La reforma constitucional en materia de seguridad que el gobierno anunció hace una semana ingresó este lunes al Congreso con un alcance más acotado que el anticipado en los borradores previos. El texto definitivo, presentado como mensaje presidencial cerca de las 19.00 horas, contempla ocho modificaciones a la Carta Fundamental, en lugar de las once medidas originalmente planteadas, y mantiene aspectos controvertidos como las inhabilidades para condenados por crimen organizado, narcotráfico y terrorismo, aunque su aplicación queda entregada a una futura ley de quórum calificado.
La decisión se tomó después de una semana de ruido político dentro del oficialismo por el alcance de la iniciativa, que fue analizada en el comité político ampliado de este lunes en La Moneda, donde el ministro de Seguridad, Martín Arrau, explicó a los presidentes de partido el contenido final de la propuesta y los ajustes realizados en los últimos días.
CONTEXTO DE LA INICIATIVA
El proyecto reduce su cantidad de cambios constitucionales y varias de sus disposiciones tendrán una redacción que permitirá desarrollar su contenido a través de nuevas leyes. Según el Presidente José Antonio Kast, no se trata de una megarreforma constitucional, sino de una propuesta acotada a materias de seguridad pública.
Uno de los puntos que más reparos generó en el oficialismo fue la medida que establece que las personas condenadas por delitos vinculados al crimen organizado, terrorismo y narcotráfico quedarán inhabilitadas durante el cumplimiento de su condena y por quince años posteriores para acceder a prestaciones financiadas con recursos estatales asociadas a derechos como salud, educación, trabajo y seguridad social.
El Ejecutivo mantuvo esa restricción, pero añadió que las inhabilidades serán fijadas según lo que establezca una ley de quórum calificado. En cuanto a los puntos cuestionados, eliminó la disposición que pretendía agregar en el numeral segundo del artículo 19 la idea de que en ningún caso se considerarían arbitrarias las diferencias de trato derivadas de esas inhabilidades, aunque dejó en ese mismo numeral la redacción que establece la inhabilitación para los condenados. Además, eliminó íntegramente la disposición que buscaba incorporar en el numeral vigésimo sexto del mismo artículo un párrafo que señalara que las penas, medidas e inhabilidades no afectan los derechos en su esencia.
REPAROS Y AJUSTES EN EL OFICIALISMO
Uno de los principales críticos fue el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien el domingo manifestó sus reparos a que una reforma constitucional estableciera restricciones de ese tipo. En conversación con La Tercera, Ramírez señaló que la UDI no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad en las condiciones actuales porque dañan la institucionalidad.
El Presidente José Antonio Kast salió al paso de esas declaraciones y sostuvo que el dirigente gremialista había fijado su posición a partir de uno de los borradores que circularon durante los últimos días y no sobre el texto definitivo. El Mandatario calificó como apresurado decir que la iniciativa no cuenta con los votos.
Tras la reunión del comité político, el ambiente cambió. Ramírez aseguró que salía muy contento de la cita y que, cuando el gobierno presente las reformas en el Congreso, va a recibir un amplísimo apoyo. El senador de Evópoli Luciano Cruz-Coke confirmó que el Ejecutivo redujo el número de cambios y valoró que no exista la idea de abrir un debate amplio respecto de la Constitución, sino de hacer reformas específicas para la agenda de seguridad.
OBJETIVOS SEGÚN EL GOBIERNO
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, explicó que la reforma tiene tres objetivos principales: incorporar la seguridad pública como un mandato constitucional y un deber del Estado, crear un registro de organizaciones de crimen organizado y terrorismo asociado a un régimen penitenciario especial y establecer un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública.
Arrau enfatizó que las inhabilidades no implicarán una restricción general de derechos y que se trata de restricciones particulares a algunos beneficios sociales pagados con fondos de todos los chilenos. Añadió que estas materias quedarán entregadas a la discusión de una ley particular, para la cual la reforma constitucional establecerá la habilitación correspondiente.
El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, también se refirió al tema y despejó uno de los puntos que más debate generó tras la publicación de los borradores: no serán afectadas las prestaciones básicas de salud de los condenados. Según Squella, la propuesta es intensa y dura, pero en ningún caso se pretende dejar a alguien sin las prestaciones básicas de salud ni hacer distinciones entre personas privadas de libertad y quienes no lo están.
NUEVO ESTADO DE EXCEPCIÓN
Otro de los puntos controvertidos del proyecto es el nuevo estado de excepción constitucional de seguridad. De acuerdo al mensaje, podrá invocarse en caso de amenaza grave e inminente contra la seguridad pública o cuando esta haya sido gravemente afectada, y será declarado por el Presidente de la República, determinando las zonas afectadas.
El estado de excepción no podrá extenderse por más de ciento veinte días, a diferencia de los estados constitucionales actuales que son más acotados, sin perjuicio de que el Presidente pueda prorrogarlo por igual período. Para sucesivas prórrogas, se requerirá siempre del acuerdo del Congreso Nacional. En cuanto a las facultades, el Presidente podrá suspender o restringir la libertad personal y de locomoción, el derecho de reunión, restringir el ejercicio del derecho de asociación, interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones y disponer requisiciones de bienes.
A diferencia de los borradores, el mensaje final no define quién queda al mando en el nuevo estado de excepción. Solo afirma que será un oficial general, pero no especifica si pertenecerá a las Fuerzas Armadas o a Carabineros. En las versiones preliminares, en tanto, se abría la puerta a que las Fuerzas Armadas quedaran bajo el mando policial o, incluso, a que la autoridad a cargo quedara a discrecionalidad del Ejecutivo, pudiendo ser una autoridad política.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
Acerca del Autor
