Informático apagó los sistemas del banco desde un acceso remoto y la fiscalía pidió prisión preventiva para siete de los nueve detenidos por el millonario robo cometido en Valparaíso. La alerta no se disparó durante el asalto y esa falla, según la investigación, no fue accidental: un funcionario de una empresa externa que prestaba servicios a la entidad bancaria habría desactivado los mecanismos de seguridad mediante una conexión VPN realizada el fin de semana en que ocurrió el ilícito.
La hipótesis fue presentada en la audiencia de formalización realizada en el Juzgado de Garantía de Valparaíso, donde el Ministerio Público imputó a los involucrados los delitos de robo, asociación delictiva, lavado de activos y fraude informático. La jueza de garantía acogió la solicitud fiscal y decretó prisión preventiva para siete de los detenidos. Los dos restantes quedaron con medidas cautelares menores: una mujer identificada a través de escuchas telefónicas quedó sujeta a arraigo nacional, mientras que el otro imputado enfrenta el proceso en libertad, con una cautelar menos gravosa, por el delito de receptación de vehículo.
LA TESIS DEL FISCAL
El fiscal Elizardo Tapia explicó que hubo un acceso remoto al sistema de seguridad del banco que desactivó los mecanismos destinados a alertar cualquier manipulación de la caja fuerte o sustracción de dinero. Ese acceso habría sido ejecutado por un funcionario de la empresa que prestaba servicios a la entidad bancaria de la ciudad puerto.
Según la acusación, el informático se conectó por VPN el fin de semana en que se produjo la desactivación de los sistemas. Además, desde el banco fueron sustraídos dos DVR, los aparatos que registran las grabaciones de las cámaras de seguridad. Esos dos equipos fueron encontrados en la casa del funcionario informático y pertenecían a Itaú Valparaíso.
En el mismo domicilio se halló un pendrive con una diagramación de los puntos donde no había cámaras y de los lugares donde se ubicaban los elementos de seguridad del banco. Para el Ministerio Público, ese material permite concluir que el imputado participó en la planificación del robo.
LA DEFENSA RESPONDE
El abogado Cristian Guzmán, defensor del informático implicado, sostuvo que su cliente no tiene participación en el asalto y afirmó que no existen antecedentes suficientes para vincularlo con los hechos. El defensor señaló que intentará comprobarlo durante los 90 días de investigación que vienen.
Sobre los DVR encontrados en la casa del imputado, Guzmán explicó que los dispositivos no estaban operativos y que eran utilizados como repuestos, por lo que no había funcionamiento de esos implementos. La defensa cuestiona así el valor probatorio del hallazgo y la relación que la fiscalía establece entre esos equipos y el acceso remoto.
EL MODO DE EJECUCIÓN
La Policía de Investigaciones indicó que el robo fue ejecutado presencialmente por seis personas, quienes utilizaron la técnica del oxicorte para abrir las bóvedas. Según la institución, los sujetos habrían realizado un estudio de área, usado varios vehículos y montado una puesta en escena con disfraces para sustraer desde las bóvedas 6.150 millones de pesos.
El fiscal Tapia detalló la operación desplegada el día del asalto. Un camión tolva fue instalado frente al lugar para bloquear las cámaras de seguridad de la ciudad. Otro equipo, en dos vehículos, subió a la postación y cortó los cables de las cámaras de seguridad municipal para que no quedara registro del robo. Los delincuentes ingresaron al banco por un forado realizado desde el inmueble colindante y utilizaron oxicorte para abrir la caja, con una precisión que evitó la activación de los mecanismos de seguridad.
PLANIFICACIÓN DESDE SANTIAGO
La investigación también reveló que los involucrados no residían en Valparaíso. De acuerdo con la fiscal Claudia Perivancich, los imputados organizaron el asalto desde Santiago y viajaron a la ciudad puerto para ejecutar la operación, que resultó muy calculada y con medios de cierta sofisticación para burlar las barreras de seguridad.
Para concretar las detenciones se allanaron 12 domicilios en la Región de Los Lagos y 9 en la Región Metropolitana. Todos los imputados son chilenos mayores de edad y varios mantenían vínculos de amistad entre sí. Cuatro de ellos tenían antecedentes por delitos similares. El camión tolva utilizado para obstaculizar las cámaras fue incautado en el marco de la llamada Operación Bóveda.
Con las medidas cautelares ya resueltas, la investigación sigue en curso. La discusión central del proceso será determinar si el acceso remoto efectuado por el informático constituye una participación directa en el asalto o si, como sostiene la defensa, se trata de indicios que no logran acreditar su intervención en los hechos.
Fuente: EMOL
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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