformar la normativa. Además, acusó a los detractores de la iniciativa de preferir mostrarse como defensores de una ley que, según su diagnóstico, tiene problemas estructurales.
En un tono más duro, Kaiser afirmó que en el último año ninguna autoridad política con la que conversó desconocía las fallas de la norma. Para él, quienes hoy se oponen a la suspensión evitarían asumir la responsabilidad por el desastre causado. El populismo, sentenció, es el peor enemigo de la democracia.
LAS CIFRAS QUE JUSTIFICAN LA MOCIÓN
Los parlamentarios firmantes del proyecto son Eric Grohs, Paulina Muñoz, Cristóbal Urruticoechea y Álvaro Jofré, todos del PNL, junto a Diego Vergara, de Republicanos, y Daniel Valenzuela, independiente ligado a Renovación Nacional. La moción reconoce en su texto que la ley Karin respondió a una necesidad social real y que abrió un canal institucional inexistente antes de su dictación.
Sin embargo, argumentan que la magnitud de la respuesta superó con creces la capacidad de procesamiento de los órganos competentes. A diciembre de 2025, las denuncias acumuladas superaban las 66 mil, con un ritmo sostenido de alrededor de 22 mil por semestre y cerca de cien diarias. Esa dinámica, indican, no se explica solo por la gestión administrativa, sino por el diseño de la propia norma.
El proyecto también apunta a los plazos. La investigación de cada denuncia debería concluir en treinta días, pero los parlamentarios denuncian que las demoras se extienden entre seis y nueve meses, con especial gravedad en la Región Metropolitana. Ese retraso, afirman, termina perjudicando a las víctimas reales, cuyas causas quedan atrapadas en una tramitación prolongada.
LA RESPUESTA DEL FRENTE AMPLIO
El rechazo a la iniciativa no se hizo esperar. La jefa de la bancada de diputados del Frente Amplio, Gael Yeomans, calificó la suspensión como una derogación con anestesia. Para la parlamentaria, el alto número de denuncias no evidencia un fracaso de la ley, sino la magnitud del acoso que antes permanecía silenciado.
Yeomans planteó que el camino correcto es fortalecer la Dirección del Trabajo y no regalarles cinco años de tranquilidad a los acosadores. A su juicio, existe un sector que nunca quiso la ley y que hoy encontró una excusa para dejarla sin efecto. La diputada anticipó que su bloque no permitirá que la iniciativa avance sin resistencia.
CONFLICTO ABIERTO EN EL CONGRESO
La discusión deja en evidencia una fractura profunda respecto del balance de la ley Karin. Mientras un sector de la oposición insiste en que la saturación del sistema obliga a una pausa para rediseñar el instrumento, el oficialismo y sus aliados defienden la vigencia plena de una norma que consideran un avance civilizatorio en materia de ambiente laboral.
El destino del proyecto dependerá de la correlación de fuerzas en la Cámara y del debate que se abra en las próximas semanas. Los impulsores apuestan a que las cifras de denuncias acumuladas respalden un diagnóstico técnico; sus detractores, en tanto, advierten que cualquier suspensión abrirá un vacío de protección para las víctimas.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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